Código Fiscal de Colombia. ( Ley 110 de 1912)

La conservación y mejora de los bienes nacionales corresponden a los Ministerios, de acuerdo con la distribución que haga el Gobierno y según la naturaleza de cada clase de bienes.

Si éstos no están destinados al servicio oficial o al uso público, el Gobierno puede administrarlos directamente, o darlos en arrendamiento.

Para el arrendamiento de los bienes nacionales se deben observarlas siguientes reglas:

a). No puede celebrarse el contrato sino en licitación pública.

b). Se debe proceder a la estimación de la base del canon mensual o anual, por medio de tres peritos nombrados por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, o por la autoridad a quien éste comisione.

c). A la licitación debe procederse previa la publicación de un aviso en el Diario Oficial, por tres veces, en el cual consten todas las condiciones del contrato, mediando entre la publicación del tercer aviso y la fecha de la licitación treinta días por lo menos, salvo que se trate de minas, salinas y ferrocarriles, caos en el cual ese mínimum de tiempo debe ser de noventa días. Este aviso debe publicarse también en carteles fijados en el Municipio o Municipios donde estén ubicados el bien o bienes, y en uno o más periódicos del lugar donde se celebre la licitación, si los hubiere, y si se trata de minas, salinas y ferrocarriles, en uno o más periódicos de Norte América y en uno o más periódicos europeos.

d). El remate debe verificarse con sujeción a las mismas reglas dadas para la venta de bienes nacionales en los apartes d a h del Artículo 13.

e). El 10 por 100 consignado por el rematador para tener derecho a hacer postura debe imputarse al pago del primer canon de arrendamiento, el cual debe consignarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la adjudicación, en la oficina de manejo respectiva.

f). Si dentro del término indicado el rematador no presenta el recibo en que conste que ha hecho este pago, pierde el 10 por 100 consignado a favor del Tesoro Nacional, y no puede darse por el Ministro respectivo la aprobación del remate.

g). Aprobado éste, el arrendatario, antes del recibo de la cosa arrendada, debe prestar una caución real que asegure sus obligaciones, o una personal de dos fiadores que renuncien al beneficio de excusión y que reúnan las condiciones exigidas por el Código Civil. Si no se presta esa caución, pierde también en beneficio del Tesoro Nacional, el referido 10 por 100.

h).El rematador que no cumple con lo de su cargo responde también al Tesoro por la quiebra del remate, esto es, por la diferencia entre el precio que ofreció y el inferior que obtenga del Estado en la nueva licitación que necesita verificarse por falta de ese cumplimiento.

El término máximo de duración de un contrato de arrendamiento es el de tres años para los bienes muebles, el de cinco para los predios urbanos, y el de ocho para los rústicos.

Los bienes nacionales consistentes en minas, baldíos, bosques y salinas, se sujetan para su administración a las reglas especiales contenidas en los títulos respectivos de este Código, con subordinación a las generales de este capítulo.

El Gobierno puede vender los bienes muebles del Estado que a su juicio no sean necesarios para el servicio público.

Para los demás actos dispositivos de bienes fiscales del Estado se requiere autorización dada en ley especial.

La venta de bienes nacionales no puede hacerse sino en pública subasta, y debe sujetarse a las reglas siguientes:

a).Se procede al avalúo del bien o bienes por tres peritos designados por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo o por la autoridad a quien este comisione.

b).Se publica un aviso anunciado de la fecha de la licitación, en la cual consten todas las condiciones del contrato.

Este aviso debe publicarse en el Diario Oficial, por tres veces a lo menos. Entre la fecha de la publicación por tercera vez y la de la licitación debe mediar un mínimum de tiempo de treinta días.

Este aviso debe publicarse igualmente, en carteles fijados en donde estén situados los bienes y en uno o más periódicos del lugar donde se celebra la licitación, si los hubiere.

c).El remate debe hacerse en el Ministerio respectivo, o en la oficina que este designe.

d). Para ser postor se necesita presentar recibo de la oficina de manejo respectiva, en que conste haberse consignado el 10 por 100 del avalúo.

e). la licitación debe durar por lo menos tres horas.

f). La adjudicación debe hacerse públicamente, tan luego como haya terminado la licitación, a favor del que ofrezca mayor cantidad de dinero sobre la base del avalúo.

g).Al acto de la licitación debe concurrir el Agente del Ministerio Público de mayor categoría del lugar donde se hace la licitación.

h). Los postores vencidos en la licitación tienen derecho a que se les devuelvan las cuotas que consignaron al hacer sus posturas, inmediatamente después de verificada aquella.

i). El rematador debe pagar el precio del remate dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de la adjudicación.

Si no lo hace, pierde a favor del Tesoro Nacional el 100 por 100 consignado por él para tener derecho a hacer postura, y responde también de la quiebra del remate.

El remate debe ser aprobado por el Ministro respectivo, si en su celebración se llenaron las formalidades legales y el rematador cumplió con lo de su cargo.

La copia de la diligencia del remate y dela resolución aprobatoria, autorizada por el Subsecretario, constituye el título de propiedad del rematador y debe ser inscrita, si se trata de inmuebles, en la oficina de registro correspondiente.

Si el bien de cuya venta se trata fuere divisible en lotes y la venta separada de ellos ofreciere mayor ventaja para el Estado, la subasta se debe anunciar y verificar en dicha forma.

No obstante lo dispuesto en los Artículos anteriores, pueden enajenarse a título de venta, sin que a la enajenación preceda una pública subasta, los bienes siguientes:

a). Aquellos respecto de los cuales exista disposición legal que autorice su enajenación en otra forma.

b). Los bienes muebles que valgan menos de cien pesos, y

c). Los muebles bienes que por su carácter de corruptibles o por ser susceptibles de merma sea preciso enajenar sin demora.

Pueden enajenarse también los bienes de que trata el Artículo 12, a título de permuta por documentos de deuda pública, procediéndose en todo lo demás con sujeción a lo preceptuado en los Artículos anteriores.

La enajenación de los baldíos y bosques nacionales se sujeta a las reglas especiales contenidas en el Título respectivo de este Código.

La prohibición que respecto de la adjudicación de ciertos bienes nacionales establezca la ley comprende la de denuncio o de cualquier otro acto que pueda constituir derechos sobre ellos.

Si la partida necesaria se halla votada en el Presupuesto, pero el Gobierno halla más conveniente la adquisición del bien a título de permuta, puede verificarla dado en cambio del bien de que se trata otro u otros de aquellos a que se refiere el Artículo 12, previo avalúo hecho por tres peritos nombrados por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, o por la autoridad a quien éste comisione al efecto.

Si la diferencia de precio resulta favorable para el Estado, debe ella ser consignada en dinero en la oficina de manejo respectiva, y si fuere desfavorable, no puede perfeccionarse el contrato sin la existencia o la apropiación de la partida correspondiente en el Presupuesto.

Si se trata de la adquisición no de especies o cuerpos ciertos sino de cosas indeterminadas de cierto género, como vestuario para el Ejército, herramienta y materiales para obras públicas, etc., aquella debe hacerse previa licitación con las siguientes solemnidades:

a). Se formula por el Ministerio respectivo un pliego de cargos, en el cual se expresa claramente qué es lo que desea adquirir el Gobierno para el Estado, su cantidad, calidad y demás condiciones y en qué oficina debe verificarse el remate.

b). El Pliego de cargos se publica en el Diario Oficial y en carteles fijados en los lugres más públicos de la capital de la República y del Municipio en el cual debe verificarse la licitación, y además, en otros, si así lo juzga necesario el Ministerio.

c). Entre la fecha de la publicación del pliego de cargos y la de la licitación, debe transcurrir por lo menos un término de treinta días.

d). Las posturas deben limitarse a un solo y único punto de competencia, debiendo ser iguales para todos los postores las condiciones del contrato.

e). Para poder hacer postura es preciso que el licitador presente el comprobante de haber consignado en la oficina de manejo respectiva la cantidad en dinero o en documentos de deuda pública señalada al efecto en el pliego de cargos.

f). Las propuestas deben presentarse en pliego cerrado, a más tardar a la hora señalada para la licitación.

g). Llegada esta, se da lectura por el Subsecretario del Ministerio o por el Jefe de la Oficina señalada al efecto, a todas las propuestas que vinieron acompañadas del comprobante de haberse consignado la cantidad señalada en el pliego de cargos.

Esta cantidad debe quedar a favor del Estado en todo caso de falta de cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contraídas por el rematador.

h). Se adjudica el contrato a quien haya hecho la propuesta más baja, pero si se estima exagerado el precio, se debe suspender el remate y provocar una nueva licitación.

i). Si dos o más fueren igualmente bajas, se debe proceder a oír las pujas y repujas entre los que las hicieron, hasta que, pasados cinco minutos, no se haya mejorado la anunciada últimamente.

j). Terminada la diligencia, se extiende inmediatamente una acta que firman el Subsecretario del Ministerio o el Jefe de la oficina que hizo el remate, el rematador, aquel o aquellos de los licitadores que quieran hacerlo y un empleado subalterno, que hace las veces de Secretario ad hoc; y

k). No se debe aprobar el remate si el rematador no otorga caución suficiente, a satisfacción del Ministro respectivo, de que cumplirá con las obligaciones de su cargo. Si ofrece fianza personal, el fiador debe renunciar el beneficio de excusión y reunir las condiciones que exige la ley civil para poder ser admitido como tal.

La diligencia de remate debe pasar a la mesa del Ministro al día siguiente, si aquel se verificó en la capital de la República, y si se hizo en lugar distinto, la diligencia debe remitírsele, para su aprobación o improbación por el correo que inmediatamente siga, o por telégrafo, si hubiere urgencia.

La diligencia referida, aprobada debidamente por el Ministro, equivale a una escritura pública.

En el acto de la adjudicación del remate se debe ordenar la devolución a los licitadores vencidos de lo que consignaron por vía de caución.

Si en cumplimiento del contrato ha de hacerse una anticipación de fondos al rematador, éste debe prestar una caución en los términos señalados por éste Código para los empleados de manejo, independientemente de la de quiebra de que se ha hablado.

El procedimiento señalado en los Artículos anteriores se aplica a los casos en que el Gobierno solicite la prestación de servicios, tales como los de transporte, o los manuales que no puedan hacerse por administración.

