Informe de Ponencia Segundo Debate Proyecto de Ley 195 de 2014 Cámara, 55 de 2014 Senado
por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 50 DE 2014 SENADO Bogotá, D. C., 9 de junio de 2015
Doctor
FABIO RAÚL AMÍN SALEME
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara al Proyecto de ley número 195 de 2014 Cámara, 55 de 2014 Senado, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. Acumulado con el Proyecto de ley número 50 de 2014 Senado.
Respetado doctor:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 174 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, con todo respeto, nos permitimos presentar ponencia para segundo debate en Cámara al Proyecto de ley número 195 de 2014 Cámara y 55 de 2014 Senado, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. Acumulado con el Proyecto de ley número 50 de 2014 Senado.
Cordialmente,
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 195 DE 2014 CÁMARA 55 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario.
Cámara de Representantes
1. INTRODUCCIÓN
El proyecto de ley proveniente del Senado de la República y que fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes tiene por objeto la expedición de un Código General Disciplinario. En este sentido y como se dijo en su oportunidad, el Congreso de la República tiene una de las tareas más importantes a su cargo, pues el objetivo es mejorar, redefinir y ajustar las reglas normativas bajo las cuales se deben investigar y juzgar a los agentes del Estado, expresión bajo la cual se agrupan los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas.
En tiempos como los de ahora, en los que lamentablemente, por unos hechos aislados de presunta corrupción judicial, se encuentra desprestigiada la administración de justicia y que la credibilidad de algunos servidores públicos se ha visto afectada, el Congreso de la República tiene una responsabilidad histórica para entregarle a la Sociedad un instrumento de disciplina con dos características fundamentales: por un lado, con unas normas mucho más claras y eficaces tendientes a contrarrestar la corrupción administrativa, y, por el otro, con principios y reglas absolutamente respetuosos de los derechos fundamentales de quienes deben ser disciplinados por eventuales incumplimientos de los deberes funcionales a su cargo.
2. CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto de ley, proveniente del Senado de la República y que fue aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se ocupó de abordar los temas de derecho sustancial y procesal más importantes sobre los cuales innumerables sectores de la academia reclamaban efectuar algunos necesarios ajustes. Conforme a la división propuesta y algunas reflexiones efectuadas desde la Procuraduría, recordemos en qué consisten los referidos cambios.
2.1 TEMAS SUSTANCIALES
En cuanto a los aspectos sustanciales, los temas objeto de cambios fueron los siguientes:
a) La reorganización, complementación y adición de los principios mínimos que debe regir el derecho disciplinario;
b) La culpabilidad disciplinaria;
c) La pr escripción disciplinaria;
d) La organización y ajuste de las faltas gravísimas y la creación de otros comportamiento típicos de esta naturaleza;
e) Modificación del régimen de sanciones disciplinarias;
Observemos algunas ideas de cada uno de estos aspectos.
2.1.1 Reorganización, complementación y adición de los principios mínimos que debe regir el derecho disciplinario.
El proyecto reorganiza, complementa y adiciona los principios mínimos que debe regir el derecho disciplinario. Al respecto, se destacan por su novedad los siguientes:
¿ El principio que reconoce el respeto por la dignidad de la persona humana, habida cuenta de su inobjetable importancia dentro del Estado Social de Derecho y del lugar preponderante que en materia internacional se ha dado a los Derechos Humanos.
¿ Los de especialidad y subsidiariedad, en relación con la tipicidad disciplinaria, en el sentido de acudir a los tipos de la ley penal siempre y cuando la conducta no se adecue especialmente a los tipos disciplinarios.
¿ El de la ilicitud sustancial, que si bien no sufrió ningún cambio en cuanto a su concepción, su definición sí puede ofrecer una mayor claridad conceptual, la cual es acorde con el desarrollo de la jurisprudencia y aportes de la doctrina en los últimos años.
¿ El de investigación integral, que si bien es un principio del derecho disciplinario de él se extrañaba alguna mención.
¿ El de derecho a la defensa, en donde claramente se introdujeron algunos cambios necesarios.
