Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 222 de 2006 senado 353 de 2005 cámara
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 222 DE 2006 SENADO, 353 DE 2005 CÁMARApor medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., abril 19 de 2006
Honorable Senador
JUAN MANUEL LOPEZ CABRALES
Presidente Comisión Tercera del Senado
Rindo la ponencia para primer debate en la Comisión Tercera del Senado, al Proyecto de ley número 222 de 2006 Senado, número 353 de 2005 Cámara, que usted a bien tuvo encomendarme, por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones.
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Aspectos generales
Los factores que integran el problema urbano son diversos. Cada variable puede analizarse separadamente, pero para tener una visión estructural es necesario relacionarla con las otras que conforman la Unidad Urbana. Temas como el transporte masivo urbano y su incidencia en el ordenamiento o reordenamiento de la ciudad; el crecimiento desordenado y carente de planificación de las grandes urbes; las áreas rurales incorporadas al casco urbano; la industrialización de la ciudad; la construcción de obras de infraestructura y dotación de servicios públicos básicos; la vivienda, la salud y la recreación; la creciente urbanización; la contaminación ambiental; la invasión de los espacios públicos, etc., pertenecen al campo de los problemas urbanos.
El desarrollo urbano debe tener presentes tres elementos que se interrelacionan y condicionan recíprocamente: i) La estructura espacial; ii) La urbanización, y iii) La política urbana.
La Estructura Espacial es el sistema de aglomeraciones de población con diferentes tamaños y funciones, vinculados mediante una red de transporte y comunicación.
La tendencia a concentrarse la población en espacios territoriales reducidos, con densidades comparativamente altas y una estructura compleja de organización, se denomina Urbanización.
La línea general de acción que busca incorporar a los planes de desarrollo económico y social a una determinada dimensión espacial, constituye la Política Urbana.
La estructura espacial se configura por el conjunto de urbanizaciones que deben incorporarse a las políticas económicas y sociales impulsadas por el Estado. El proceso de urbanización debe analizarse como la expresión espacial de un sistema productivo y sociopolítico. La intervención del Estado es indispensable para ordenar o reordenar el crecimiento de la ciudad y para proveerla de los medios que incrementen la calidad de vida de sus habitantes.
Existe una estrecha relación entre las políticas socioeconómicas y las políticas urbanas:
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El gobierno central debe estructurar la dinámica que impele el crecimiento del aparato productivo, el desarrollo social y el proceso de urbanización, promoviendo la participación local que permita evaluar el impacto y la forma como es implantada;
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Las decisiones fundamentales económicas, sociales y urbanas deben tomarse por el más alto nivel gubernativo, contando con la participación de la comunidad;
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Es responsabilidad central del gobierno trazar y ejecutar los planes dirigidos a solucionar los problemas de la vivienda de interés social y los servicios públicos;
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El transporte público masivo incide en el aparato de producción, en el costo de la tierra urbana, en la expansión de la ciudad, en las obras de infraestructura, en el crédito externo y, de contera, en la dependencia o independencia de las decisiones que afectan la vida nacional.
Hasta hoy la Política Urbana no ha beneficiado los intereses mayoritarios de la población. El crecimiento económico, por sí sólo, no es el camino para eliminar el desempleo, las desigualdades en el ingreso y las oportunidades de acceso a los servicios. En la competencia de las fuerzas del mercado no está la solución de los problemas económicos, sociales, físicos y ambientales. No es cierto que la urbanización resulta de inversiones en obras de infraestructura, en industrias y en servicios, localizados en función de las ventajas adquiridas por los grupos dominantes.
Son consecuencias de la aplicación de tal Política Urbana:
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Indiscriminada localización de las industrias, destrucción del paisaje natural, contaminación del aire y las aguas, y desacertada eliminación de los residuos;
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Aumento del tráfico automotor, la polución y contaminación ambiental;
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Carencia de servicios públicos e infraestructura social, en zonas habitadas por la población de escasos recursos económicos;
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Déficit de vivienda creciente, sin diseñar planes concretos para solucionarlo;
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Severas dificultades para el transporte y movilidad de la población.