No obstante lo dispuesto en los Artículos anteriores, puede prescindirse de la licitación en los casos siguientes:

a). Cuando se trate de la adquisición de bienes o de la prestación de servicios que impliquen una erogación menor de mil pesos.

b). Cuando se trate de la adquisición de objetos que son productos exclusivos de una fábrica o que tienen un dueño único conocido.

c). Cuando se trate de obras de arte o de trabajos técnicos cuya ejecución no pueda confiarse sino a artistas aprobados o a ciertos profesores.

d). Cuando la adquisición se refiera a fabricaciones o suministros que se hacen por ensayo.

e).cuando no se ha verificado el remate, o porque no se hicieron posturas, o porque las propuestas fueron rechazadas por demasiado elevadas o gravosas; pero en este caso la adquisición del bien o la prestación del servicio no puede hacerse por suma igual a la mínima propuesta en el remate o mayor que ella.

f). Cuando hubiere urgencia evidente, calificada por el Consejo de Ministros, que no permita dar el tiempo necesario para la licitación; y

g). Cuando se trate de aquellos servicios que es costumbre obtener al precio corriente del mercado, precio que se comprueba en la forma establecida para los casos análogos por el Código de Comercio y las leyes de procedimiento.

El denunciante de un bien oculto tiene derecho a una participación hasta de un cincuenta por ciento del valor del mismo bien, justipreciado por peritos nombrados por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo o por la autoridad a quien éste comisione, cuando ese bien haya entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado.

La especie puede licitarse y el demandante rematarla, pagando al contado la cantidad que exceda de la participación que le corresponde en el valor de aquélla.

Para obtener esa participación debe el interesado dirigir un memorial al Ministerio respectivo, en solicitud de la celebración de un contrato, en el cual han de pactarse las siguientes condiciones:

a). Que hecho el denuncio y practicadas las pruebas del caso, solicitadas o presentadas por el denunciante dentro del término que se le fije, que no podrá pasar de seis meses, el Ministerio resuelva si en su concepto el bien denunciado es o no oculto, y si la acción o acciones indicadas por el denunciante son o no procedentes, previo el dictamen del Procurador General de la Nación.

b). Que, hecha la declaración en el sentido afirmativo, el Ministerio debe investir al denunciante de la personería necesaria para hacer efectivos los derechos del Estado, y ordenar al respectivo Agente del Ministerio Público que coadyuve la acción o acciones necesarias al efecto. El Ministerio puede revocar el poder que concede la personería principal al denunciante, dejándolo como coadyuvante, cuando a su juicio así convenga a los intereses públicos.

c). Que todos los gastos de la gestión corran a cargo del denunciante.

d). Que el denunciante goce de los privilegios que tiene el Estado cuando litiga, conforme al Código Judicial.

e). Que si el concepto del Ministerio fuere adverso al del denunciante, le quede a éste el derecho de ocurrir a la vía contencioso administrativa para que, en juicio contradictoria entre él y el Estado, se decida acerca de la condición de oculto que tenga el bien; y

f). Que si la sentencia dictada en ese juicio fuere favorable al denunciante, tengan aplicación las condiciones señaladas con las letras b) y c) de este artículo.

Todos los contratos celebrados en nombre del Estado requieren la aprobación del Presidente de la República con la firma del Ministro respectivo.

Cuando el valor del contrato exceda de mil pesos, tal aprobación no se puede impartir sin dictamen favorable del Consejo de Ministros.

Además, si el contrato es de aquellos que están sujetos a la aprobación legislativa conforme a la Constitución, se debe incluir necesariamente una cláusula en que esto se haga constar, y el Ministro respectivo debe en seguida pasarlo al Congreso, si éste se halla reunido, o presentarlo a aquel dentro de los primeros cinco días de las sesiones subsiguientes, para su consideración.

Exceptúanse de lo dispuesto en el Artículo 31 los contratos celebrados en licitación pública, cualquiera que sea su cuantía, los cuales solo necesitan la aprobación del Ministro respectivo.

Lo dispuesto en los Artículos anteriores no es aplicable a las adjudicaciones de baldíos y de minas, que se rigen por disposiciones especiales.

Todo contrato celebrado en nombre del Estado debe publicarse en el Diario Oficial dentro del término de sesenta días, a contar de su aprobación definitiva.

Si el valor del contrato excede de mil pesos, el contratista no puede exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a su favor sino después de verificada aquella publicación.

Los contratos que en virtud de autorizaciones legales celebre el gobierno, y cuyo valor no exceda de dos mil pesos, se tienen como firmes una vez aprobados de conformidad con lo dispuesto en los Artículos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente, cuando se hayan extralimitado las respectivas autorizaciones.

Los contratos que celebre el Gobierno en virtud de autorizaciones legales y cuyo valor exceda de dos mil pesos, deben remitirse, una vez obtenida la correspondiente aprobación ejecutiva, al Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, para que éste decida si están o no ajustados a tales autorizaciones.

SI LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ES AFIRMATIVA, EL CONTRATO SE CONSIDERA FIRME. En caso contrario, el Gobierno y la otra o las otras partes contratantes deben, para alcanzar la firmeza del contrato, adoptar las enmiendas propuestas por el Tribunal. Si esta reforma no se obtiene, el contrato no puede considerarse firmen, sino mediante aprobación del Congreso.

Exceptúanse de lo dispuesto en los Artículos anteriores los contratos celebrados mediante licitación pública, los cuales se deben considerar firmes una vez aprobados por el Ministro respectivo, siempre que el pliego de cargos haya sido aceptado por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, al cual debe pasarlo el Gobierno, con el único objeto de que aquel Tribunal decida si está o no ajustado a las autorizaciones legales.

No pueden ser postores en las licitaciones que se hagan a nombre del Estado, para la adquisición de bienes, para obtener la prestación de servicios o para la construcción de obras:

a). Los que no tengan capacidad civil para obligarse.

b). Los deudores morosos del Tesoro; y

c). Los que anteriormente hubieren faltado al cumplimiento de contratos con el Estado.

No obstante lo dispuesto en el aparte a de este Artículo, pueden ser postores las mujeres casadas, cuando se vaya a contratar obras o servicios propios de su sexo, y comprueben tener la autorización competente.

En todo contrato que se celebre en nombre del Estado, y que tenga por objeto la construcción de obras o la prestación de servicios, deben prefijarse en él claramente los motivos que den lugar a que se declare por medio de providencia administrativa que el contrato ha caducado.

Como causales de caducidad, además de las que el Gobierno tenga por conveniente establecer, en orden al exacto cumplimiento del contrato, deben figurar precisamente las siguientes:

a). La muerte del contratista, en los casos en que ésta debe producir la terminación del contrato, conforme al Código Civil; y

b). La quiebra del mismo, judicialmente declarada.

Los contratos celebrados en Colombia con personas extranjeras se sujetan a la ley colombiana y a la jurisdicción de los Tribunales nacionales.

En todos los contratos de esta especie debe constar que el extranjero renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a los deberes y derechos originados del contrato, salvo en el caso de denegación de justicia.

No se entiende que hay denegación de justicia cuando el contratista ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, pueden emplearse ante el Poder Judicial.

El Gobierno no puede aceptar el traspaso de un contrato o de una concesión a una persona extranjera si ésta no manifiesta expresamente que se somete a lo dispuesto en el Artículo anterior.

Son baldíos, y en tal concepto pertenecen al Estado, los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que carecen de otro dueño, y los que habiendo sido adjudicados con ese carácter, deban volver al dominio del Estado, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 56.

Se reputan baldíos, y, por consiguiente, de propiedad nacional:

a). Las costas desiertas del territorio de la República no pertenecientes a particulares por título originario o traslaticio de dominio.

b). Las islas de uno y otro mar pertenecientes al Estado, que no están ocupadas por poblaciones organizadas, o apropiadas por particulares, en virtud de título traslaticio de dominio.

c). Las Islas de los ríos o lagos navegables por buques de más de cincuenta toneladas; y

d). Las márgenes de los ríos navegables, salvo el derecho que tengan los particulares por título traslaticio de dominio.

Los terrenos baldíos son aplicables:

a). Al pago de la deuda pública.

b). A concesiones a cultivadores.

c).Al fomento de obras públicas.

d). A la amortización de títulos de concesión de baldíos, expedidos válidamente, con anterioridad a la vigencia de este Código.

e). Al servicio público nacional, departamental o municipal; y

f). A objetos especiales que determine la ley.

El Estado no garantiza la calidad de baldíos de los terrenos que adjudica, y por consiguiente, no está sujeto al saneamiento de la propiedad que transfiere en las adjudicaciones.

Tampoco está obligado al saneamiento, si el terreno baldío estuviere destinado a un uso público, u ocupado por cultivadores o colonos.

En cualquiera de estos casos, su obligación se reduce a restituir las especies recibidas a cambio de la adjudicación.

Las inexactitudes contenidas en las peticiones hechas por los interesados, para la adjudicación de baldíos, y las que se contengan en los planos que se levanten, en vista de esas peticiones, sólo perjudican a los peticionarios y a sus causahabientes.

La adjudicación en ningún caso perjudica a terceros, y deja a salvo los derechos de los cultivadores o colonos.

No se puede hacer adjudicación alguna de baldíos ubicados en un Departamento o Intendencia, a una misma persona, natural o jurídica, por una extensión mayor de dos mil quinientas hectáreas.

No pueden adjudicarse aquellas porciones de baldíos que sean necesarias para un uso público.

A orillas de una vía pública no pueden hacerse adjudicaciones a una misma persona, natural o jurídica, que tengan una extensión mayor de dos y medio kilómetros sobre aquella.

El Gobierno debe abstenerse de hacer adjudicaciones de baldíos en aquellas zonas de terreno por las cuales hayan de pasar vías férreas o caminos nacionales, decretados o contratados, mientras aquellas o éstos no hayan sido construidos en la extensión correspondiente.

Esta disposición no vulnera los derechos adquiridos por los cultivadores o colonos establecidos en la respectiva zona, con anterioridad a la contratación o iniciación de los trabajos de la vía férrea o del camino nacional.

