Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 237 de 2012 senado - 12 de Junio de 2012 - Gaceta del Congreso - Legislación - VLEX 451042910

Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 237 de 2012 senado

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 237 DE 2012 SENADO. por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., junio 12 de 2012

Doctor

MANUEL GUILLERMO MORA JARAMILLO

Presidente

Comisión Quinta Constitucional Permanente

Senado de la República

Ref.: Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 237 de 2012 Senado, por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras disposiciones.

Honorable Senador:

En cumplimiento de la designación de la Presidencia de la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República, y de conformidad con lo establecido en el artículo 174 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, someto a consideración de los honorables Senadores el presente informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 237 de 2012 Senado, por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras disposiciones.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El proyecto de leyque nos ocupa corresponde a una iniciativa de mi autoría, la cual fue radicada en la Secretaría General del honorable Senado de la República el 2 de mayo de 2012 y repartida por el Presidente del Senado a la Comisión Quinta Constitucional Permanente, en consideración a las competencias reglamentarias y de ley establecidas. Posteriormente, el proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del Congreso número 198 de mayo 3 de 2012.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY

El Proyecto de ley número 237 de 2012 Senado, por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras disposiciones, consta de 11 artículos (incluido el de vigencia y derogatorias) organizados de la siguiente manera:

Artículo 1° Objeto de la ley.
Artículo 2° Ámbito de aplicación.
Artículo 3° Definiciones.
Artículo 4° Deber de las Entidades Estatales.
Artículo 5° Etiquetas ecológicas.
Artículo 6° Deber de los proveedores de productos amigables con el medio ambiente.
Artículo 7° Promoción de bienes y servicios con criterios ambientales.
Artículo 8° Buenas prácticas ambientales.
Artículo 9° Informe sobre la adquisición de bienes y servicios con criterios ambientales.
Artículo 10 Metas ambientales.
Artículo 11 Vigencia y derogatorias.

OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto de ley que hoy nos ocupa tiene por objeto incorporar criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios que realicen las entidades estatales. De igual forma, y de acuerdo con la exposición de motivos, busca lograr la implementación de prácticas respetuosas o sostenibles con el ambiente por parte de las entidades públicas, razón por la cual se establecen unos criterios mínimos para que las entidades del Estado cuenten con elementos conceptuales y técnicos a la hora de adquirir bienes y/o servicios, tomando como base el análisis del ciclo de ciclo de vida, es decir, no sólo debe considerarse el precio final del bien y o servicios, sino analizar el aspecto económico, ambiental y social de las materias primas utilizadas, el transporte empleado, el proceso productivo desarrollado, el diseño del producto o servicio final, la disposición y posibles prácticas de recuperación o reintegración a la cadena de valor nuevamente los residuos que se generen del bien y/o servicios puesto en el mercado.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley bajo análisis contiene una serie de medidas que buscan dar respuesta a un sinnúmero de problemas que en la actualidad se derivan de la ausencia de conciencia ecológica ciudadana, así como de la reiterada conducta omisiva del Estado en relación con la problemática ambiental a la que hoy se enfrentan tanto Colombia como toda la humanidad.

En no pocas oportunidades la doctrina ambiental ha señalado que el medio ambiente ¿se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde a los poderes públicos. Los recursos naturales, por mucho tiempo instrumentos de un desarrollo económico desenfrenado, son ahora escasos y de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos¿[1][1].

Los signos que indican que nuestra civilización está en dificultades se multiplican. Durante el tiempo transcurrido desde el comienzo de la civilización, de más de seis mil años, hemos tenido una producción sostenible de los sistema naturales de la tierra. Pero en décadas recientes, la humanidad ha sobrecargado el nivel que estos sistemas pueden sostener.

Estamos liquidando los recursos naturales de la tierra para satisfacer nuestro consumo. La mitad de nosotros vivimos en países donde las aguas subterráneas y los pozos profundos se están secando. La erosión del suelo aumenta más que la formación de la nueva capa vegetal en una tercera parte de las tierras cultivables del mundo, y está acabando con la fertilidad de la tierra. Los crecientes rebaños de ganado, ovejas y cabras están convirtiendo vasta extensiones de praderas en desiertos. Los bosques se están reduciendo en trece millones de acres por año, a medida que ampliamos la frontera agrícola y talamos árboles para el aprovechamiento de la madera y producción de papel. Cuatro quintas partes de las zonas pesqueras del mundo ya fueron explotadas a plena capacidad o sobreexplotadas y van hacia el colapso. La demanda en todos los sistemas sobrepasa su capacidad de suministro[2][2].

El anterior panorama es signo de alarma para todos los Estados del planeta, y en especial para el colombiano, en la medida que nuestra condición de país en vía de desarrollo nos obliga a hacer esfuerzos adicionales en relación con el uso de nuestros recursos naturales para poder alcanzar los niveles de crecimiento económico suficientes para generar el bienestar entre todos sus habitantes. Es por ello que las medidas responsables con el ambiente se demandan cada vez con mayor frecuencia en el interior de los poderes públicos, máxime cuando sus decisiones tienen la capacidad de impactar sobre la totalidad del territorio nacional, como es el caso de las leyes que expide el Congreso de la República.

Estas decisiones, medidas o directrices ambientales pueden abarcar diferentes aspectos de la cotidianidad económica, social o cultural del país. La iniciativa que hoy nos concierne, pretende implementar toda una estrategia de herramientas y compras públicas con criterios ambientales, que habrá de ser aplicada por todas las entidades que conforman la administración...

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