Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 170 de 2011 senado - 6 de Diciembre de 2011 - Gaceta del Congreso - Legislación - VLEX 451477222

Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 170 de 2011 senado

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 170 DE 2011 SENADO. por la cual se promueve la adquisición de productos amigables con el medio ambiente en las entidades estatales, se regula el uso adecuado del papel y sus derivados, y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D.C., diciembre 5 de 2011

Doctor

MANUEL GUILLERMO MORA JARAMILLO

Presidente

Comisión Quinta Constitucional Permanente

Senado de la República

Referencia. Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 170 de 2011 Senado, por la cual se promueve la adquisición de productos amigables con el medio ambiente en las entidades estatales, se regula el uso adecuado del papel y sus derivados, y se dictan otras disposiciones.

Honorable Senador:

En cumplimiento de la designación de la Presidencia de la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República, y de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, someto a consideración de los honorables Senadores el presente informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 170 de 2011 Senado, por la cual se promueve la adquisición de productos amigables con el medio ambiente en las entidades estatales, se regula el uso adecuado del papel y sus derivados, y se dictan otras disposiciones.

Antecedentes del proyecto

El proyecto de leyque nos ocupa corresponde a una iniciativa presentada por el Senador Félix José Valera Ibáñez, la cual fue radicada en la Secretaría General del honorable Senado de la República el 22 de noviembre de 2011 y repartida por el Presidente del Senado a la Comisión Quinta Constitucional Permanente, en consideración a las competencias reglamentarias y de ley establecidas. Posteriormente, el proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del Congreso número 878 del 23 de noviembre de 2011.

Descripción del proyecto de ley

El presente proyecto de ley de autoría del Senador Félix José Valera Ibáñez, consta de 11 artículos (incluido el de vigencia y derogatorias), organizados de la siguiente manera:

¿ Artículo 1°. Objeto de la ley.

¿ Artículo 2°. Ámbito de aplicación.

¿ Artículo 3°. Definiciones.

¿ Artículo 4°. Deber de las Entidades Estatales.

¿ Artículo 5°. Etiquetas ecológicas.

¿ Artículo 6°. Deber de los proveedores de productos amigables con el medio ambiente.

¿ Artículo 7°. Características del papel y de los elementos de oficina, elaborados a base de papel.

¿ Artículo 8°. Buenas prácticas ambientales.

¿ Artículo 9°. Manuales Internos de Buenas Prácticas Ambientales y uso adecuado del papel en las entidades estatales.

¿ Artículo 10. Informe sobre la adquisición de productos amigables con el medio ambiente.

¿ Artículo 11. Vigencia y derogatorias.

Objeto del proyecto

El proyecto de ley que hoy nos ocupa, tiene por objeto promover un cambio en las entidades estatales enfocado a la demanda de productos que sean respetuosos o amigables con el medio ambiente. Para tal efecto, establece unas medidas relacionadas con el cumplimiento de ciertas condiciones a la hora de adquirir productos, tomando como base no sólo el impacto que genera su disposición final sino también todas las trazas ambientales que acompañan su ciclo de vida. Según el proyecto de ley, para que tales medidas sean efectivas deben abarcar el ámbito de la totalidad de las entidades.

Por otro lado, el proyecto pretende que exista uniformidad en los modelos de conducta desplegados por las entidades estatales respecto de los elementos y recursos utilizados en sus diferentes oficinas, lo cual derivaría en una contribución a la preservación del medio ambiente. La manera de conseguirlo, de acuerdo a lo expuesto en el proyecto, es con la expedición de una Guía de Buenas Prácticas Ambientales por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la posterior adopción y mejoramiento de la misma por parte de las demás entidades estatales, quienes serán competentes para expedir sus propios Manuales Internos de Buenas Prácticas Ambientales, en los que determinarán las prácticas que generen beneficios para el entorno, de conformidad con el funcionamiento y las necesidades particulares de cada entidad, amén de la incorporación de las recomendaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Así mismo, el proyecto busca obtener un mayor grado de compromiso de las entidades estatales con la adquisición de productos amigables con el medio ambiente. Para ello se les ordena elaborar un informe dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento de cada vigencia fiscal, y remitirlo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad esta que como rectora de la política nacional relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales deberá recopilar los datos suministrados y publicar un gran informe final en el que se cuantifique la contribución medioambiental de las compras públicas verdes.

Por último, y conforme a lo consignado en la exposición de motivos, mediante este proyecto se pretende contribuir con la reducción de los niveles de deforestación y la mitigación de los efectos del cambio climático, a través de directrices especiales relacionadas con la utilización adecuada y la adquisición de papel y sus derivados por parte de las entidades estatales.

Justificación

El presente proyecto de ley contiene una serie de medidas que buscan dar respuesta a un sinnúmero de problemas que en la actualidad se derivan de la ausencia de conciencia ecológica ciudadana, así como de la reiterada conducta omisiva del Estado en relación con la problemática ambiental a la que hoy se enfrentan, tanto Colombia como toda la humanidad.

En no pocas oportunidades la doctrina ambiental ha señalado que el medio ambiente ¿se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde a los poderes públicos. Los recursos naturales, por mucho tiempo instrumentos de un desarrollo económico desenfrenado, son ahora escasos y de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino por el contrario, relativos¿[1][1].

Los signos que indican que nuestra civilización está en dificultades se multiplican. Durante el tiempo transcurrido desde el comienzo de la civilización, de más de seis mil años, hemos tenido una producción sostenible de los sistema naturales de la tierra. Pero en décadas recientes, la humanidad ha sobrecargado el nivel que estos sistemas pueden sostener.

Estamos liquidando los recursos naturales de la tierra para satisfacer nuestro consumo. La mitad de nosotros vivimos en países donde las aguas subterráneas y los pozos profundos se están secando. La erosión del suelo aumenta más que la formación de la nueva capa vegetal en una tercera parte de las tierras cultivables del mundo, y está acabando con la fertilidad de la tierra. Los crecientes rebaños de ganado, ovejas y cabras están convirtiendo vastas extensiones de praderas en desiertos. Los bosques se están reduciendo en trece millones de acres por año, a medida que ampliamos la frontera agrícola y talamos árboles para el aprovechamiento de la madera y producción de papel. Cuatro quintas partes de las zonas pesqueras del mundo ya fueron explotadas a plena capacidad o sobreexplotadas y van hacia el colapso. La demanda en todos los sistemas sobrepasa su capacidad de suministro[2][2].

El anterior panorama es signo de alarma para todos los Estados del Planeta y, en especial, para el colombiano, en la medida que nuestra condición de país en vía de desarrollo nos obliga a hacer esfuerzos adicionales en relación con el uso de nuestros recursos naturales para poder alcanzar los niveles de crecimiento económico suficientes para generar el bienestar entre todos sus habitantes. Es por ello que las medidas responsables de corte ambientalista se demandan cada vez con mayor frecuencia en el interior de los poderes públicos, máxime cuando sus decisiones tienen la capacidad de impactar sobre la totalidad del territorio nacional, como es el caso de las leyes que expide el Congreso de la República.

Estas decisiones, medidas o directrices ecológicas pueden abarcar diferentes aspectos de la cotidianidad económica, social o cultural del país. La iniciativa que hoy nos concierne, pretende implementar toda una estrategia de herramientas y compras públicas verdes, con la finalidad de que sea aplicada por todas las entidades que conforman la administración pública...

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