En las costas nacionales, en las regiones limítrofes con las naciones vecinas y en las regiones bananeras de los Departamentos o Intendencias de la Costa Atlántica, no pueden hacerse adjudicaciones de baldíos en lotes continuos, sino dejando entre uno y otro lote adjudicado uno de mil hectáreas, que se reserva el Estado.

En consecuencia, es nula toda adjudicación de baldíos que se haga, en contravención a lo dispuesto en este Artículo.

Los lotes intermedios que el Estado se reserva, conforme al Artículo anterior, no son enajenables, pero sí pueden ser arrendados por el Gobierno.

Los terrenos baldíos de cuyo dominio se desprende el Estado, a cualquier título, quedan sujetos a las servidumbres pasivas de tránsito, caminos, acueducto, irrigación y demás que sean necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes.

Recíprocamente, los terrenos que continúen siendo del dominio del Estado, quedan sujetos a todas las servidumbres indispensables para el cómodo beneficio de los terrenos adjudicados.

La presente disposición debe insertarse en todas las adjudicaciones de baldíos.

No puede hacerse adjudicación alguna de baldíos sin que se haya agregado al expediente un plano del terreno, acompañado de una exposición del agrimensor, en que se describan las condiciones del terreno, esto es, su clase, su temperatura, su altura sobre el nivel del mar, las aguas que lo bañen, los cultivos que se hallen dentro de él, sus productos naturales, etc.

En toda adjudicación de baldíos se entiende establecida la condición resolutoria del dominio del adjudicatario en el caso de que, dentro del término de diez años, contados desde la fecha de adjudicación, no hubiere cultivado la tercera parte del terreno, u ocupado con ganados dos terceras partes.

En tales casos, el dominio de los terrenos adjudicados vuelve a la Nación ipso facto y por ministerio de la ley, y por tanto son éstos denunciables, por el solo hecho del cumplimiento de la condición.

Este Artículo debe insertarse en toda resolución de adjudicación.

Si los cultivos u ocupación con ganados abarcaren menor extensión, se debe considerar al adjudicatario como un colono o cultivador respecto a la parte que ocupe, con todos los derechos anexos a esa condición, y con facultad de obtener una nueva adjudicación a ese título.

Todo exceso obtenido en una adjudicación es denunciable en cualquier tiempo como baldío, por cuanto se reputa no haber salido del dominio nacional.

El denunciante que pruebe la existencia del exceso tiene derecho a que se le adjudique gratuitamente la mitad de dicho excesos y la preferencia para que se le adjudique el resto a cualquiera de los títulos establecidos en este Código, en cuanto el total no comprenda una extensión mayor de dos mil quinientas hectáreas.

Los Municipios gozan del usufructo de los baldíos existentes dentro de su territorio cuando se lo conceda el Gobierno, y siempre que no estén ocupados por cultivadores o colonos.

Este usufructo no impide que se adjudiquen los terrenos en la forma establecida en este Código, y cesa una vez que se registren las respectivas adjudicaciones.

Los terrenos baldíos no son enajenables a título de venta.

El dominio de los baldíos no puede adquirirse por prescripción.

El Gobierno tiene sobre los baldíos las mismas facultades administrativas que sobre los demás bienes nacionales.

De todos los expedientes relativos a adjudicaciones de baldíos se debe formar un archivo especial que ha de custodiarse en la Sección correspondiente del Ministerio que tenga a su cargo este ramo.

Todos los gastos que ocasionen las diligencias sobre adjudicación de baldíos son de cargo de los peticionarios.

La propiedad de los baldíos se adquiere por su cultivo o su ocupación con ganados, de acuerdo con lo dispuesto en este Código.

La persona establecida en terrenos baldíos con casa de habitación y cultivos, tales como siembras de cacao, café, caña de azúcar y demás plantaciones permanentes o empresas de sementeras de trigo, maíz, arroz, etc., tiene derecho a que se le adjudique gratuitamente lo cultivado y una parte del terreno adyacente, en una extensión que comprenda lo ocupado y tres tantos más.

Si la ocupación del baldío no se hace con cultivos de las clases indicadas, sino con ganados, el ocupante tiene los referidos derechos, con estas limitaciones:

a).La adquisición gratuita del terreno adyacente no tiene cabida sino cuando la parte ocupada esté cubierta de pastos artificiales, o cuando lo esté por naturales obtenidos con obras importantes, como desmontes, canales, diques, etc.

b). Si el ocupante tiene encerrado el terreno con cercas firmes y permanentes, capaces de impedir el paso de ganados, tiene derecho a la adjudicación gratuita delo cercado, siempre que no pase de dos mil quinientas hectáreas.

c). Los dueños de ganados que no hayan tenido que hacer ninguna de las obras indicadas, sólo tienen derecho al uso de los baldíos que ocupen con ellos, en cuando dicho uso no perjudique al servicio o al uso públicos, o a cultivadores o colonos de las otras clases mencionadas en este capítulo, o a las personas de que tratan los Artículos 84 a 86.

El establecimiento de cultivadores o colonos en los baldíos está sujeto a las limitaciones que imponen las disposiciones sobre minas, y a lo dispuesto o a lo que se disponga por la ley o el Gobierno, en relación con los destinados o que se destinen al servicio o al uso públicos.

La persona que quiera hacer efectivos los derechos concedidos por los Artículos anteriores debe dirigir una solicitud al Gobernador o al Intendente respectivo, en que se exprese lo siguiente:

a). El nombre con el cual se conoce el terreno, o si no lo tiene.

b). Los datos, por lo menos aproximados de la situación, de los colindantes, de los linderos y extensión del terreno, de las servidumbres que lo afecten y dela clase de cultivos hechos en él, o del número de cabezas de ganado, si de ocupación con éste se trata.

c). La circunstancia de haber sido establecidos los cultivos o hecha la ocupación por el solicitante o por otra u otras personas de quienes sea causahabiente; y

d). Las circunstancias no de estar destinado el terreno a ningún servicio o uso público, ni dentro de la extensión correspondiente a minas de aluvión en explotación.

Esta solicitud debe ir acompañada de una información sumaria de tres testigos, tomada con intervención del Ministerio Público, en que consten los hechos enumerados en la relación.

Recibida la solicitud, el Gobernador, o el Intendente, en su caso, debe dirigir un despacho al Alcalde del Municipio de la ubicación del terreno, al cual ha de acompañarse un aviso de la solicitud, para que lo fije en la puerta de su oficina, por el término de treinta días, y en varios de los lugares más públicos del Municipio, impreso si fuere posible, y para que lo haga conocer del público, por bandos, dados en tres días de mercado consecutivos.

Este aviso debe publicarse en el periódico oficial del Departamento e Intendencia, si lo hubiere y en su defecto, en uno particular, si se publicare alguno en la respectiva Capital.

Recibido en la Gobernación o Intendencia el despacho diligenciado, con la constancia de haberse practicado las diligencias prevenidas en el Artículo anterior y agregado al expediente el período que contiene el aviso, se ordena la fijación del asunto en la lista por diez días.

Durante los treinta días de que trata el Artículo 70, en la Alcaldía, y los diez días de que habla el Artículo anterior, en la Gobernación o Intendencia, cualquiera persona que tenga interés en ello puede oponerse a la adjudicación.

Vencido el término de que trata el Artículo 71, se da traslado del expediente al respectivo Agente del Ministerio Público, quien también puede oponerse a la adjudicación, si con ella ha de contravenirse a las disposiciones legales.

Devuelto el expediente por el Agente del Ministerio Público, si hubiere oposición u oposiciones, el Gobernador o Intendente debe ordenar su remisión al respectivo Juez o Tribunal, para que las partes hagan valer sus derechos.

Si la decisión judicial definitiva fuere favorable al denunciante, recibido el expediente en la Gobernación o Intendencia, se debe ordenar el levantamiento del plano, de que trata el Artículo 55, por un agrimensor nombrado por el Gobernador o Intendente respectivo, agrimensor que debe prestar el juramento que, conforme al código Judicial se exige a los peritos.

Para la práctica de esta última diligencia puede comisionarse al Alcalde del Municipio de la ubicación del terreno.

Levantado el plano por el agrimensor y presentado por éste a la Gobernación o Intendencia, con la exposición de que trata el Artículo 55, se ordena la remisión del expediente al Ministro respectivo.

De la manera prescrita en los dos Artículos anteriores debe procederse en el caso de que no se haga oposición a la solicitud de adjudicación.

Llegado el expediente al Ministerio, se dicta por éste, dentro del término de los diez siguientes, la resolución a que haya lugar.

Si ésta es de adjudicación, tiene el carácter de título traslaticio de dominio, equivalente a una escritura pública, y debe inscribirse original en la Oficina de Registro correspondiente.

A este efecto, el Ministerio debe remitir la resolución al Registrador respectivo, con un oficio en que ordene la inscripción.

Hecha ésta, el Registrador debe devolver la resolución con la correspondiente nota de registro, para que se agregue al expediente, el cual debe quedar en el Ministerio, para formar parte del archivo, de que trata el Artículo 63, y para que se puedan expedir al interesado o interesados las copias que soliciten.

Las controversias que se susciten entre colonos que no hayan obtenido todavía título de adjudicación, o entre éstos y extraños que no exhiban resolución de adjudicación definitiva registrada, se tramitan y deciden como juicio de policía.

Las controversias entre colonos y adjudicatarios, o entre aquellos o éstos, con terceros, que reclamen dominio sobre el terreno cultivado, ocupado o adjudicado, se deciden judicialmente, por la vía ordinaria; bien entendido que los cultivadores o colonos se deben considerar como poseedores.

En los juicios de que tratan los Artículos anteriores, en que sean parte cultivadores o colonos, que no hayan obtenido título de adjudicación, se debe citar y tener como parte al respectivo Agente del Ministerio Público.

En los casos en que, conforme a la ley, deben darse terrenos baldíos para el fomento o pago de obras públicas, se deben expedir por el Ministerio, bonos o títulos de concesión, en las épocas y del modo establecidos en el respectivo contrato.

Cuando éste guarde silencio en el particular, entiéndese que la expedición de los bonos no puede hacerse sino cuando el contrato esté cumplido íntegramente.

Los bonos o títulos de concesión son documentos públicos que se expiden a la orden, en que se hace constar que, con ellos, y previa sujeción a las reglas de este Código, puede obtenerse la adjudicación de baldíos en la cantidad de hectáreas que el título designe.