¿ El del derecho de los sujetos procesales a que se les entregue de manera gratuita copia simple o reproducción de los autos interlocutorios, del auto de citación a audiencia y formulación de cargos y de los fallos que se profieran.
¿ El de congruencia que, al igual que el de investigación integral, nada se decía en las normas rectoras del Código Disciplinario, pese a la obviedad de su ineludible aplicación, omisión que podía generar la adopción de decisiones incorrectas. Este principio rector tendrá por finalidad que el disciplinado solo pueda ser declarado responsable por hechos o faltas disciplinarias que consten en la formulación de cargos, sin perjuicio de la posibilidad de su variación.
¿ El de la cláusula de exclusión probatoria, referida a aquella prueba obtenida con violación de los derechos y garantías fundamentales. Su objetivo es que se expulse por regla general la prueba obtenida de manera ilícita, pero señalando las excepciones, como lo son los casos de fuente independiente, vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley.
2.1.2 La culpabilidad disciplinaria
El proyecto introdujo algunos conceptos que son absolutamente necesarios para clarificar unos puntuales aspectos de la estructura de la responsabilidad disciplinaria. Sobre el particular, la propuesta consiste en definir los conceptos de dolo y culpa en materia disciplinaria, pues es claro que el actual Código no cuenta con la definición del primer título de imputación subjetiva (dolo) y que sobre la culpa pesan algunas críticas.
Respecto al dolo podemos advertir que su redacción es similar al que se encuentra establecido en el Código Penal. Sin embargo y a pesar de que son claras las diferencias que existen entre una y otra especie de derecho sancionador, la conclusión final fue que es mejor optar por un concepto no tan cerrado para que no se le imposibilite al funcionario valorar las diferentes modalidades en que se puede configurar este especial título de imputación subjetiva. En cuanto a la culpa, el proyecto apunta a adoptar una definición más clara, soportada en la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y diferenciando aquella culpa que se puede dar con representación o sin representación.
En tal sentido, la definición del dolo y de la culpa está soportada con contenidos propios de la dogmática disciplinaria, respecto de los cuales no existía ninguna mención en el estatuto actual.
Por esa misma línea, en el proyecto se establece que la culpa leve no es sancionable disciplinariamente. Esta modificación tiene un impacto importante, pues la autoridad disciplinaria deberá tener presente que aquellos descuidos mínimos no podrán ser reprochables.
2.1.3 La prescripción disciplinaria
La propuesta de reforma pretende ajustar y clarificar el instituto jurídico de la prescripción, pues se llegó a la conclusión sobre la inconveniencia de seguir manteniendo, en forma simultánea, la caducidad y la prescripción, aspectos que fueron introducidos por la Ley 1474 de 2011.
Luego de analizar la primera propuesta y de acoger varias proposiciones que se presentaron en la Comisión Primera, el proyecto de ley retoma el tiempo de los cinco años de la Ley 734 de 2002, introduciendo la figura de la interrupción de la prescripción, para que la autoridad disciplinaria tenga un término de dos años para proferir el fallo de segunda instancia y notificarlo. Igualmente, esta norma mantiene la tradición de los doce años para las faltas relacionadas con las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, para lo cual, luego de la interrupción, se tendría un tiempo de tres años para notificar y proferir el fallo de segunda instancia.
2.1.4 La organización y ajuste de las faltas gravísimas y la creación de otros comportamiento típicos de esta naturaleza
El proyecto también se ocupa de organizar la mayoría de los comportamientos que el legislador considera como faltas disciplinarias. De ese modo, el ejercicio efectuado consistió, por una parte, en clasificar las faltas gravísimas, encuadrándolas en ciertos capítulos para evidenciar su particular especialidad.
Así, este ejercicio dio como resultado la reagrupación por unidades temáticas independientes con los siguientes títulos: faltas relacionadas con la Infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; faltas relacionadas con la libertad y otros derechos fundamentales; faltas relacionadas con la contratación pública; faltas relacionadas con el servicio o la función pública; faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades...
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