Informe de Ponencia Para Primer debate al Proyecto de Ley 223 de 2015 Cámara
por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), y se adicionan los artículos 31 y 52 de la Ley 160 de 1994. Bogotá, D. C., mayo de 2015
Doctor
MARCO SERGIO RODRÍGUEZ MERCHÁN
Presidente
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
E. S. D.
Referencia: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 223 de 2015 Cámara, por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES, y se adicionan los artículos 31 y 52 de la Ley 160 de 1994.
De conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 157 e inciso 4 del artículo 160 de la Constitución Política de Colombia y en el Reglamento del Congreso Ley 5ª de 1992 artículo 150 modificado por el artículo 14 de la Ley 974 de 2005, sometemos a consideración de los honorables Representantes el informe de ponencia positiva para primer debate al proyecto de la referencia en los siguientes términos:
OBJETO DE LA INICIATIVA
El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, presentó a consideración del legislativo el proyecto de ley en mención, como estrategia frente a la problemática de desarrollo económico, social y productivo de zonas aisladas y poco productivas del territorio nacional, que requieren ser desarrolladas y competitivas. A su vez, la honorable Mesa Directiva de la Comisión Quinta Permanente de la Cámara de Representantes tuvo a bien designarnos como ponentes de esta importante iniciativa para el sector rural.
De conformidad con lo anterior, se procede a realizar las siguientes consideraciones respecto del asunto en estudio:
La seguridad alimentaria ha venido ganando espacio en la agenda de los gobiernos del mundo, y su concepto ha ido evolucionando en la medida en que la crisis se ha agudizado.
El concepto que se creó a mediados de los años setenta, cuando la Cumbre Mundial sobre Alimentación realizada en 1974, su definición inicial giraba en torno a: ¿asegurar la disponibilidad y la estabilidad nacional e internacional de los precios de los alimentos básicos, con el objetivo que en todo tiempo haya existencias mundiales suficientes de dichos alimentos, para mantener una expansión constante del consumo y poder contrarrestar las fluctuaciones de la producción y los precios¿[1][1]. Sin embargo, en la medida en que no se logró lo propuesto, los gobiernos y la comunidad internacional se han visto obligados a diseñar estrategias que hagan frente a las crisis económicas y al alza de los precios internacionales de los alimentos en los últimos años y su gran impacto en la capacidad de acceso de la población más vulnerable a la alimentación.
En 2006 existían, aproximadamente, 850 millones de personas en todo el mundo que sufrían de subnutrición[2][2], experimentando graves emergencias alimentarias, requiriendo ayuda externa para poder afrontar la crisis, la mayoría de los países se concentraban especialmente en África. Dicha cifra fue el punto de partida de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio para proponerse reducir a la mitad, al año 2015, la cifra de personas que sufrían de hambre.
En Latinoamérica los avances han sido significativos, cerca de 16 países de la región han alcanzado la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen de hambre, junto a otros que han realizado importantes progresos, sin embargo la problemática sigue latente, y más si se tiene en cuenta que cerca de 47 de los 842 millones de personas que padecen de hambre en el mundo se encuentran en Latinoamérica y el Caribe, región que adicionalmente cuenta con una importante producción y abastecimiento de alimentos a nivel mundial, produciendo más de lo que requiere para abastecer a su población[3][3].
El comercio agroalimentario total promedio anual de la región en el trienio 2010-2012, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), fue de 275.307 millones de dólares, con exportaciones por 196.116 millones de dólares e importaciones por 79.191 millones dólares y un saldo favorable de 116.925 millones de dólares promedio anual para el conjunto de la región. Brasil y Argentina concentran cerca del 58% de las exportaciones agroalimentarias de la región en este mismo periodo, por su parte desde el punto de vista de las importaciones, México y Brasil se encuentran en los primeros lugares, con 30,4% y 13,3% del total importado, seguidos de Venezuela con un 7,6%, Chile y Colombia, con 6,7% y 6,5% respectivamente[4][4].
Uno de los condicionantes para el aprovechamiento del potencial de producción de alimentos en Latinoamérica, a parte de las restricciones normativas, se pueden encontrar aquellas de carácter físico tales como: infraestructura, transporte y conectividad, pese a que han existido avances en los últimos años, la región aún tiene grandes déficits en materia de conectividad para el transporte de mercancías, tanto de carácter vial como portuaria[5][5].
