Acta de comisión 25 del 16 de junio de 2008 cámara
ACTA DE COMISIÓN 25 DEL 16 DE JUNIO DE 2008 CÁMARA. COMISION TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
ACTA NUMERO 25 DE 2008
(junio 16)
Legislatura 2007-2008
(Segundo Período)
En la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las 5:50 p. m., del día lunes 16 de junio de 2008, se reunió en su salón de sesiones, los integrantes de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la honorable Cámara de Representantes, bajo la Presidencia del honorable Representante Carlos Alberto Zuluaga Díaz.
La Secretaria por orden de la Presidencia procedió a llamar a lista y contestaron los siguientes honorables Representantes:
Alférez Tapias Alvaro
Borja Díaz Wilson Alfonso
Cabrera Báez Angel Custodio
Gaviria Muñoz Simón
Llanos Gómez Jairo Alberto
Orozco Vivas Felipe Fabián
Osorio Botello Héctor Javier
Rondón González Gilberto
Salas Moisés Luis Enrique
Silva Meche Jorge Julián
Zuluaga Díaz Carlos Alberto.
En total once (11) honorables Representantes, en consecuencia se registra quórum deliberatorio.
En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los siguientes honorables Representantes:
Amín Saleme Fabio Raúl
Cuello Baute Alfredo
Elías Vidal Bernardo Miguel
Hoyos Giraldo Germán Darío
Hurtado Pérez Oscar de Jesús
Montoya Toro Orlando
Tamayo Tamayo Fernando.
En total siete (7) honorables Representantes.
Con excusa adjunta los honorables Representantes:
Castro Gómez Santiago
Celis Gutiérrez Carlos Augusto
Crissien Borrero Eduardo
Flórez Vélez Omar de Jesús
Santos Marín Guillermo Antonio.
En total cinco (5) honorables Representantes.
La Secretaría por orden de la Presidencia procedió a leer el Orden del Día:
ORDEN DEL DIA
I
Llamado a lista y verificación del quórum de cada una de las Comisiones
II
Estudio y votación para primer debate de los proyectos de ley número:
-
165 de 2007 Cámara, por la cual el Estado colombiano adopta las normas Internacionales de Información Financiera para la presentación de Informes Contables.
Autores: honorables Representantes, Simon Gaviria y David Luna.
Ponentes: honorables Representantes, Santiago Castro Gómez (C), Simón Gaviria Muñoz, Wilson Borja Díaz.
Publicación proyecto: Gaceta del Congreso número 517 de 2007.
Publicación ponencia: Gaceta del Congreso número 316 de 2008.
-
265 de 2008, por la cual se derogan el inciso 23 del numeral 3.3 y el numeral 3.3.1 del artículo 6º de la Ley 1151 de 2007.
Autores: honorables RepresentantesJosé Fernando Castro Caycedo y Germán Olano Becerra.
Ponentes: honorables Representantes, Julián Silva, Carlos Ramiro Chavarro, Luis Enrique Salas Moisés, Wilson Borja.
Publicación proyecto: Gaceta del Congreso número 084 de 2008.
Publicación ponencia: Gaceta del Congreso número 316 de 2008.
-
274 de 2008, por medio de la cual se otorga un beneficio a predios afectados por la construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios en el país y se dictan otras disposiciones.
Autor: honorable Representante, Carlos Alberto Zuluaga Díaz.
Ponentes: honorables Representantes, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, María Violeta Niño Morales, Luis Enrique Salas Moisés, Guillermo Antonio Santos Marín.
Publicación proyecto: Gaceta del Congreso número 111 de 2008.
Publicación ponencia: Gaceta del Congreso número 316 de 2008.
-
258 de 2008 Cámara, por medio de la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del Magdalena para emitir la estampilla del Centro de Educación en Salud del Magdalena CESMAG ¿ Gabriel Angulo.
Autor: honorable Representante, Víctor Julio Vargas Polo.
Ponentes: honorables Representantes, Rodrigo Roncallo Fandiño, Wilson Alfonso Borja Díaz.
Publicación proyecto: Gaceta del Congreso número 078 de 2008.
Publicación ponencia:...
III
Lo que propongan los honorables Representantes
Presidente:
Bueno mientras se conforma el quórum decisorio sírvase leer un informe de una comisión frente a la educación pública que presentó el Representante Wilson Borja.
Subsecretario:
Con gusto señor Presidente
Bogotá, Distrito Capital, 12 de junio de 2008
Doctora
ELIZABETH MARTINEZ BARRERA
Secretaria General
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de la subcomisión accidental acerca de la actual situación pensional de las universidades públicas.
