Informe de Ponencia Para Primer debate al Proyecto de Ley 121 de 2013 Senado
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN COMISIÓN QUINTA DEL SENADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 121 DE 2013 SENADO por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas. Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2013
Honorable Senadora
MARITZA MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL
Presidente
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer debate en Comisión Quinta del Senado al Proyecto de ley número 121 de 2013 Senado, por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas.
Señora Presidente:
En cumplimiento de la función asignada por la Mesa Direc tiva de la Comisión, rendimos informe de ponencia para primer debate en Comisión Quinta del Senado al Proyecto de ley número 121 de 2013 Senado, por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas, con base en las siguientes consideraciones:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Antecedentes
Con el liderazgo de la Asamblea del departamento de Antioquia y con el respaldo de otros diputados de Colombia, fue presentada ante el Congreso de la República esta iniciativa de legislación popular para reformar el código minero colombiano.
Los insumos, para construir este proyecto de reforma al código minero, se recogieron en tres foros sobre minería realizados este año en la Asamblea de Antioquia. En estos espacios participaron líderes de los pequeños y medianos mineros de Colombia, dirigentes gremiales, representantes de la gran minería, estudiosos de la materia, líderes políticos y funcionarios del Gobierno; todos con diversos planteamientos en torno a la actividad extractiva en Colombia.
Los diputados tramitaron con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la recolección y certificación de apoyos, consiguiendo así 159 firmas de diputados a nivel nacional, que equivalen al 30% exigido por la constitución y la ley.
El día 25 de noviembre de 2013, mediante Oficio 31212013, la Comisión Quinta Constitucional Permanente me designó Ponente en el Proyecto de ley número 121 de 2013 Senado, por medio de la cual se reforma el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.
La meta de los diputados fue construir un código que propicie la participación equitativa de los pequeños y los medianos mineros y que desarrolle de manera integral los aspectos sociales, económicos, ambientales, tributarios y legales de la minería, y consideraron conveniente presentar un proyecto de ley para ser sometido a la consideración del Congreso de la República, con el fin de modificar, ajustar y articular un grupo de normas del Código de Minas.
2. Trámite
Una iniciativa popular legislativa y normativa es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que estos sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Este mecanismo de participación se encuentra estipulado en el artículo 2° de la Ley 134 de 1994 (Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana) y reglamentado por los Capítulos I, II y III, artículos entre el 10 y el 31 de dicha ley.
Se habla de iniciativas legislativas cuando se refiere a leyes o actos legislativos que le conciernen por su carácter nacional al Congreso de la República.
La ciudadanía puede hacer el trámite para una iniciati va popular legislativa normativa porque este mecanismo se desenvuelve en el marco de los derechos políticos consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, que contempla, entre otros, el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Además, la iniciativa hace referencia a puntos específicos de los derechos políticos como se establece con precisión en los numerales 2 y 5 del artículo 40 de Constitución colombiana.
Cuando las iniciativas populares legislativas y normativas promovidas por concejales o diputados sean de ley, requerirán de un respaldo del treinta por ciento (30%) de los concejales o diputados del país.
El proyecto de ley da respuesta a una serie de requerimientos presentados en la aplicación del Código vigente actual y es el resultado del análisis de las normas vigentes en materia minera, con el fin de actualizarlos y armonizarlos a los requerimientos de una institucionalidad moderna y competitiva.
La necesidad de este proyecto, encuentra su justificación en el proceso actual de modernización de la economía, a la profundización en la apertura de mercados a escala global, y con ocasión de la necesaria consolidación de los pequeños y medianos mineros, en empresarios con capacidad real para aprovechar y consolidar las oportunidades de progreso económico y social evitando una indebida congelación de áreas mineras.