Los bonos expresados son transferibles por la vía del endoso, como los efectos de comercio a la orden.

Los terrenos baldíos ocupados por minas de aluvión no pueden adjudicarse mientras las minas no sean abandonadas.

El mismo derecho de que trata el Artículo 84 se reconoce a quien descubra en terrenos baldíos algún producto valioso, cuya explotación haya sido desconocida antes en el país.

El procedimiento para obtener las concesiones de que trata este capítulo, es el mismo señalado en el Capítulo II de este Título, con la diferencia de que el denunciante debe acreditar con prueba sumaria, practicada ante un Juez de Circuito, y con intervención del respectivo Agente del Ministerio Público, los hechos relativos al descubrimiento de las minas, o el descubrimiento del objeto valioso, en su caso.

La persona que quiera obtener una adjudicación de determinada parte de baldíos, a cambio de títulos de concesión, debe dirigir una solicitud al Gobernador o Intendente respectivo, a la cual ha de acompañar títulos por el número de hectáreas cuya adjudicación pida, solicitud en la cual ha de expresarse:

a). El nombre con el cual se conoce el terreno, o si no lo tiene.

b). Los datos, por lo menos aproximados, de su situación, colindantes y linderos, y de si hay o no dentro de éstos, porciones ocupadas por cultivadores o colonos o personas de aquellas a que se refieren los Artículos 84 a 86.

c). Las circunstancias de no estar destinado a ningún uso público, ni dentro de la extensión correspondiente a minas de aluvión, en explotación.

Esta solicitud debe ir acompañada de una información sumaria de tres testigos, tomada con intervención del Ministerio Público, en que consten los hechos enumerados en la relación.

Son aplicables a la concesión de baldíos, a cambio de títulos, las disposiciones contenidas en los Artículos 70 a 77, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de aquella.

En el caso de que dos o más personas soliciten que se les adjudique una misma porción de baldíos, debe preferirse al que hizo primero su solicitud. Pero si éste la abandonare o no hiciere gestiones para llevarla adelante, por espacio de seis meses, puede darse curso a las otras peticiones, con prelación, según el orden en que fueron presentadas.

Los bonos o títulos dados en cambio de los baldíos adjudicados, deben cancelarse, y si queda algún excedente, se debe expedir al adjudicatario un título que represente la diferencia, sujetas estas operaciones a los reglamentos que expida el Gobierno.

El procedimiento para obtener la adjudicación de baldíos, a cambio de títulos de deuda pública, es el mismo que se indica en los Artículos anteriores con la sola diferencia de que antes de hacerse la adjudicación se procede a la diligencia de avalúo, de que trata el Artículo 20 y a la consignación, por el solicitante, de los títulos necesarios que cubran ese avalúo.

En el caso de que resulte una fracción que no pueda cubrirse con tales títulos, puede admitirse la diferencia en dinero.

Por medio de leyes especiales pueden destinarse porciones especiales de baldíos para el servicio público de los Departamentos, Intendencias y Municipios.

Para la adjudicación definitiva de tales porciones, el Ministerio respectivo debe ordenar que, por el Departamento, Intendencia o Municipio agraciados, se haga la mensura y el levantamiento del plano, por un agrimensor, a quien debe exigírsele, por un Tribunal o Juez, el juramento que, conforme al Código Judicial se exige a los peritos.

Recibido en el Ministerio el plano, junto con la exposición de que trata el Artículo 55, se dicta la providencia de adjudicación y se ordena su inscripción en la correspondiente Oficina de Registro.

Siempre que se destine un baldío para un servicio o un uso público, por disposición de una ley o por decreto ejecutivo, se debe proceder al levantamiento de un plano y al pronunciamiento de un plano y al pronunciamiento de una resolución ministerial, en que se exprese el nombre del terreno, si lo tiene, su situación, sus colindantes y sus linderos, resolución que se publica en el Diario Oficial y se registra en la oficina respectiva de la ubicación del baldío para que éste deje de tener tal carácter.

Cuando una ley destine un baldío para un objeto determinado, se debe dictar, por el Ministerio respectivo, previo el levantamiento del plano, una resolución semejante, la que ha de publicarse y registrarse en los términos expresados en el Artículo anterior.

Los expedientes formados en los casos previstos en estos Artículos, deben agregarse al archivo de que trata el Artículo 63.

Los bosques existentes en baldíos se administran por el Gobierno, de acuerdo con las reglas generales referentes a los bienes nacionales, pero para su arrendamiento rigen, además, las siguientes:

a). Se dirige una solicitud al Concejo Municipal de la ubicación del terreno, en que se exprese el nombre de éste o que no lo tiene, los datos por lo menos aproximados, de su situación linderos y extensión, que no puede pasar de diez mil hectáreas; la circunstancia de no estar destinado a ningún servicio o uso público, ni dentro de la extensión correspondiente a minas de aluvión en explotación, y la de si hay o no dentro de él porciones ocupadas por cultivadores o colonos.

b). El Concejo Municipal ordena la práctica de una inspección ocular, del terreno, por el Alcalde y su Secretario, acompañados del personero y de dos testigos conocedores de la región, para cerciorarse de la exactitud dela relación hecha por el solicitante.

c).Se sigue la tramitación señalada en los Artículos 70 a 75, en lo que no se oponga ala naturaleza del contrato; y

d).Llegado el expediente, con la constancia del cumplimiento de las formalidades anteriores, si el Ministerio resuelve que se debe dar en arrendamiento el terreno, se decreta el remate y se verifica éste, previa la práctica de las diligencias prevenidas en el Artículo 9o., siendo de cargo del rematador, si no lo fuere el solicitante, el reembolso a éste de los gastos hechos en las diligencias, según cuenta comprobada que presente, a juicio del Ministerio.

Son aplicables al contrato de arrendamiento de bosques existentes en baldíos todas las reglas dadas en los Artículos que forman este Título, en cuanto lo permita la naturaleza de este contrato.

El arrendamiento de bosques, a que se refieren los Artículos anteriores, no impide la adjudicación de los baldíos en que aquellos estén situados.

Por el hecho de la adjudicación, el adjudicatario queda subrogado en los derechos de la Nación, respecto del arrendatario, en la parte correspondiente, y debe respetar el arriendo.

Al arrendatario de un bosque le es prohibido hacer desmontes en las cabeceras de los ríos, y derribar los árboles de caucho u otras resinas.

Además de esta prohibición legal, el Gobierno, puede, en cada caso particular, establecer otras interdicciones tendientes a impedir que, so pretexto de explotación, se destruyan los bosques.

El Gobierno puede, por medio de decretos, destinar determinadas porciones de los bosques existentes en baldíos, para ser explotados únicamente como bosques, ya por administración directa, ya a virtud de contratos de arrendamiento.

Dictado un decreto de esa naturaleza, se procede a la práctica de las diligencias prevenidas en el Artículo 96, verificado lo cual, el bosque entra en la categoría de los bienes a que se refiere dicho Artículo, y toma la denominación de bosque nacional.

No obstante lo dispuesto en los Artículos anteriores, es libre la extracción de la tagua en terrenos baldíos. El Poder Ejecutivo establecerá un impuesto, hasta del seis por ciento, sobre la exportación de dicho fruto.

Los bosques nacionales no son enajenables sino mediante autorización especial del Congreso.

Constituyen La reserva territorial del estado, y no son enajenables:

a). Las islas nacionales, de uno y otro mar de la República, y las de los ríos y lagos, de que trata el aparte c del Artículo 45.

b). Las tierras baldías donde se encuentran las cabeceras de los ríos navegables.

c). Los lotes intermedios que deben dejarse entre los adjudicados, conforme al Artículo 52; y

d). Una porción de veinticinco mil hectáreas en cada Departamento, y de cien mil en cada Intendencia, en los lugares que determine el Gobierno.

Se pueden acuñar las siguientes monedas de oro, a la ley indicada en el Artículo anterior y con el peso correspondiente:

El doble condor, de valor de veinte pesos.

El condor, de diez pesos.

El medio condor, de cinco pesos, y

El cuarto de condor, de dos pesos cincuenta centavos.

La acuñación de la moneda es privativa del Estado.

Pueden emitirse monedas de plata a la ley de novecientos milésimos de fino y con el peso correspondiente a su valor, a razón de veinticinco gramos por cada cien centavos, en piezas de un peso cincuenta, veinte y diez centavos.

Dichas monedas no pueden emitirse sino dentro de los límites que señala una ley especial y con poder liberatorio limitado a diez pesos en cada transacción.

Pueden emitirse monedas de níquel en piezas de uno, dos y cinco centavos, a la ley de veinticinco por ciento de níquel y setenta y cinco por ciento de cobre; y de dos, tres y cuatro gramos de peso, respectivamente.

Dichas monedas no pueden emitirse sino dentro de los límites que señale una ley especial y con poder liberatorio limitado a dos pesos en cada transacción.

Es prohibida la introducción al país de monedas de plata y níquel que no sean emitidas por el Gobierno, dentro de los límites fijados por la ley.

Por ley especial, y en su defecto por decreto ejecutivo, se determinan la leyenda, grabados y demás condiciones de las monedas, con subordinación a lo establecido en los Artículos anteriores.

El Estado presta el servicio de correos y telégrafos en el territorio nacional.

El primero de tales servicios puede prestarse también libremente por los Departamentos, los Municipios y los particulares.

El segundo sólo puede prestarse por el Estado, o por las personas naturales o jurídicas con las cuales se haya contratado o se contrate su establecimiento, en nombre de aquél, o que obtengan o hayan obtenido del Gobierno el respectivo permiso.

La disposición contenida en el inciso tercero del Artículo anterior se aplica al servicio de comunicaciones telefónicas, inalámbricas, u otras análogas establecidas o que se establezcan.

Corresponde a los Municipios la concesión del permiso a particulares para el establecimiento de tales servicios por sus vías públicas.

La organización del servicio de correos se acomoda a las disposiciones de la Unión Postal Universal; en defecto de ellas, a las contenidas en este Código o en leyes especiales, y a falta de éstas a la reglamentación del Gobierno.