Mientras se continúe ejecutando dicha Política, podemos prever:
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Mayor aislamiento, por incomunicación, entre las áreas urbanas y rurales;
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La demanda de vivienda, infraestructura y servicios básicos continuará insatisfecha;
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El precio de la tierra en el costo general de la vivienda y de la infraestructura social seguirá incrementándose, alejando más a la población trabajadora de los lugares de empleo;
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Importantes secciones de la ciudad serán construidas mediante el esfuerzo personal de sus habitantes;
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La ciudad se expandirá sin las inversiones indispensables;
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Los centros urbanos continuarán creciendo desordenadamente sin límites físicos ni demográficos;
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Los costos de operación de la ciudad continuarán aumentando;
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Marginamiento político, económico y social de amplios sectores de la población;
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Incremento del tráfico vehicular, de la contaminación ambiental, de las dificultades de movilización, y de la inseguridad de los peatones;
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Detrimento de la calidad de vida y aparición de enfermedades fácilmente controlables.
En Colombia, donde no se efectúa una verdadera planificación urbana, el flujo migratorio campo-ciudad se incrementa a diario. El resultado inmediato es el fenómeno expansivo. La estructura urbana está incapacitada para recibir la avalancha humana que llega buscando solución a sus múltiples necesidades.
El transporte ocupa un lugar de excepcional importancia en la cuestión urbana: es un componente que sirve tanto para el ordenamiento como para el reordenamiento territorial; un instrumento que agiliza el crecimiento económico; el nervio central de las principales actividades de la sociedad. La urbanización requiere de un replanteamiento de fondo, de un cambio estructural y no de simples paliativos para superar sus crisis. La acertada adopción de un procedimiento masivo de transporte repercute positivamente en el marco del desarrollo urbano porque controla la densificación, frena el aumento de la contaminación al operar los equipos con electricidad, economiza el consumo de recursos energéticos, posibilita la utilización de fuentes distintas a los hidrocarburos y permite recuperar zonas degradadas social y urbanísticamente.
II. El proyecto de ley y el pliego modificatorio
El proyecto de ley trata temas de importancia trascendental para el desarrollo urbano, la segura movilidad de la población y el mejoramiento de la calidad de vida.
Es pertinente que nos remitamos a la iniciativa original con el objeto de resaltar algunos de sus aspectos significativos, por cuanto consideramos que son de importancia vital para nuestro conglomerado social, a saber: i) La calidad del aire que respiramos; ii) Los tipos de combustibles que utilizamos, y iii) La movilidad de la población.
Dichos factores, integralmente examinados, nos permiten plantear propuestas tendientes a reintroducir temas que, a nuestro juicio, son de interés nacional, como el derecho a respirar un aire que no sea perjudicial para la salud.
La contaminación ambiental, producto de múltiples causas, es hoy una constante en las grandes urbes del mundo entero. Valga recordar la contaminación del aire, del agua, la auditiva y visual, las calles-cloaca, para citar las más visibles.
La viga maestra del proyecto de ley original contiene esencialmente dos propuestas: i) ¿Reducir la creciente contaminación ambiental¿, y ii) ¿Mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades¿.
El proyecto se fundamenta acertadamente en sendas sentencias de la Corte Constitucional: ¿la defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho¿ (C-431/2000). ¿El derecho a la salud y el derecho a la integridad física y moral se fundamentan en el derecho a la vida, el cual tiene su desarrollo inmediato en aquellos¿. (C-587/1992)
Contaminación ambiental y calidad de vida
En Colombia, aproximadamente, el 75% de sus habitantes viven en ciudades y la contaminación ambiental, principalmente del aire, se deriva de los gases y partículas producidas por los combustibles utilizados para la propulsión vehicular. La necesidad de usar medios de transporte que funcionen con ¿combustibles limpios¿, menos contaminantes que la gasolina y el diésel corrientes, constituye una exigencia de la vida urbana actual y un imperativo para elevar la calidad de la salud pública. Por tal razón es preciso reintroducir, sin la menor duda, el inciso primero del artículo 1º, de la iniciativa original, referente al derecho de las personas a respirar un ¿aire que no sea perjudicial para la salud¿. Igualmente el uso de medios de locomoción alternativos al vehículo automotor, tales como el peatonal, la bicicleta, o los impulsados por energía eléctrica, eólica, mecánica, solar, etc., son indispensables para mejorar la calidad del transporte, del aire y de la vida.
En las grandes capitales del país el 70% de la contaminación es producida por fuentes móviles, principalmente por la utilización de ACPM en el transporte público, cuyas emisiones producen una gran contaminación que se evidencia en los NOx y SOx, precursores del ozono y la lluvia ácida, en el dióxido de carbono, el azufre, el plomo, el material particulado que genera enfermedades como el cáncer de los pulmones, el calentamiento global, etc., asuntos que han sido abordados por...
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