Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 035 de 2013 cámara 28 de 2013 senado
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 035 DE 2013 CÁMARA, 28 DE 2013 SENADOPONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN COMISIONES ECONÓMICAS CONJUNTAS AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 035 DE 2013 CÁMARA y 28 DE 2013 SENADOpor la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.Doctores:
Doctores:
HERNANDO CÁRDENAS CARDOZO
Presidente Comisión Cuarta
Honorable Cámara de Representantes
ABRAHAM MUSA BESAILE FAYAD
Presidente Comisión Cuarta
Honorable Senado de la República
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente Comisión Tercera
Honorable Cámara de Representantes
ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
Presidente Comisión Tercera
Honorable Senado de la República
Honorables Presidentes:
Atendiendo la honrosa designación que se nos ha hecho, y en cumplimiento del mandato constitucional y de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) y por la Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir ponencia para primer debate en las Comisiones Económicas Conjuntas del Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de Representantes del Proyecto de ley número 035 de 2013 Cámara y 028 de 2013 Senado, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.
1. FIJACIÓN DEL MONTO DEFINITIVO DEL PGN 2014
El pasado 26 de julio, dentro del plazo señalado por el artículo 346 de la Constitución Política[1][1], el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Hacienda y Crédito Público, puso a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2014, por un valor total de $199,9 billones.
Para abordar el análisis del proyecto, los miembros de las Comisiones Económicas estudiamos y debatimos con prioridad el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2013 (MFMP), presentado por el ejecutivo el 14 de junio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 819 de 2003, o Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal[2][2].
Con el mismo fin, en sesión conjunta de las Comisiones Económicas, el pasado mes de agosto atendimos la exposición del Gobierno Nacional, representado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas, y el director del Departamento Nacional de Planeación, quienes se refirieron a los aspectos más importantes del proyecto de ley.
En su intervención, el Ministro Cárdenas expresó su confianza en el comportamiento de la economía colombiana. A pesar de que se mantiene la incertidumbre sobre las posibilidades de crecimiento de la economía europea y sobre la fortaleza con que pueda darse la recuperación de la de los Estados Unidos, sin embargo, el Ministro reiteró que se cuenta con los instrumentos de política para hacer frente a esta situación. Es más, desde el pasado mes de abril se puso en marcha el Plan para Impulsar la Productividad y el Empleo (PIPE). Se prevé que su ejecución, que irá hasta el año 2015, permitirá crear las condiciones para mejorar la productividad y competitividad del país en el marco de la implementación de los diferentes tratados de libre comercio suscritos por el Gobierno Nacional. El Ministro ha expresado su convencimiento de que el país podrá contrarrestar los efectos adversos que puedan presentarse por la desaceleración de las economías avanzadas y de las emergentes más importantes. Los buenos resultados del segundo trimestre de 2013, de acuerdo con lo informado por el DANE, así lo confirman.
Al justificar su propuesta de gasto, el Ministro Cárdenas fue enfático en defender la importancia de cumplir las metas fiscales ordenadas por la Ley 1473 de junio de 2011, que establece una Regla Fiscal al Gobierno Nacional Central, GNC. Esta regla dispone que el balance estructural del GNC sea en 2014 de 2,3% del PIB, o menos; llegue a 1,9%, o menos, en 2018, y baje al 1,0%, o menos, en 2022.
En sesión de comisiones, también tuvimos la oportunidad de escuchar la intervención del Gerente General del Banco de la República, doctor José Darío Uribe, y de otros funcionarios del orden nacional. En estas sesiones, la señora Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli, así como algunos honorables Congresistas, miembros de las comisiones económicas, expresaron sus inquietudes respecto al monto y contenido del PGN, las disposiciones generales y otros temas relacionados con el uso y gestión de los recursos públicos, recibiendo, en todos los casos, las explicaciones correspondientes de los representantes del Gobierno Nacional. De igual manera, el gerente del Banco Central expuso su visión de las perspectivas de la economía colombiana en 2013, y explicó las razones por las que esa institución redujo desde finales de julio sus previsiones sobre crecimiento económico en el presente año, del 4,5% inicial al 4% actual.