El pago del servicio postal que se presta al público se hace por medio de especies que el Gobierno emite con tal objeto, como sellos de correo, tarjetas, cubiertas de valor, cubiertas de servicio postal y patentes, de los valores y clases que se determinan en las convenciones postales, en las leyes y en los reglamentos.

La emisión de especies postales es una facultad privativa del Estado.

El pago del servicio telegráfico que se presta al público se puede hacer en dinero o en especies, según lo que disponga al efecto la ley o el decreto reglamentario.

El servicio de los muelles establecidos o que se establezcan en los puertos nacionales directamente por el Estado, o por personas que hayan contratado o contraten su establecimiento, se paga por razón de los buques que atraquen a ellos.

Hay dos clases de faros: faros de puerto, que son aquellos establecidos en los puertos o en sus cercanías y sirven para indicar la entrada a ellos, y faros de costa, que son aquellos situados en cualquier sitio de la costa firma o de las islas, que sirven a los buques de puntos de referencia o indicación de peligros.

Para los efectos del pago del servicio se reputan faros de la primera clase los dela segunda que han servido a los buques de puntos de referencia o indicación de peligro para arribar a un puerto colombiano.

El servicio de los faros de puerto se paga por los buques que llegan a éstos, y el de los faros de costa por los buques que se han servido de ellos y arriban a un puerto colombiano, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno.

Los buques que zarpan de un puerto colombiano con destino a uno extranjero y que en su rumbo han de hacer uso de faros nacionales de costa, pagan el servicio en el puerto de salida.

El servicio de práctico se consigna en la caja de la aduana respectiva, y se reparte por mitad entre el Estado y el práctico que lo preste.

Es obligatorio para los buques, tanto a la entrada como a la salida, servirse del práctico oficial en aquellos puertos donde el Gobierno haya establecido o establezca ese servicio.

Los buques que se sirvan de remolcadores, pagan ese servicio al Estado o a la persona con quien esta haya celebrado contrato para el establecimiento de tal servicio.

Toca a la ley, en general, o al contrato respectivo, en su caso, la fijación de los precios que deben exigirse por la prestación de los servicios de que trata este capítulo.

No están sujetos al pago de los servicios de faro y muelle los buques de guerra de las naciones amigas, los cuales no pagan tampoco los de remolque y práctico en la parte que le corresponde al Estado.

son impuestos nacionales las cantidades que exige el Estado para subvenir al servicio del Tesoro Nacional.

Los impuestos nacionales no pueden decretarse en tiempo de paz sino por medio de ley.

En tiempo de guerra pueden establecerse transitoriamente los que el Gobierno decrete dentro del radio de las atribuciones que le confiere la Constitución, o las que tenga a virtud de leyes especiales.

Los principales impuestos nacionales son: los de aduana, los de tonelaje, los derechos consulares y los de patentes de privilegio y marcas de fábrica, en los cuales se ocupa este Código.

Este impuesto se liquida en la aduana del respectivo puerto habilitado sobre las mercancías de importación o exportación, o en las oficinas postales, cuando las mercancías se introducen o exportan en paquetes o encomiendas.

También puede disponerse por leyes especiales que se liquide y pague un impuesto por el tránsito o depósito de mercancías en los puertos abiertos o que se abran para esa clase de operaciones.

El impuesto aduanero debe pagarse antes de que salgan las mercancías de la aduana u oficina postal respectiva, salvo lo dispuesto en el Artículo siguiente.

El importador de mercancías extranjeras residente en plaza distinta de la de la aduana, puede obtener, previa la prestación de una fianza solidaria por dos personas que reúnan las condiciones de que trata el Código Civil, que no se le cobre el valor del impuesto de aduana, dentro de los límites de la cantidad asegurada, sino por medio de una letra girada a su cargo por el Administrador de la aduana respectiva, a quince días vista.

El introductor residente en el mismo lugar de la aduana goza del mismo plazo de quince días, si otorga o tiene otorgada la fianza de que trata el inciso precedente.

Gozan de franquicia aduanera los siguientes Artículos:

1. Los mencionados expresamente en las leyes sobre tarifa de aduanas.

2. Los que, conforme a contratos vigentes, estén libres del pago del impuesto.

3. Las producciones naturales de los países a los cuales se les haya concedido o se les concediere franquicia, con carácter de reciprocidad, por tratados públicos.

4. Los que para el servicio oficial o para su propio uso importen los Ministros o Agentes Diplomáticos extranjeros que se acrediten ante el Gobierno de Colombia, siempre que las naciones a que pertenezcan concedan igual exención a los Ministros y Agentes Diplomáticos de la República, y que se cumpla con los requisitos que la ley exige sobre la materia.

5. Los que para el servicio oficial o para su propio uso traigan consigo los Ministros o Agentes Diplomáticos de naciones con las cuales no exista tratado en que se estipule exención especial.

6o. Los objetos que se introduzcan por cuenta del Gobierno Nacional, de cualquiera naturaleza que sean; pero las notas de los pedidos de tales objetos deberán ser comunicadas al Ministerio de Hacienda antes de enviarlas, para que dicho Ministerio dé a la respectiva aduana la ordena de dejarlos pasar libres de derechos.

Gozan de franquicia aduanera, con las limitaciones que en seguida se expresan:

1o. Los equipajes que los Ministros diplomáticos de Colombia en el Extranjero traigan consigo al país, hasta el peso de mil kilogramos, con tal que el regreso se verifique dentro de los seis meses subsiguientes a la cesación de sus funciones oficiales; pero los Ministros ad honorem no tendrán franquicia sino hasta quinientos kilogramos.

2o. Los equipajes de los viajeros que procedan del Extranjero, hasta el peso de ciento cincuenta kilogramos; pero los niños menores de diez años sólo tendrán franquicia por setenta y cinco kilogramos y los niños de brazos, por cincuenta.

3o. Los equipajes de los inmigrantes, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal anterior, y además las herramientas e instrumentos de su oficio y el mueblaje de casa que no sea nuevo. Esta franquicia no comprenderá en ningún caso Artículos de comercio, y no podrá extenderse a más de quinientos kilogramos por persona adulta, sin contar el equipaje.

Para que los equipajes a que se refiere el Artículo anterior gocen de franquicia, es indispensable que sean presentados por sus propietarios al tiempo de pasar por las aduanas y entrar en el territorio nacional.

Por el exceso de equipaje sin factura pagarán los efectos que lo compongan el derecho que corresponda a su respectiva clase, según la tarifa de aduana, más un recargo del 25 por 100.

La franquicia concedida a los equipajes de viajeros sólo podrá otorgarse por dos veces, a cada uno de ellos, dentro de un período de doce meses. Por la tercera vez, y por las subsiguientes el favor se limitará a la tercera parte de la cantidad o peso señalado para cada caso.

Entiéndase por equipaje, para los efectos de los Artículos anteriores, el conjunto de objetos de uso que el viajero traiga consigo y que el desembarque en el mismo puerto en que él pise el territorio nacional; pero de ninguna manera se considerarán como equipaje piezas de tela o ningún otro Artículo de comercio.

Denomínase inmigrante, para los efectos del Artículo 160, el extranjero que entra al país con ánimo de domiciliarse en él, sin haber estado antes en éste, que trae consigo una certificación del Cónsul colombiano respectivo, en que conste que ante él se presentó a hacerle manifestación jurada de dirigirse a la República con tal objeto.

Todo inmigrante debe traer, certificada por el Cónsul, la factura de los objetos que introduce.

Para los efectos fiscales se clasifican de la siguiente manera las operaciones comerciales sujetas al régimen de los puertos nacionales:

Importación: que consiste en introducir productos procedentes del Exterior.

Exportación, que consiste en enviar al Exterior productos nacionales o extranjeros nacionalizados.

Tránsito, que consiste en el paso de productos procedentes del Exterior por el territorio nacional, con destino a otra nación.

Depósito, que consiste en colocar productos procedentes del Exterior en los almacenes de una aduana, con ánimo de reexportarlos.

Comercio costanero, que es el que, en general, se hace entre los puertos de la República con productos nacionales o extranjeros nacionalizados; y

Cabotaje, que consiste en el tráfico especial que se hace por mar entre los puertos habilitados de la República con productos extranjeros nacionalizados.

Los puertos nacionales son de las siguientes clases:

Habilitados, que son aquellos por los cuales pueden hacerse las operaciones de importación y exportación, o sólo una de ellas, casos en los cuales toman las denominaciones especiales de habilitados para la importación o habilitados para la exportación, respectivamente.

Francos, que son aquellos por los cuales pueden hacerse las operaciones comerciales de que trata el Artículo anterior, sin sujeción al pago del impuesto de aduana; y

De depósito, que son aquellos en los cuales se hace exclusivamente la operación comercial que lleva ese nombre.

Por medio de leyes pueden declararse nuevos puertos habilitados, francos y de depósito.

El Gobierno puede cerrar transitoriamente un puerto por graves motivos de salubridad pública.

Por los puertos habilitados y con sujeción a las disposiciones especiales dictadas por medio de leyes o decretos reglamentarios, se pueden hacer las operaciones de tránsito, cabotaje, depósito y comercio costanero.

Para los efectos fiscales pueden establecerse aduanas en localidades que toman el nombre de puertos terrestres o fluviales, habilitados para la importación, la exportación o el tránsito.

Mientras no sean habilitados, no puede hacerse en los puertos de las islas nacionales otro comercio que el costanero.

Es prohibido a los buques que hacen el comercio de cabotaje o el costanero conducir productos extranjeros que no hayan sido nacionalizados.

Se entiende por producto nacionalizado el que ha sido reconocido en una aduana para el efecto del pago del impuesto.

Es prohibido el comercio entre un puerto franco y otro no habilitado.

El comercio entre un puerto franco y otro habilitado se reputa, para los efectos del pago del impuesto, como de importación.

Constituye contrabando el hecho de introducir al país productos de procedencia extranjera, o el tratar de ejecutarlo, con ánimo de no pagar el impuesto de aduana, o de pagar uno menor, o de violar una prohibición constitucional o legal.

Constituye también contrabando el hecho de exportar o tratar de hacerlo, productos gravados con impuesto por razón de esa operación comercial, o con ánimo de violar una prohibición de las clases indicadas.