Respetada doctora Martínez:
En calidad de miembro de la subcomisión accidental creada para evaluar la situación pensional de las universidades públicas, mediante Resolución número 005 del 5 de junio de 2007, me permito rendir informe en los siguientes términos:
I-Introducción:
Se parte de una breve reseña histórica de los antecedentes normativos que regulan el tema de los recursos pensionales, para enseguida entrar a estudiar las consecuencias directas de la aplicación de la normatividad vigente ejemplificada a través del estudio del presupuesto, el pasivo pensional y en general, los gastos de funcionamiento de las universidades públicas y, finalmente se registran las conclusiones que se extraen de esta investigación.
Siempre bajo el entendimiento de que el razonamiento que se planteen entorno al pasivo pensional de las universidades públicas, deben partir de la consideración de que sus obligaciones económicas no pueden estar por encima del sostenimiento de sus objetivos institucionales, la calidad en la prestación del servicio y el cumplimiento de sus fines misionales. Por cuanto, someter las universidades públicas a duras exigencias financieras, haciéndolas acreedoras en parte o íntegramente del pasivo pensional, puede convertirse en una condena anticipada de muerte para esos establecimientos educativos. No podría ser otra la conclusión a la que podría llegarse cuando se estructura un marco normativo que recarga buena parte de la carga pensional de las universidades públicas en sus hombros, como quedará expuesto en seguida.
II Presupuestos normativos
1. Universidades públicas del orden territorial.
Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y en especial con la aplicación de su artículo 131, se estableció que la Nación debía concurrir al pago del pasivo pensional de las universidades públicas del orden territorial, a través de la constitución de un fondo manejado como una subcuenta en el presupuesto de cada institución y financiado por la Nación, los departamentos, distritos, municipios y la respectiva universidad, en la misma proporción en que hubieren contribuido al presupuesto de la institución, teniendo en cuenta el promedio de los últimos 5 presupuestos anuales, anteriores al 1° de abril de 1994.
En desarrollo de ese mandato legal se expidió el Decreto 2337 de 1996 donde se determinaron las particularidades del fondo para el pago del pasivo pensional, entre la que se resalta el manejo de encargado fiduciario de los recursos. ¿Adicionalmente se estableció que la proporción del pasivo pensional por pagar a cargo de la Nación se realiza en bonos de valor constante, que tienen redenciones anuales por semestre anticipado, de acuerdo con las proyecciones a cargo de la Nación. Estos recursos sumados a los aportes del departamento y la universidad permiten el pago de las mesadas pensiónales sin retraso beneficiando a los pensionados sobre una garantía real¿. Desde la perspectiva oficial esta conclusión se sustenta en el modelo de concurrencia en el pago de los pasivos, pero con un fuerte aporte de recursos propios por parte de las universidades públicas. Es decir, el objetivo de la ley fue que las universidades públicas asumieran el tema pensional desde los ingresos generados en el flujo normal de sus misiones institucionales.
Sin embargo, las universidades han tenido que financiar sus acreencias pensionales a partir de los recursos destinados a su funcionamiento, incluyendo las transferencias del la Ley 30 de 1992; como es obvio, el monto de los recursos para el pago de este pasivo excede con creces la capacidad financiera de las universidades, razón por la cual el déficit está a la Orden del Día, cuando los entes educativos son dejados a su suerte para cubrir obligaciones históricas. No debe olvidarse, en este contexto, la posibilidad de aplicación de la Ley 550 de 1991, ley de quiebra a las universidades públicas, esto gracias a los buenos oficios del Gobierno Nacional al hacer extensiva esta normatividad a las universidades públicas tanto del orden nacional como del territorial a través de la Ley 922 de 2004. Los parámetros de evaluación de rendimiento del sector privado fueron incorporados, a partir de 2004, en la calificación de la viabilidad financiera de los entes universitarios.
La implementación de los créditos mercantilistas en la calificación de los logros de la educación pública deja de lado los fines esenciales en un Estado Social de Derecho, ¿La política oficial en materia educativa no es otra que la de profundizar la privatización. La calidad académica, al desarrollo nacional y el acceso a los pobres a la educación superior serán los perdedores. De continuarse con una política educativa del talante de la que se viene aplicando, a Colombia le será imposible salir del atraso científico y tecnológico a que la tienen condenado las minorías que hoy ostentan el poder¿. La evaluación financiera con criterio mercantilista, tal como se establece en la mencionada Ley 550, dejan margen las ponderaciones económicas del caso y olvida los fines estructurales de la educación superior en un modelo de Estado como el consagrado en la Constitución de 1991, en donde se dispone claramente que el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior¿
Presidente:
Doctor Hurtado para una moción de orden.
Honorable Representante Oscar Hurtado Pérez:
No, simplemente señor Presidente, es que el informe está muy largo y nadie le está poniendo cuidado, yo sé doctor Wilson que usted se esforzó muchísimo en hacer el informe y yo no tendría ningún problema en que se lea todo si le vamos a colocar cuidado o de lo contrario doctor nosotros estudiamos el...
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