En el caso de Colombia, un país que cuenta con unas condiciones especiales y rico en recursos naturales, con aproximadamente 1¿141.800 km2, de los cuales un 8.8% es superficie hídrica, lo que la posiciona en el puesto número 28 de los países más grande del mundo, y el séptimo en disponibilidad de recursos hídricos renovables. Su oferta hídrica al año asciende a 2.300 km³/año y posee el 57% de los páramos en el mundo.
Adicionalmente es reconocida a nivel mundial por la producción de café suave, flores, esmeraldas, carbón y petróleo, su diversidad cultural y por ser el segundo país más rico en biodiversidad del mundo. Actualmente, la seguridad alimentaria se ha adoptado de manera formal, incorporándose como un derecho, de tal forma que son cientos los países que lo han consagrado en su constitución. Tal como sucede en Colombia, la Constitución Política de 1991 en su artículo 44 establece que la alimentación equilibrada es un derecho fundamental de los niños y, en cuanto a la oferta y la producción agrícola, la Carta Política establece en los artículos 64, 65 y 66, los deberes del Estado en esta materia.
En este orden de ideas, y como muestra del compromiso del Estado enmarcado en el enfoque de derechos, expidió el documento Conpes Social 113 de marzo de 2008 en donde se estableció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), determinando como una de las estrategias, la necesidad de construir un Plan Nacional (PNSAN), que tenga por objeto: 1) proteger a la población de las contingencias que conllevan a situaciones indeseables y socialmente inadmisibles como el hambre y la alimentación inadecuada; 2) asegurar a la población el acceso a los alimentos en forma oportuna, adecuada y de calidad; y 3) lograr la integración, articulación y coordinación de las diferentes intervenciones intersectoriales e interinstitucionales. De esta manera, dado que procura garantizar un acuerdo social, la Política y el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional se enmarcan dentro de la política social del Estado, y, como parte de esta, conforman la política integral de desarrollo y protección social.
El país afronta problemas estructurales crecientes que afectan el desarrollo y son motivo de inestabilidad económica, social y política, entre los que se encuentra la inequidad y una de sus principales manifestaciones, la pobreza. Asociados a estos problemas se suman otros como el desempleo, el hambre, la malnutrición, el desplazamiento forzado, la acción de grupos al margen de la ley y el narcotráfico, entre otros. Es por ello que se requiere establecer mecanismos o acciones que contribuyan a la solución del problema en general.
Actualmente uno de los temas sensibles en la seguridad alimentaria es la insuficiencia de ingresos para la compra de alimentos, que según cálculos de la Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, la pobreza nacional medida antes de 2009 fue de 45,5%, cerca de 19,8 millones de personas, y la indigencia fue de 16,4%, es decir, 7,1 millones de personas. Adicional a este, otro de los aspectos relevantes son los precios de los alimentos, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Banco Interamericano de Desarrollo la pobreza extrema en América Latina podría incrementarse entre 10 y 26 millones de personas como resultado del alza en los precios de los alimentos[6][6].
La FAO ha propuesto para combatir el hambre un enfoque de doble componente que combine la agricultura y el desarrollo rural sostenible, con programas específicamente dirigidos a incrementar el acceso directo a los alimentos para los sectores que más lo requieren. Sin embargo, la disponibilidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local está relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la población y depende fundamentalmente de la producción y la importación. De igual forma, está determinada por la estructura productiva (agropecuaria, agroindustrial); los sistemas de comercialización y distribución internos y externos; los factores productivos (tierra, financiamiento, agua, tecnología, recurso humano); las condiciones ecosistémicas (clima, recursos genéticos y biodiversidad); las políticas de producción y comercio; y el conflicto sociopolítico (relaciones económicas, sociales y políticas entre actores)[7][7].
El sector agropecuario en Colombia ha sido tradicionalmente uno de los principales sectores productivos del país, sin embargo, desde finales de la década de los noventa, su crecimiento sigue aún por debajo de su potencial de crecimiento y rezagado en comparación con el resto de la economía.
En el ámbito social el país experimenta aún la persistencia de las brechas entre lo urbano y lo rural, las de género y, en general, trampas de pobreza en el campo; y en el...
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