Son actos de contrabando, independientemente de otros que se ejecuten con los fines indicados en el Artículo anterior, los siguientes:

a). La importación de productos de procedencia extranjera que, haciéndose por puertos que no sean francos, no pasen por la aduana respectiva.

b). La exportación de productos nacionales o extranjeros nacionalizados por puertos no habilitados para ese comercio.

c). La importación o exportación de los productos respectivos, dándoles en las facturas o demás documentos de los que deben presentarse a las aduanas, denominaciones diversas, o haciendo declaraciones distintas de las que corresponden, con la mira de no pagar el impuesto, o de pagar uno menor.

d).La introducción fraudulenta de ciertos productos que pagan un impuesto mayor en bultos que, según esos documentos, dicen contener productos que pagan uno menor, o que no pagan impuesto.

e). La introducción de Artículos de prohibida importación.

Independientemente de las penas que puedan corresponder a los contrabandistas en virtud de otras leyes, quedan ellos privados, en beneficio del Estado, de la propiedad de los objetos que hayan introducido o exportado o pretendido introducir o exportar fraudulentamente.

El conocimiento de los juicios sobre contrabando corresponde a las autoridades determinadas en el código Judicial o en leyes especiales.

Para la investigación de este delito son funcionarios de instrucción los que tienen ese carácter, conforme a las reglas generales, y además, el empleado superior de la respectiva aduana, el Contador de la misma y los Jefes de Resguardo.

Cuando se haga una importación o una exportación de Artículos clasificados en las tarifas, de modo distinto del manifestado por el importador o exportador, y no pueda imputarse a éstos la comisión del delito de contrabando, por falta de voluntad o malicia, quedan a tales importador o exportador expeditos el derecho de reclamar contra el aforo practicado por el Administrador de la Aduana a este mismo, y el de apelación subsidiaria ante el Jurado de Aduanas.

Entretanto, se decide el recurso, el interesado debe pagar el impuesto liquidado por el Administrador, en los términos de que tratan los Artículos 157 y 158, con derecho a su devolución, en el caso de que el Jurado encuentre exequibles sus pretensiones.

El gobierno puede disponer, cuando lo tenga por conveniente, que sean revisados los cargamentos de mercaderías extranjeras que se internen. la revisión puede ser ocasional y especial, o decretarse en términos generales, para verificarse en los puntos y por los empleados o comisionados que designe el Gobierno.

La revisión de los cargamentos de mercaderías solo puede verificarse en lugares del tránsito en que se haga fácil el reempaque de ellas.

Cuando se denuncie al Gobierno o al Administrador de la Aduana que se han introducido mercancías sin pagar derechos de importación puede exigir del introductor que exhiba la factura original de dichas mercancías y la liquidación de la aduana, en la cual conste que ha pagado los derechos respectivos. Si del examen y comparación de los documentos con las mercancías no resultare que se han satisfecho los derechos de importación, se debe proceder a la instrucción del sumario correspondiente.

Cuando el importador no pueda sacar de la aduana sus productos, dentro de los seis meses siguientes al reconocimiento, por no haber pagado o asegurado el impuesto, en los términos prevenidos en los citados Artículos 157 y 158, el Administrador debe venderlos en pública subasta.

Del producto de la venta se deduce el valor del impuesto, con un recargo del 10 por 100 y el resto se le entrega al interesado.

Si los objetos son corruptibles o susceptibles de merma, la venta se hace antes de que se corrompan o mermen, previa notificación personal al interesado o a su comisionista.

Los objetos que se apropia el Estado, en los casos previstos en el Artículo 177, los enajena éste en los términos señalados en los Artículos 12 y siguientes.

El impuesto de tonelaje es el que se cobra a los dueños de los buques que entran a los puertos nacionales, por razón del número de toneladas de productos que descargan en ellos.

Este impuesto se paga en la caja de la aduana del puerto habilitado, y en la oficina recaudadora respectiva, en los puertos francos.

Los buques que hacen el comercio de cabotaje, o el costanero, sólo pagan la mitad del impuesto.

La cuantía de éste se señala en ley especial.

No están sujetos al pago del impuesto de tonelaje:

a). Los buques de guerra de naciones amigas, que descarguen simplemente productos que no estén sujetos al impuesto de aduana.

b). Los mercantes, que conduzcan inmigrantes en número mayor de cincuenta.

c). Los que obtengan o hayan obtenido la exención por tratados públicos; y

d). Los que la obtengan o la hayan obtenido a virtud de contratos celebrados válidamente con el Gobierno.

El impuesto consular es el que se paga por razón de las certificaciones que expiden los Cónsules sobre los sobordos y facturas, relativos a buques que han de atracar y mercancías que se introduzcan al territorio nacional.

Este impuesto se paga en el Consulado que expide la certificación; pero si se trata de productos que se introducen al país en encomienda postal, se paga en la oficina de correos que la entreva, previa la presentación a ésta de la factura comercial respectiva.

La cuantía del impuesto y la clasificación de los productos por él afectados, son materia de ley especial, así como lo es la determinación de las condiciones que deben llenar los sobordos y facturas.

El impuesto de patentes de invención es el que cobra el Estado, por la concesión que hace, de cuerdo con la ley especial sobre la materia, de privilegios para el uso exclusivo de cualquier invento o perfeccionamiento de máquinas, aparatos mecánicos, combinación de materias, o método de procedimiento de útil aplicación a la industria, artes o ciencias, o de alguna manufactura o producto.

El impuesto de registro de marcas de fábrica es el que cobra el Estado por la inscripción que se hace, en la Sección correspondiente del Ministerio respectivo, de las marcas de comercio o de fábrica que emplean los industriales para distinguir sus productos, registro que se hace en los términos expresados en la ley especial sobre la materia.

La administración activa del Tesoro Nacional, o sea la recaudación de los productos que lo forman, al tenor de lo que dispone el Artículo 5o. y cuya percepción se autoriza anualmente en el Presupuesto de rentas, corresponde al Gobierno, el cual la ejerce por medio de empleados subalternos que genéricamente se denominan Recaudadores, o por contrato con particulares.

La administración pasiva del Tesoro Nacional, o sea la liquidación, el reconocimiento, la ordenación y el pago de los créditos a su cargo, corresponde también al Gobierno, el cual la ejerce por medio del Ministro ordenador, que lo es el del Tesoro, y de empleados que genéricamente se denominan Liquidadores y Pagadores.

Los empleados de que tratan los dos Artículos anteriores reciben la denominación común de Responsables del Erario.

Los Recaudadores y los Pagadores se conocen también con la denominación específica de Empleados de Manejo.

Son liquidadores los empleados a quienes compete el reconocimiento de los créditos a cargo del Tesoro, previa la liquidación correspondiente.

Es Ordenador único el Ministro del Tesoro, el cual, de acuerdo con los reconocimientos practicados en los demás Ministerios, o en su propio Despacho en los asuntos de su incumbencia particular, dispone las erogaciones que deben hacer los pagadores.

Son pagadores los empleados encargados de dar inversión legal a los fondos del Tesoro.

Son Recaudadores encargados de la inmediata administración activa del Tesoro, bajo la suprema inspección del Gobierno:

a). El Tesoro General de la República.

b). Los Administradores de Aduanas.

c). Los Administradores de Salinas.

d). Los Administradores de Correos y Telégrafos.

e). Los Cónsules, y

f). En general, todos los empleados a cuyo cargo corre la percepción de productos de los expresados genéricamente en el Artículo 5o.

La organización de las oficinas a cargo de los empleados de que trata el Artículo anterior es materia de decretos reglamentarios, dentro de los límites trazados por las disposiciones de este Código.

Todo ingreso del Tesoro debe ser reconocido, aun cuando se recaude íntegramente y de contado.

Se entiende por reconocimiento de un ingreso la liquidación, por medio de operaciones aritméticas, de la cantidad deducida a favor del Tesoro, en cada caso particular.

No puede hacerse reconocimiento de cantidad alguna por razón de impuestos que no pueden recaudarse, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 215.

Las cuentas fiscales se forman por oposición y no por deducción, de manera que aparezca el producto bruto de los ingresos del Tesoro, cualesquiera que hayan sido los gastos de su percepción.

Los Recaudadores son responsables:

a). Por lo que deben reconocer a cargo de los deudores del Tesoro. De esta responsabilidad se descargan con los reconocimientos hechos directamente por ellos o por medio de sus agentes, hasta donde aquellos alcancen.

b). Por el total de los reconocimientos hechos por ellos o sus agentes. De esta responsabilidad se libran por los cobros efectuados hasta la suma a que éstos asciendan.

c). Por el total de las cantidades recaudadas por ellos. De esta responsabilidad se exoneran por el hecho comprobado de enterar en la caja de su cargo, o en la oficina de que dependan, el total de lo cobrado.

La responsabilidad de que trata el aparte a) del Artículo anterior sólo tiene lugar en el caso de que la falta de conocimiento provenga de omisión, negligencia o error de liquidación de parte del Recaudador o de su agente.

La responsabilidad de que trata el aparte b) del Artículo 252 se suspende en sus efectos siempre que el Recaudador compruebe que, no habiendo pagado el deudor lo reconocido a su cargo, se han practicado contra él o sus fiadores las diligencias legales.

Cesa del todo en sus efectos dicha responsabilidad, siempre que el Recaudador, compruebe que, habiéndose practicado debidamente y en tiempo oportuno aquellas diligencias, el deudor y sus fiadores resultaron insolventes; pero la responsabilidad subsiste si el Recaudador no exigió del deudor las cauciones necesarias, si le competía hacerlo, o no hizo las gestiones de cobro en tiempo oportuno, o no dio parte a quien correspondía para que procediera contra el deudor o los fiadores.

Reconocido por un Recaudador un crédito a favor del Tesoro, debe ser éste cubierto en la oficina de aquel, salvo que la ley, como en el caso contemplado por el Artículo 158, o el Gobierno, autoricen al deudor para cubrirlo en otra; pero el abono respectivo debe hacerse en la oficina reconocedora.

Los créditos a favor del Tesoro devengan intereses a la rata del 12 por 100 anual desde el día en que son exigibles hasta aquel en que se verifica el pago.

Los créditos activos del Tesoro se extinguen:

a). Por el pago efectivo.

b). Por prescripción de treinta años; y

c). Por la llegada del caso de que no haya persona legalmente responsable ni cosa alguna que pueda perseguirse para el pago.

