Informe de Ponencia Segundo Debate al Proyecto de Acto Legislativo 153 de 2014 Cámara, 18 de 2014 Senado
ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 02 DE 2014 SENADO, 04 DE 2014 SENADO, 05 DE 2014 SENADO, 06 DE 2014 SENADO Y 12 DE 2014 SENADO por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D. C.
Presidente:
JAIME BUENAHORA FEBRES CORDERO
Comisión Primera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Respetado señor Presidente:
Por decisión de la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes me ha correspondido presentar ponencia para cuarto debate al Proyecto de Acto Legislativo número 18 de 2014 de Senado, acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo número 02 de 2014 Senado, 04 de 2014 Senado, 05 de 2014 Senado, 06 de 2014 Senado y 12 de 2014 Senado, por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, que me permito rendir en los siguientes términos:
1. Consideraciones políticas que motivan el apoyo
El 20 de julio, el Partido Alianza Verde radicó en el Congreso de la República cinco reformas, entre constitucionales y legales para prohibir la reelección del presidente y Procurador, establecer la silla vacía para los políticos que cometen delitos contra la Administración Pública, restringir el procedimiento ¿yo te elijo, tú me eliges¿ que, a través de poder nominador otorgado a las Altas Cortes, ha corrompido la función originaria de la rama judicial, y también se propuso modificar algunas funciones y la forma de elección de los organismos de control.
El proyecto de equilibrio de poderes presentado por el Gobierno Nacional contiene en alguna medida las correcciones a los problemas que tiene hoy en día la Constitución Política, y que buscamos evitar con los proyectos radicados, es por eso que el Partido Alianza Verde acompaña el proyecto en los temas que son prioritarios. Sin embargo, la reforma presentada únicamente insiste en resolver los problemas del país político, sin que ello redunde directamente en los problemas que preocupan a lo que denominaba en contradicción Jorge Eliécer Gaitán, como país nacional.
A título personal encuentro en extremo preocupante que este proyecto radicado en el Congreso de la República el 3 de septiembre por el Gobierno Nacional, en un proceso improvisado y tardío, buscaba inicialmente corregir algunos problemas y terminó siendo una enorme colcha de retazos que incluye en la actualidad el cambio del 10,78% de la Constitución Política Nacional.
Esta ponencia tiene tres líneas principales:
1. Rechazo a las iniciativas que no implican cambios fundamentales a la Constitución.
2. Apoyo a los artículos que mejoran la arquitectura institucional del Estado.
3. Inclusión de nuevos artículos que pretende generar un verdadero equilibrio de poder entre los tres poderes públicos -reconocidos formalmente- y los demás poderes autónomos creados en la Constitución Política.
Entre los temas fundamentales de los que supuestamente trata el proyecto, está la necesidad de reducir la impunidad a través de los cambios a la Comisión de Investigación y Acusación y del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, lo aprobado únicamente presenta una alternativa cosmética y no propone la transformación profunda que la situación actual demanda. En este sentido se formula y propone un Tribunal de Aforados que no resuelve los problemas del sistema de investigación y juzgamiento vigente de los 78 aforados que hoy existen, pues no plantea un nuevo sistema de juzgamiento real y en Derecho, manteniéndose el actual esquema en cabeza del Congreso, degenerando finalmente en un cambio de nombre, que no resuelve el evidente estado de cosas inconstitucionales que acaece en material de tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, de miles de víctimas y ciudadanos, frente al mon umento de la impunidad, llamado Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Con el fin de no mantener este status de impunidad, que además pretende ser ampliado en una verdadera ¿feria del fuero¿ a funcionarios como el Vicepresidente, Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo para los cuales no se ha esgrimido razón alguna que pueda justificar el porqué de su cobijamiento con esta prerrogativa de carácter político, aún más, cuando la tendencia mundial y democrática es a disminuir los privilegios jurídicos de los altos funcionarios, reduciendo los aforados a su mínima expresión, con lo que se garantiza el principio de igualdad de todos, sin distingos posición social o política, ante la ley, conquista propia del Estado de Derecho. La Alianza Verde propone, no ampliar los aforados constitucionales y sí por el contrario, consagrar un fuero temporal el cual se pierda al momento de cesar en las funciones públicas, a fin de que sea la Corte Suprema de Justicia -actualmente Juez Natural de los aforados Constitucionales- la que procesa a juzgar, sin necesidad de atravesar por un juicio de indignada previo ante el Congreso de la República, el cual efectivamente resulta infértil luego de que el aforado ha perdido la calidad de servidor público. Ahora bien, para no desproteger la autonomía de la Rama Judicial, se garantizará la inviolabilidad de las decisiones judiciales de los Órganos de Cierre, a fin de evitar un choque de trenes, en el cual se pueda juzgar la autonomía interpretativa de las altas cortes en sus diferentes jurisdicciones.
