Informes de comisión 179 de 2011 cámara
INFORMES DE COMISIÓN 179 DE 2011 CÁMARA. INFORME SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 EN MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Bogotá, D. C., 28 de febrero de 2011
Doctor:
BÉRNER ZAMBRANO ERAZO
Presidente Comisión Primera
Cámara de Representantes
La Ciudad
Referencia: Cumplimiento comisión otorgada según Oficio número C.P.C.C.P.3.1-594-2011
Distinguido doctor:
Por medio de la presente, y de conformidad con el artículo 4° de la Ley 3ª de 1992, nos permitimos presentar el informe encomendado por usted sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en materias de competencia de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes.
Para la elaboración de dicho informe se procedió de la siguiente manera:
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De conformidad con el artículo 2º de la Ley 3ª de 1992 que fija las competencias de las comisiones constitucionales permanentes de cada una de las Cámaras, se procedió a seleccionar los artículos del Proyecto de ley número 179 de 2011, ¿por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014¿ que desarrollan las materias competencia de la Comisión Primera.
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Se relacionó, entonces, ese articulado con los siguientes documentos: ¿Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos¿; ¿Anexos Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014¿; ¿Resumen ejecutivo del PND¿, documentos estos elaborados por el Departamento Nacional de Planeación.
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El grupo de integrantes de la subcomisión acordó la presente metodología para la presentación del Informe. Por cada tema:
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Diagnóstico;
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Objetivo general;
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Estrategias;
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Metas;
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Presupuesto;
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Resumen del articulado del proyecto de ley, y
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Recomendaciones.
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Según la referida normatividad, el Informe solamente incluye recomendaciones sobre temas de competencia de la Comisión desarrollados en el PND. Las críticas, recomendaciones y proposiciones a temas de resorte de otras Comisiones, deberán presentarse y discutirse en la respectiva Comisión o en la plenaria de la corporación.
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Se acordó un capítulo sobre recomendaciones generales relacionadas con la unidad de materia que deben tener los artículos del proyecto de ley del PND con los objetivos y programas del mismo.
Atentamente,
CONSULTAR FIRMAS EN ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF
INFORME PROYECTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 179 DE 2011 CÁMARA
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JUSTICIA
1.1. Diagnóstico
Congestión de los despachos judiciales; incremento de las acciones y omisiones de las autoridades públicas que generan pleitos y daños patrimoniales contra el Estado; barreras de acceso para la población más vulnerable por la presencia débil de operadores de justicia en algunas regiones del país; y deficiencia en los medios de investigación técnicos y científicos para judicializar las conductas delictivas, son los problemas más importantes de la justicia en Colombia según el diagnóstico gubernamental[1][1].
1.2. Objetivo general
Considera el Gobierno necesario ¿fortalecer las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas y los mecanismos diseñados para promover la resolución pacífica de los conflictos¿[2][2].
1.3. Estrategias
1.3.1. De descongestión de los despachos judiciales y para ampliar el acceso a la justicia:
¿ Oralidad de los procesos, flexibilización y armonización de los procedimientos[3][3].
¿ Fomentos de nuevas tecnologías aplicadas a la justicia (expedientes judiciales electrónicos, notificaciones por medios electrónicos, audiencias por video conferencias).
¿ Modernización de los modelos de gestión de la justicia, priorizando los resultados, evaluando e incentivando a los funcionarios.
¿ Ampliación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos de origen comunitario e institucional.
¿ Alianza sectores público y privado para modernizar y ampliar la infraestructura judicial existente.[4][4]
¿ Regionalización de la justicia mediante la creación o establecimiento de operadores idóneos para administrar justicia en cada región del país.[5][5]
1.3.2. De fortalecimiento de los medios de investigación:
¿ Fortalecimiento de una política criminal contra el lavado de activos que comprenda la ¿prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos, administración de bienes incautados, acciones de extinción de dominio, cultura antilavado y financiamiento del terrorismo¿.[6][6]
¿ Robustecimiento de la estructura de la Fiscalía General de la Nación mediante la conformación de modelos investigativos eficientes de cara a la judicialización de los autores de punibles.
¿ Fortalecimiento de los centros de operadores del sistema judicial para mejorar su capacitación.
1.3.3. Para disminuir los daños patrimoniales contra el Estado:
¿ Creación de ¿La Abogacía General del Estado¿ cuyo personal calificado estará encargado de ¿diseñar, ejecutar y controlar políticas estructurales y transversales en temas relacionados con la defensa de los intereses del Estado¿.[7][7]
1.4. Metas[8][8]
¿ Mapa de justicia en funcionamiento.