La declaración administrativa referente a la extinción del crédito en el caso primero corresponde al Recaudador; en el segundo, al Gobierno, en cumplimiento de la sentencia que declare la prescripción, y en el tercero, a la Corte de Cuentas, en Sala de Acuerdo.

Los Recaudadores tienen jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos a favor del Tesoro, reconocidos por ellos. También la tienen por comisión de la Corte de Cuentas o de otros Recaudadores, con subordinación a los reglamentos expedidos por el Gobierno.

Los Recaudadores tienen el deber de llevar la cuenta comprobada de todas sus operaciones, conforme a los reglamentos de la Contabilidad General, y el de rendirla mensualmente y al fin del período fiscal, como se dispone en este Código.

Por regla general, ninguna erogación del Tesoro es válida si no concurren las siguientes circunstancias:

a). Que en el Presupuesto haya sido apropiada la partida correspondiente, o que el Gobierno haya abierto el correspondiente crédito dentro de los límites trazados por los Artículos 217 a 232.

b). Que el Liquidador respectivo haya hecho el reconocimiento del crédito a cargo del Tesoro.

c). Que el Ordenador haya expedido la orden de pago correspondiente; y

d).Que el Pagador verifique éste con arreglo a la orden respectiva.

No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, los pagadores de fuera de la capital de la República pueden hacer pagos en los términos prevenidos en el Artículo 278.

Cualquiera erogación que se haga sin los requisitos expresados en los Artículos 260 y 278, es indebida, y de su monto son responsables el liquidador, o el ordenador, o el pagador, o el primero y el tercero, o el segundo y el tercero, o todos tres, según el caso.

El reconocimiento de un crédito contra el Tesoro se hace por el Ministerio respectivo sobre las nóminas, cuentas de cobro u otros documentos en que se funde el derecho de los acreedores, de acuerdo con los reglamentos correspondientes y previa la liquidación del caso, salvo lo dispuesto en el Artículo 278.

La ordenación se hace por el Ministerio del Tesoro de acuerdo con lo que previene el Artículo 245, también sin perjuicio de lo que expresa el Artículo 278.

La responsabilidad del Ministro del Tesoro, como ordenador, no tiene cabida sino cuando se aparta en la ordenación del reconocimiento practicado por el respectivo Ministro liquidador.

El primero puede hacer al segundo observaciones acerca de la legalidad del reconocimiento, pero en ningún caso le es permitido abstenerse de expedir la orden de pago, si el liquidador insiste.

Cuando se presente a un pagador una orden ilegal debe abstenerse de pagarla, y hacer por escrito al ordenador las observaciones del caso.

El último, una vez enterado de tales observaciones, debe pasarlas inmediatamente al liquidador para que las examine y manifieste si insiste o no en el reconocimiento.

En caso de inasistencia, el expediente vuelve al pagador, quien, si no halla fundada tal insistencia, debe pasarlo a la Corte de Cuentas, para que ésta decida, en Sala de Acuerdo, dentro del término de tres días, si es o no el caso de cubrir la orden.

Si la observación del pagador no se refiere al reconocimiento del Ministro liquidador, sino a la ordenación, el Ministro del tesoro puede insistir y en ese caso se procede en la forma prevenida en el inciso precedente.

No debe cubrirse orden de pago que no corresponda a una carta de aviso del ordenador, acompañada de los respectivos comprobantes.

La responsabilidad del pagador no queda a salvo con las órdenes cubiertas por él, si en tales órdenes no aparecen los recibos suscritos por los respectivos interesados.

Los créditos a cargo del Tesoro se extinguen:

a). Por pago efectivo; Y

b). Por prescripción de diez años, la cual se interrumpe por gestión administrativa, o por demanda legalmente notificada.

El Estado tiene un plazo hasta de diez días para el reconocimiento de los créditos a cargo del Tesoro; uno igual, para la expedición de la orden de pago, y otro hasta de treinta días, para que este se verifique por el pagador con el cual se gire aquella.

Vencido el último plazo, si el pagador no tiene en caja la suma necesaria para cubrir la orden, debe solicitar inmediatamente del Ministerio del Tesoro, si el acreedor lo exige, la emisión de la cantidad necesaria en vales del Tesoro, operación que debe hacerse dentro del término de diez días, contados desde el siguiente a la solicitud del pagador.

La falta de dinero en caja se comprueba con la respectiva situación o relación diaria, que debe publicarse conforme a lo dispuesto en el Artículo 277.

Si se trata de pagos que deben hacerse fuera de la capital de la República, el pagador respectivo, expirado el término de veinte días, contados desde el siguiente al del reconocimiento, gira contra la Tesorería General una libranza, a la vista, por el valor del crédito, si así lo exige el acreedor.

Presentada la libranza a la Tesorería, si ésta no tiene fondos disponibles en caja, se procede como en el caso del Artículo anterior.

Los vales del Tesoro ganan el interés del 6 por 100 anual desde la fecha de su emisión, y son de obligatorio recibo en el 10 por 100 de los pagos que deben hacerse al Tesoro Nacional, a cualquier título.

Los vales del Tesoro se expiden en series numeradas y seguidas y se emiten de conformidad con los reglamentos dictados por el Gobierno.

El Gobierno puede recoger cantidades de vales del Tesoro por su orden de antigüedad de emisión, previo aviso dado al público, con sesenta días de anticipación, en el Diario Oficial, en que se expresen las series y números de los que han de amortizarse.

El aviso publicado en el Diario Oficial debe transmitirse por circular telegráfica a los Gobernadores, para que le den la mayor publicidad posible.

Vencido dicho término, los vales del Tesoro a que el aviso se refiere, que no se presenten a la Tesorería General de la República para su amortización, dejan de ganar intereses, circunstancia que debe expresarse en el referido aviso.

La Tesorería General de la República es, al propio tiempo, oficina recaudadora y pagadora.

Todas las demás oficinas nacionales de manejo le están subordinadas en los términos establecidos en este Capítulo.

El Tesorero General de la República, independientemente de las funciones que en general le corresponden, como recaudador y pagador, tiene las siguientes:

a). Ejecutar las operaciones necesarias para que los fondos percibidos por los Recaudadores se distribuyan entre los pagadores, de modo de asegurar el pago oportuno de los créditos a cargo del Tesoro.

2. Emitir y amortizar los documentos de deuda pública, de acuerdo con las leyes y los decretos reglamentarios.

c). Publicar diariamente en el Diario Oficial la situación o relación de las operaciones de caja; y

d). Las demás que se le impongan por leyes especiales o decretos reglamentarios.

Los pagadores residentes fuera de la capital de la República están autorizados para liquidar, reconocer y pagar los gastos periódicos del servicio público, dentro de los límites del Presupuesto, sobre las nóminas que se les presenten, visadas por la primera autoridad política del lugar en donde ejercen sus funciones, o sobre cuentas de cobro debidamente aparejadas.

Si se trata de erogaciones extraordinarias, tales pagadores necesitan, para hacerlas, de autorización especial del Ministerio del Tesoro.

Practicado por el pagador el reconocimiento de que trata el Artículo anterior, se debita por el monto de la erogación la cuenta del Tesoro, con crédito al capítulo respectivo del presupuesto, y luego, al efectuar el pago, se debita al capítulo con crédito a caja.

Dentro de los primeros cinco días de cada mes dichos pagadores deben remitir al Ministerio respectivo y a la Tesorería General de la República sendas relaciones de los pagos hechos, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos anteriores, relaciones que deben ir detalladas por los capítulos, Artículos y parágrafos del Presupuesto que hayan sido afectados.

Dichos pagadores, al rendir sus cuentas a la Corte del ramo, deben remitir a ésta los comprobantes de tales relaciones.

Recibidas éstas en las Secciones de Contabilidad de los respectivos Ministerios, se hacen en los libros los asientos del caso, y si el Ministro observa que se han hecho por el pagador erogaciones no autorizadas, debe avisar inmediatamente a la Corte de Cuentas para que ésta haga las observaciones y deduzca la responsabilidad a que haya lugar.

Los empleados de manejo dirigen las oficinas a su cargo con sujeción a estos principios:

a). Unidad de responsabilidad.

b). Unidad de caja; y

c). Unidad de cuenta.

La unidad de responsabilidad consiste en que ésta recaiga sobre el empleado de manejo a cuyo cargo está la oficina, respecto de cualquiera falta que en ella se note, salvo el derecho que a él le queda para repetir contra cualquier subalterno por fraude o malversación comprobada, y el que se resérvale Estado para proceder contra los subalternos en caso de que a éstos les sea imputable la falta.

Cuando la ley o el reglamento exijan la intervención de dos o más empleados de manejo en una operación, la responsabilidad por ésta pesa solidariamente sobre todos ellos.

La unidad de caja consiste en la obligación impuesta al empleado de manejo, de considerar todos los caudales a su cargo como formando un solo acervo, al cual debe llevarse una sola cuenta, cuyo saldo represente la existencia en dinero.

La unidad de cuenta consiste en la obligación impuesta al empleado de manejo, de describir diariamente, en un libro de cuenta y razón, las operaciones verificadas en su ofician, auxiliado, para los pormenores, por libros de clasificación, cuyas descripciones necesariamente tienen que pasarse en conjunto al libro general.

Para ser empleado de manejo es preciso gozar de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal o a la privación o suspensión de un empleo público, no haber sido calificado por sentencia ejecutoriada como quebrado fraudulento o culpable y no ser deudor moroso del Tesoro.

Tampoco puede ser empleado de manejo quien, habiéndolo sido en otro tiempo, resultó alcanzado en sus cuentas, aun cuando los alcancen hayan sido condonados o declarados prescritos o no haya rendido sus cuentas oportunamente, aunque de esa responsabilidad hubiere sido eximido.

El individuo nombrado en propiedad empleado de manejo debe comprobar, dentro del término que tiene para manifestar su aceptación, que reúne las condiciones de que trata el Artículo anterior, con una certificación de la Corte de Cuentas y con una información sumaria de testigos, hábiles, tomada con intervención del Ministerio Público.

Es deber del Magistrado o Juez que reciba las declaraciones y del Agente del Ministerio Público que las presencie, hacer a los testigos todas las preguntas que su buen juicio les sugiera, para el esclarecimiento de la verdad.