Otro trabajo de maquillaje se hizo sobre el Consejo Superior de la Judicatura, pues se pretende simplemente modificar su nombre, pero se mantiene en esencia los mismos vicios que han llevado a su fracaso. No se ha hecho hasta el momento un juicio de reproche a quienes ternaron y eligieron a las personas que han ostentado la calidad de magistrados de este alto tribunal, pues en gran parte recae en ellos la culpa de los escándalos que se han presentado en este. La reforma, lejos está de acabar con este problema, pues no presenta una fórmula real que permita generar una elección trasparente y de méritos para el gobierno y la disciplina de la Rama Judicial. Se mantiene la elección de los magistrados del Consejo Nacional de Disciplina Judicial en el Congreso de la República y la división que se propone para el Sistema Nacional de Gobierno y administración Judicial, en tres niveles, pues acentuar el problema de ejecución que hoy presenta el gobierno de la Rama Judicial, pues, las reglas de la experiencia evidencian, que entre más órganos existan para adoptar una decisión, la misma se dilata aún más, eso mismo pasará con la Sala de Gobierno Judicial, la Junta Ejecutiva de Administración Judicial y el Director Ejecutivo de Administración Judicial, que están proponiendo.
Otro aspecto vital que no fue tenido en cuenta y que por el contrario resultó ser un retroceso de lo aprobado en Plenaria del Senado, fue la posibilidad de que las Contralorías departamentales y municipales fueran seleccionadas por un Concurso de Méritos adelantado por la Comisión del Servicio Civil. En vez de esto, se regresó a la elección de este importante órgano de control por los Cabildos Distritales y las Asambleas, modelo que ha degenerado en una politización de los Órganos de Control que ha impedido un control fiscal serio e independiente a la Administración Pública o ha alentado un control parcializado contra la administración que no sea afecta a los interés políticos de la mayorías representadas, según como se acomode el vaivén político.
Para fortalecer esta autonomía e independencia de los órganos de control y contribuir con la trasparencia y participación real de ciudadanía, la Alianza Verde se mantiene en una propuesta de fortalecimiento de la Comisión del Servicio Civil y en general una ampliación y aplicación real del postulado de meritocracia en los Órganos de Control y Vigilancia; tanto en el nivel central como en el nivel territorial. Para ello, proponemos que los cargos de Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Auditor General, Defensor del Pueblo, así como los respectivos Contralores y Personeros en el nivel territorial, sean seleccionados mediante fórmulas de selección objetiva y pública, a través de Concurso de Méritos, con lo cual se desarticularía los grupos de clientelismo y politiquería que rodean generalmente la designación de estos altos servidores públicos, fortaleciendo además su independencia y autonomía, lo cual sin duda redundará en un verdadero equilibrio del innominado poder de Control y Vigilancia creado en la Constitución Política de 1991, el cual es vital para la buena marcha de la República.
En cuanto respecta a las reformas en materia electoral, resulta ser una burla lo acontecido en Comisión Primera de la Cámara de Representantes con las listas paritarias: el criterio de verdadera paridad que había sido aprobado en la plenaria del Senado, fue desmontado en el primer debate en Cámara de Representantes y sustituido por un aumento de 3% de la participación de la mujer, que se hará efectivo hasta el año 2021. Pues, la fórmula de dos de un género y uno del otro género aprobada en Comisión, deja la participación de las mujeres, grupo históricamente marginado y actualmente subrepresentando, en el 33.3% en comparación con el 30% que actualmente existe a raíz de la ley de cuotas. Frente a este punto, es menester implementar una verdadera paridad en la que el criterio de igualdad material se aplique, por lo que reiteramos la propuesta presentada en Comisión, a fin de que en las próximas elecciones se apliquen listas cerradas confeccionadas en forma paritaria. También insistiremos en que se permita realizar coaliciones entre Partidos Pequeños, los cuales se han visto amenazados por el incremento del umbral al 3%.
2. Objeto
El Proyecto de Acto Legislativo número 18 de 2014 Senado, acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo número 02 de 2014 Senado, 04 de 2014...
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