¿ Construcción y dotación de 20 Casas de Justicia.
¿ Construcción y dotación de 13 Centros de Convivencia Ciudadana.
¿ Municipios con conciliación en equidad en operación.
¿ Creación de una entidad para la defensa judicial de la Nación.
¿ Documento de política criminal elaborado.
¿ Descongestión judicial (expedientes represados): de 2.893.969 expedientes a 1.900.000 expedientes[9][9], es decir, una descongestión aproximada del 35% en el cuatrienio.
1.5. Articulado sobre justicia en el proyecto de ley del PND
En el artículo 3º se establece el funcionamiento eficaz de la justicia como parte de uno de los pilares de la Prosperidad de la Democrática, de la Prosperidad para todos.
En el artículo 111 se establece una fuente adicional de recursos para el financiamiento de proyectos de inversión de la justicia en el Ministerio del Interior y de Justicia o en los órganos que conforman la Rama Judicial, provenientes estos de los recursos que sobren de la reasignación prevista para la construcción de centros penales para adolescentes que debe ejecutar el ICBF[10][10].
En el artículo 155 se ordena al Gobierno coordinar con la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación los ¿programas para el fortalecimiento de la justicia especializada con el fin de mejorar su capacidad de gestión frente a fenómenos de criminalidad organizada¿.
En el artículo 143 queda expresa la obligación de programar en Presupuesto General de la Nación los recursos correspondientes a los gastos, honorarios y demás erogaciones relacionadas con las controversias internacionales.
Se establece, en el artículo 148, una nueva excepción al cobro del arancel judicial previsto en la Ley 1394 de 2010, artículo 4º, el cual no podrá cobrarse al ¿Colector de Activos Públicos ¿CISA, cuando este intervenga como titular en procesos judiciales¿[11][11].
Finalmente, en el artículo 159 se amplían las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades previstas en el artículo 44 de la Ley 1258 de 2008, a todas las sociedades sujetas a su supervisión¿[12][12].
1.6. Presupuesto para la justicia
En la distribución presupuestal prevista en el artículo 4º del PL, se asignan a la justicia para el cuatrienio la suma de $16.072.617 billones, de los cuales $13.2 billones corresponden a gastos de funcionamiento del sector Interior y Justicia.[13][13]
1.7. Recomendaciones
Sin duda alguna compartimos quienes suscribimos este Informe, la vital importancia que tiene un sistema judicial independiente ¿para la consolidación de la democracia, el progreso social y la reducción de la violencia¿, según expresa el Gobierno del presidente Juan Manual Santos en las Bases del Plan de Desarrollo 2011-2014[14][14]. Como también compartimos, consecuentemente, la necesidad de ¿fortalecer las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas y los mecanismos diseñados para promover la resolución pacífica de los conflictos¿[15][15].
No obstante lo anterior, es preciso insistir aquí en la necesidad de destinar mayores recursos para la justicia, destinados a la ampliación de la infraestructura y a la planta de personal de las instituciones judiciales. Pero esto debe hacerse, como ya se recomendó por la Comisión Primera en la discusión y aprobación sobre bases ciertas, es decir, sobre la existencia de un plan de desarrollo específico de la justicia, que entre otras cosas muestre al detalle las necesidades de inversión en infraestructura, el personal requerido y sus perfiles, pero sobre todo las exigencias de eficiencia para estos que justifique las ampliaciones de las plantas de personal.
El progreso de todo el país se funda en la justicia efectiva que brinda el Estado de Derecho. Es imperante la modernización de los servicios de justicia en Colombia para la impartición de justicia mediante instituciones más eficientes que permitan brindar oportunamente el servicio de justicia a los ciudadanos.
* Potencializar el sistema de selección del talento humano de las instituciones judiciales con perfiles adecuados para prevenir actos de corrupción y malas conductas.
* Capacitar a los funcionarios públicos en procedimientos claros y eficaces para contar con funcionarios de acuerdo con estándares internacionales en administración de justicia.
* Promover la identidad institucional, el valor del servicio público y la ética profesional de los servidores públicos.
* Se propone la destinación de 1.2 billones para la inversión en infraestructura y reactivar el concejo nacional de paz contenido en las leyes de orden público
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
2.1. Diagnóstico[16][16]
Colombia presenta diferentes niveles de...
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