Con este proyecto de ley se pretende avanzar en tal sentido y, al efecto, se han identificado los siguientes temas estratégicos que apuntan hacia la actualización de aspectos centrales de la política minera en Colombia:
¿ Reservas Especiales
¿ Ordenamiento territorial minero
¿ Concesiones concurrentes
¿ Prórrogas
¿ Programa de trabajos y obras
¿ Integración de áreas
¿ Caducidad
¿ Autorización temporal
¿ Necesidad de los Bienes
¿ Licencia Ambiental
¿ Requisito Ambiental
¿ Estudios y licencias conjuntas
¿ Canon superficiario
¿ Transferencia de tecnología
¿ Presentación de la propuesta
¿ Requisitos de la propuesta
¿ Objeciones a la propuesta
¿ Rechazo de la propuesta
¿ Póliza minero-ambiental
¿ Procedimiento administrativo para las servidumbres
¿ Derechos y cuotas de la autoridad minera
¿ Actos sujetos a registro
¿ Corrección y cancelación
¿ Distritos mineros especiales
¿ Responsabilidad social empresarial
Del mismo modo la Reforma ha contemplado la derogación de algunos artículos y una declaratoria de No Aplicabilidad de la Reforma a las comunidades étnicas.
3. Consideraciones
3.1 Consideración inicial de los ponentes
Los honorables Senadores Ponentes consideramos que es procedimentalmente pertinente iniciar el estudio en primer debate de este proyecto de ley, para lo cual se hace entrega de la presente exposición de motivos, junto con el correspondiente Pliego de Modificaciones y el Texto de Articulado propuesto.
3.2 Consideraciones Generales
La minería contemporánea se desarrolla a menudo en zonas rurales de extrema pobreza con estancamiento económico, falta de oportunidades de empleo y un capital social débil y poco desarrollado. Por tanto las comunidades locales buscan obtener beneficios e ingresos económicos inmediatos con base a su relación con la mina, a pesar de su opinión negativa sobre la misma.
En la década de los años 90 se presentó un incremento significativo de exploración, producción y exportación de minerales. La inversión en exploración a nivel mundial aumentó 90% y se multiplicó cuatro veces en América Latina entre 1990 y 1997, vale la pena significar que por ejemplo en Perú creció 20 veces.
Colombia ha logrado resultados positivos en el sector minero tanto en el ámbito de la producción empresarial como en el marco institucional. La producción de los mayores componentes de la canasta minera colombiana ¿carbón, níquel, esmeraldas y oro¿ han presentado significativos incrementos, reflejados también en el valor de las exportaciones.
La contribución de la minería al PIB fue destacada, con un crecimiento del 33,6% respecto del año 2002, siendo el segundo factor de mayor contribución al crecimiento económico del país.
La Ley 685 de 2001 completó la reestructuración de la institucionalidad minera, la cual como política de Estado busca hacer más eficiente la función pública y reducir sus costos de funcionamiento. En el caso minero, la nueva estructura fue más allá de una simple reducción de gastos, puesto que buscó priorizar y concentrar esfuerzos en actividades más acordes con el espíritu y los propósitos del Código de Minas (Estado facilitador y fiscalizador, mas no empresario), persiguiendo una coherencia más estrecha con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Minero al 2014.
Entre los principios que enmarcan esta política se destacan: la propiedad estatal sobre los minerales del suelo y del subsuelo; el nuevo papel del Estado como facilitador y no empresario; el énfasis en la fiscalización de las obligaciones de los concesionarios; el propósito de elevar productividad y competitividad del negocio minero; el desarrollo de una minería económica y ambientalmente sostenible; la autonomía del sector privado para adelantar las labores de exploración y explotación, así como la simplificación en las relaciones entre el Estado y los particulares.
El nuevo escenario minero demanda hoy empresas competitivas, que avancen con el apoyo de un sector oficial moderno y eficiente, para buscar la integración económica de la actividad a la realidad nacional. En esta tarea del desarrollo minero participan con roles bien caracterizados tres diferentes actores: el Estado como facilitador a través de sus instituciones legislativas, jurídicas y ejecutivas; el sector privado como operador y productor a través de las empresas; y la comunidad minera bien como receptor de la actividad o como productor, por medio de diversas formas asociativas o como sociedad civil en general.
El objetivo fundamental de esta política, en armonía con el actual Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, es mejorar la competitividad del sector minero para generar riqueza y bienestar en la comunidad.
Si bien es cierto los objetivos específicos propuestos por la reforma al Código de Minas se refieren a recuperar y mejorar la confianza del inversionista, mediante el...
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