Otras comisiones constitucionales, en cumplimiento del artículo 4° de la Ley 3ª de 1992[3][3], han mostrado un interés encomiable por analizar los asuntos de su competencia en el contexto del proyecto de presupuesto de 2014. Para hacerlo, han citado a los responsables gubernamentales de las áreas respectivas. Hemos recibido con interés sus informes y recomendaciones sobre el proyecto de ley. Así mismo, hemos contado con la activa participación del Director General del Presupuesto Público Nacional, doctor Fernando Jiménez, en su función de asesoría al Congreso para el estudio de este proyecto de ley, como lo dispone el artículo 61 del EOP[4][4].
El resultado de estas actividades nos ha permitido complementar y contrastar la información contenida en el Mensaje del Presidente de la República y del Ministro de Hacienda y Crédito Público que acompañó la entrega del proyecto de ley en mención, lo cual ha proporcionado elementos adicionales de análisis, muy importantes para el estudio y evaluación de las implicaciones económicas y sociales del presupuesto, y para plantear alternativas que contribuyan a que las propuestas del ejecutivo, entre ellas las relacionadas con el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades sociales, se traduzcan en resultados positivos en la ejecución presupuestal de la próxima vigencia fiscal.
En la evaluación correspondiente, los ponentes hemos manifestado nuestra conformidad con lo expresado por el Ministro y consideramos que es la suya una actitud fiscalmente responsable. En este sentido, estamos de acuerdo en que es razonable y prudente la solicitud ministerial sobre la conveniencia, en las circunstancias actuales, de no introducir modificaciones al PGN que afecten el cumplimiento de la mencionada Regla Fiscal, especialmente, si consideramos, además, que el gerente del Banco de la República, y otros muy importantes analistas, han expresado sus dudas respecto a que se alcance en 2013 la tasa de crecimiento económico estimada por el Gobierno Nacional (4,5%), lo cual, también afectaría las previsiones para 2014.
De igual manera, los ponentes hemos sido claros en señalarle al Ministro de Hacienda que más allá del proyecto presentado por el gobierno el pasado 26 de julio, también debe considerarse la aparición de nuevos elementos que, sin la menor duda, tendrán un gran impacto en materia presupuestal en los próximos años, los cuales ameritan un análisis muy detenido y decisiones en el muy corto plazo, para que, sin afectar las metas que establece la Regla Fiscal, se adopten las medidas más apropiadas que permitan atender una situación que, en los actuales momentos, es de la mayor urgencia e importancia para los colombianos.
En efecto, los ponentes le hemos expresado al Ministro Cárdenas nuestra preocupación por la situación social por la que atraviesa el país. Diversos sectores de la vida nacional han manifestado su insatisfacción con las políticas gubernamentales, o la ausencia de ellas. Camioneros, maestros, estudiantes, pequeños mineros que desarrollan su actividad de manera ilegal o informal, indígenas, campesinos y otros participantes vinculados al sector agropecuario exigen, en cada caso, la solución a muchos de los problemas que afectan sus vidas y su sector de actividad, incubados, la mayoría de ellos, desde hace mucho tiempo. En algunos casos, se ha llegado a acuerdos entre manifestantes y sus representantes, y el Gobierno Nacional, como ocurre, por ejemplo, con los mineros, los miembros del sector transporte y los maestros. En otros, como en el caso del campesinado y del sector agropecuario, las soluciones muestran un horizonte que va más allá del corto plazo.
La movilización campesina ha dejado al descubierto la situación de abandono en que se encuentra sumido el agro colombiano y la falta de una política de Estado para el sector. No es una crisis que haya surgido de un momento a otro. Su origen se puede datar en decenios. Estamos en presencia de una crisis estructural del agro colombiano que exige una respuesta del mismo tipo. Así se lo hemos manifestado con mucha claridad al Gobierno Nacional y al Ministro Cárdenas. Es el momento que se ponga en marcha una política agropecuaria que realmente les sirva al campo y a los campesinos colombianos, que integre lo legislativo, con lo regulatorio y lo presupuestal; que, en otras palabras, se vuelque en apoyo al sector agrario. Como en ocasiones anteriores, el Congreso de la República ha manifestado su entera disponibilidad y colaboración para adelantar esta tarea.
Celebramos que el Gobierno Nacional, con el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, haya reconocido la justeza de la movilización campesina, el carácter estructural de la crisis del sector agropecuario y la necesidad de construir entre todos una nueva política agropecuaria como la que busca formular mediante el Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, cuyo contenido real deberá definirse y acordarse rápidamente con la participación de todos aquellos...
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