Presentada la prueba al Ministerio que hizo el nombramiento, se confirma éste por medio de un decreto motivado, en el caso de que aquel la encuentra satisfactoria.

En el caso contrario, el Ministerio puede ordenar las ampliaciones que juzgue necesarias, o abstenerse de confirmar el nombramiento.

Dictado el decreto de confirmación del nombramiento, el empleado debe prestar una caución, consistente en prenda o hipoteca, que asegure su manejo.

El valor de los bienes dados en caución debe ser doble del de la cantidad que se asegura con ésta, para acreditar lo cual se debe practicar un avalúo, por tres peritos nombrados por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, o por la autoridad a quien éste comisione.

Si se trata de una hipoteca, es preciso, además, que sobre los títulos y el certificado de propiedad y libertad, expedido por el Registrador de instrumentos públicos respectivo, dé concepto favorable el mismo Tribunal, o la autoridad a quien este comisione.

La caución se presta por escritura pública, y se acepta por el Ministro respectivo, o por el empleado que éste comisione al efecto.

Si se trata de una prenda, constituida ésta, debe depositarse en la oficina pública o establecimiento de crédito que designe el Ministro.

Copia de las escrituras de caución debe ser remitida a la Corte de Cuentas.

Si es urgente que el empleado de manejo tome posesión de su destino, y no puede dar prontamente la caución real de que tratan los Artículos anteriores, el Ministro puede admitir provisionalmente, hasta por noventa días, que se asegure el manejo del empleado con una fianza, prestada en escritura pública, por dos personas que reúnan las condiciones que, para ser admitidos como fiadores, exige el Código Civil, y que renuncien el beneficio de excusión.

Lo dispuesto en el Artículo anterior, debe practicarse cuando, por motivo de urgencia, y mientras toma posesión el empleado titular, sea preciso hacer una designación en interinidad, caso en el cual puede prescindirse también dela presentación de pruebas y confirmación del nombramiento, de que tratan los Artículos 287 y 288.

El Ministro, o el empleado que éste comisione al efecto, que no exija las cauciones de que se trata, o que las admita en condiciones distintas de las expresadas, se hace responsable solidariamente con el empleado por el alcance que contra éste se deduzca, hasta concurrencia de la cantidad señalada como monto de la caución.

Los empleados de manejo que deben desempeñar sus funciones fuera de la capital de la República y no pueden tomar posesión el Ministerio respectivo, deben prestar la caución y posesionarse ante el empleado que designe el Ministro.

El empleado de que trata está sujeto a la responsabilidad establecida en el Artículo 293, si no se conforma en la aceptación de las cauciones a lo establecido en los Artículos 289, 290 y 294.

El monto de las cauciones de los empleados de manejo que sean Jefes de oficina se señala por decretos ejecutivos, previo dictamen del Consejo de Ministros.

La cancelación de la fianza de que trata el Artículo 291 debe hacerse por el Ministro o el empleado que éste comisione, o por el funcionario que la aceptó, cuando se preste la caución real que debe reemplazarla.

En los demás casos no puede cancelarse una caución mientras el empleado de manejo no haya cesado en el ejercicio de su cargo y exhibido al respectivo Ministro el finiquito de sus cuentas.

El Ministro que haga u ordene hacer una cancelación fuera de las condiciones establecidas, se hace responsable solidariamente con el empleado respectivo por el alcance que contra éste se deduzca, hasta concurrencia de la cantidad señalada como monto de la caución.

Los empleados de manejo que sean jefes de oficina pueden exigir a sus subalternos las cauciones que juzguen necesarias, por medio de resoluciones sometidas a la aprobación del Gobierno; esto para que puedan hacerse efectivos los derechos contra tales subalternos, de que trata el Artículo 283 y sin perjuicio del principio de unidad de responsabilidad establecido en el mismo Artículo.

El subalterno que deje el destino y no resulte alcanzado en sus cuentas, tiene derecho a exigir al Jefe de la oficina que le cancele la caución.

La verificación del presupuesto, o sea la comprobación de la fidelidad de su ejecución y la consiguiente deducción de responsabilidad de los empleados de que trata el Artículo 242, se hace por tres vías: la administrativa, la contencioso administrativa y la legislativa.

Todos Los responsables del Erario deben llevar cuenta comprobada de su administración, día por día, así: los recaudadores, de los reconocimientos que hagan de los créditos a favor del Tesoro Nacional y de las sumas percibidas por ellos como ingresos; los liquidadores, de los reconocimientos que hagan de los créditos pasivos del Tesoro Nacional; el ordenador, de las órdenes de pago, que expida y los pagadores de los fondos que manejen.

Cuando un empleado es al propio tiempo recaudador y pagador, debe llevar las cuentas que, respectivamente, corren a su cargo en aquel doble carácter.

En las respectivas cuentas de reconocimientos de los Ministerios deben incorporarse los practicados fuera de la capital de la República por los empleados de que trata el Artículo 278.

En el Ministerio del Tesoro se lleva la cuenta general del Presupuesto y del Tesoro, en la cual se incorporan metódicamente todas las que se refieren a las operaciones efectuadas por los responsables del Erario.

La teneduría de las cuentas de que trata este capítulo debe ajustarse en la forma a lo que prescriba el Reglamento orgánico de la Contabilidad, sobre estas bases:

a).Cada partida debe corresponder a un comprobante.

b).Cada día deben sentarse las partidas correspondientes a las operaciones realizadas, de manejo que en cualquier momento pueda verificarse la conformidad de los asientos, ya con las existencias en caja, ya con los elementos de otra clase a que respectivamente se refieran.

La verificación administrativa del Presupuesto se realiza permanentemente por los siguientes medios:

a). Por la incorporación de las cuentas de los diferentes responsables del Erario en las oficinas superiores y especialmente en la Dirección de la Contabilidad General.

b). Por las visitas mensuales que los Jefes de las Oficinas superiores deben practicar en las inferiores de la misma localidad.

c). Por las visitas extraordinarias que los mismos Jefes deben practicar en esas oficinas cuando lo crean conveniente, y especialmente, cuando reciban aviso de que se está cometiendo o se ha cometido o se teme que se cometa en ella alguna irregularidad.

d). Por las visitas mensuales que debe practicar la primera autoridad política de cada lugar en las oficinas de manejo nacionales que en él existan; y

e). Por las visitas extraordinarias que en tales oficinas deben practicar las respectivas primeras autoridades políticas en los casos previstos en el aparte c) del presente Artículo.

También se realiza la verificación administrativa del Presupuesto por medio de empleados especiales que se denominan Visitadores Fiscales.

Estos se nombran por el Gobierno, cuando lo estime conveniente, en el número que juzgue necesario y con la dotación que tenga a bien señalarles, subordinada a la correspondiente partida del Presupuesto.

tanto los empleados de que trata el Artículo 306, como los Visitadores Fiscales a que se refiere el anterior, tienen las siguientes funciones:

a). Exigir a los Jefes de las oficinas que visiten y a los subalternos respectivos la exhibición de los libros y documentos de la cuenta, así como las existencias de los valores a su cargo.

b). Pedir a los mismos todos los informes necesarios para la verificación de la cuenta y de la caja.

c). Practicar el arqueo de ésta.

d). Suspender y reemplazar provisionalmente al Jefe de la oficina que visite, por medio de una resolución motivada, que ha de someter inmediatamente a la censura del Gobierno, por telégrafo, en el caso de que el empleado resida fuera de la capital, cuando lo encuentre culpado de malversación o fraude, ya porque la existencia en caja no concuerde con la que acuse la cuenta, o esté representada de manera distinta de la prescrita por la ley, ya porque aquella no esté bien llevada, ya porque haya dejado de hacer reconocimientos de ingresos del Tesoro, ya porque haya hecho pagos ilegales, o por otra causa semejante.

e). Suspender y reemplazar provisionalmente al subalterno o subalternos de la oficina que encuentre culpados de malversación o fraude, caso en el cual debe dar el aviso de que trata el aparte d).

f).Dar cuenta al Gobierno de cualquiera irregularidad que, no siendo de tanta importancia como las de que tratan los apartes anteriores, deba ser corregida.

g). Cotejar el libro de cuenta y razón con la copia de éste que mensualmente debe remitir el responsable a la Corte de Cuentas, y suscribir dicha copia una vez cotejada; y

h). Las demás que leyes especiales o decretos reglamentarios les impongan.

De toda visita debe extenderse una diligencia en dos libros: el uno, que queda en la oficina visitada, y el otro, que conserva el empleado que la practica.

El visitador debe remitir, por el correo inmediato, sendas copias de esta diligencia al Ministerio de que dependa la oficina visitada, y a la Corte de Cuentas.

En tal diligencia debe hacerse constar todo lo que el visitador y el visitado estimen conducente, y en todo caso, lo que sigue:

a). El movimiento de caja desde la última visita y la existencia de ésta.

b). La oportuna o morosa rendición de las cuentas.

c). El estado de los libros.

d). El cumplimiento que se haya dado a la obligación de enviar las relaciones de pagos de que trata el Artículo 280, y los demás documentos que prescriba el Reglamento de Contabilidad; y en resumen,

e). Todo lo que tienda a mostrar que en la oficina visitada se cumplen o no las leyes y reglamentos y se administran o no, con pulcritud, los intereses nacionales a su cargo.

En la primera visita que practique cada uno de los empleados de que tratan los Artículos 306 y 307, debe hacerse el inventario de los muebles y enseres de la oficina y, en las siguientes se debe rectificar aquel y anotar en la respectiva diligencia las diferencias que se noten.

Si el empleado que practica una visita encuentra que no sólo se han cometido faltas que deban corregirse administrativamente, sino ejecutando hechos o incurrido en omisiones que den lugar a una investigación criminal, debe proceder a instruir el sumario correspondiente, conforme a las disposiciones del Código Judicial, si es funcionario de instrucción, o a pasar copia de lo conducente a uno que lo sea, para lo de su cargo.

Los empleados de que tratan los Artículos 306 y 307, que suscriban una acta de visita sin haber practicado personalmente las diligencias prevenidas en el Artículo 308, se consideran responsables del delito de falsedad.

La verificación contencioso administrativa se hace por la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo del ramo, en los términos expresados en este capítulo.