Ponencia para Cuarto Debate 338 de 2013 Cámara, 066 de 2012 Senado
INFORME DE PONENCIA CUARTO DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 338 DE 2013 CÁMARA, 066 DE 2012 SENADO por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras disposiciones. Honorable Representante
CLAUDIA MARCELA AMAYA GARCÍA
Presidente
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Ponencia cuarto debate Proyecto de ley números 338 de 2013 Cámara, 066 de 2012 Senado por la cual se promueve la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras disposiciones.
Respetada señora Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo impartido por usted nos permitimos poner a su consideración para discusión en Comisión Quinta de la honorable Cámara de Representantes, el informe de ponencia para cuarto debate al Proyecto de ley números 338 de 2013 Cámara, 066 de 2012 Senado, por la cual se promueve la adquisició n de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras disposiciones¿, en los siguientes términos:
OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO DE LEY
Impone a las entidades estatales la obligación de valorar criterios ambientales en los procesos de adquisición de bienes y servicios promoviendo la implementación de prácticas sostenibles con el ambiente.
JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley contiene una serie de medidas que buscan dar respuesta a un gran número de problemas que en la actualidad se derivan de la ausencia de conciencia ecológica y ambiental ciudadana, así como de la reiterada conducta omisiva del Estado en relación con la solución de la problemática ambiental a la que hoy se enfrentan los Gobiernos, Naciones y humanidad en general. (Ponencia Senado).
En no pocas oportunidades la doctrina ambiental ha señalado que el medio ambiente se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde a los poderes públicos. Los recursos naturales, por mucho tiempo instrumentos de desarrollo económico desenfrenado, son ahora escasos y urgen de una utilización controlada y racional, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos sino, por el contrario, limitados. (Ponencia Senado).
Para el ordenamiento jurídico colombiano lo anterior es de gran importancia a partir de la Constitución Política del año 1991, toda vez que la Carta Magna ade más de consagrar la Nación como un Estado Social de Derecho, le da relevancia a la protección del medio ambiente, donde a lo largo del articulado se pueden ver diferentes artículos, los cuales están encaminados a la protección efectiva del medio ambiente, garantizándose condiciones de salubridad, desarrollo sostenible y preservación de los ecosistemas y sistemas ambientales existentes. Además dentro de la normativa nacional encontramos leyes que traen a colación principios ambientales tales como el desarrollo sostenible y sustentable, de precaución y de conservación por nombrar algunos, según los cuales lo que se pretende no es otra cosa que la efectiva protección del medio ambiente el cual tiene jerarquía constitucional y desarrollo a lo largo del ordenamiento jurídico.
Estamos haciendo uso desmesurado de los recursos naturales del planeta para satisfacer nuestro consumo. La mitad de la población mundial vive en países donde las aguas subterráneas y los pozos profundos se están secando y por lo tanto agotando. La demanda en todos los sistemas sobrepasa su capacidad de suministro y de renovabilidad natural del medio ambiente y el planeta. (Ponencia Senado).
El anterior panorama es signo de alarma para todos los Estados del planeta, y en especial para el colombiano, en la medida que nuestra condición de país en vía de desarrollo nos obliga a hacer esfuerzos adicionales en relación con el uso de nuestros recursos naturales para poder alcanzar los niveles de crecimiento económico suficientes para generar el bienestar entre todos sus habitantes. Es por ello que las medidas de responsabilidad con el ambiente se hacen necesarias cada vez con mayor claridad en el interior de los poderes públicos, máxime cuando sus decisiones tienen la capacidad de impactar sobre la calidad de vida de los habitantes de la Nación y de la totalidad del territorio nacional, como es el caso de las leyes que expide el Congreso de la República. (Ponencia Senado). Este concepto no implica el hecho de que sea inaceptable buscar el desarrollo a través del aprovechamiento de los Recursos Naturales, lo que implica es lograr ese desarrollo pero buscando medidas que actúen de forma armónica con el medio ambiente para garantizar un equilibrio y sostenibilidad. El Estado es el llamado a dar ejemplo a la comunidad en un contexto de recuperación, renovación y fijación de políticas sanas hacia la conservación del medio ambiente.
Estas decisiones, medidas o directrices ambientales pueden abarcar diferentes aspectos de la cotidianidad económica, social o cultural del país. La iniciativa que hoy nos concierne, pretende implementar toda una estrategia de herramientas y compras públicas verdes que conllevan criteri os ambientales, que habrá de ser aplicada por todas las entidades que conforman la administración pública. (Ponencia Senado).
Es de resaltar que la iniciativa en que se promueve la adquisición de bienes y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales y se dictan otras disposiciones, tiene componentes de distinta índole que son de gran relevancia para el desarrollo de la Nación colombiana, tales componentes son de carácter ambiental, económico, comercial e institucional, los cuales al lograr su armonización aseguran un mejor uso y efectividad de los recursos naturales y un impacto negativo de menor grado en el medio ambiente que en últimas es cuya protección se pretende incentivar, habiendo una integración de distintos sectores del desarrollo y sostenibilidad de una Nación, más cuando se trata de las catalogadas como en vía de desarrollo como la nuestra.
Se hace preciso destacar que la elección de bienes y/o servicios con criterios ambientales no se refiere exclusivamente a utilizar productos con materiales ecológicos o mejorados desde el punto de vista ambiental, sino también a utilizar productos más eficientes a través de su ciclo de vida (que consuman menos energía o recursos y generen menos impacto ambiental negativo), productos construidos para tener una larga duración o que hayan considerado criterios de impactos ambientales en la fase final o posconsumo.
En países desarrollados es común ver incorporado este concepto de compras verdes en todos los contratos estatales de adquisición de productos y servicios. Australia, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea son ejemplos de países que han venido hace algunos años avanzando en la implementación y adaptación de sus mercados a la estrategia de compras públicas verdes. Por este motivo en el acápite correspondiente propondremos adaptar la definición de Compra Pública Verde al estándar internacionalmente aceptado y utilizado. (Ponencia Senado).
Aunque el tema de los bienes y servicios ambientales o con criterios ambientales no es pacífico en cuanto a una definición de lo que se puede clasificar dentro de esta denominación, es relevante tratar de realizar una acotación de tal clase de productos porque en torno a ello adquieren mayor significancia, es así como me permito citar la definición que hacen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), quienes proponen una definición bastante comprehensiva al establecer que este sector está integrado por ¿actividades que producen bienes y servicios destinados a medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir daños ambientales al agua, aire y suelo, así como problemas relacionados con residuos, ruido y ecosistemas. Ello incluye tecnologías más limpias, productos y servicios que reducen el riesgo ambiental y minimizan la contaminación y el uso de los recursos¿.
En América Latina el tema de licitaciones y adquisiciones públicas sustentables viene ganando espacio en los debates de sectores de Gobierno, academia y sociedad civil.
Una iniciativa pionera incluye a Sao Paulo como una de las ciudades piloto. Se trata de un proyecto de capacitación para promover las compras sustentables que pretende aprovechar el poder de compra de los gobiernos locales para garantizar la implementación del desarrollo sustentable y sostenible [3]. (Ponencia Senado).
La definición, establecimiento e implementación de los productos y servicios ambientales es de gran relevancia. Una clara definición y una adecuada clasificación tienen, al menos, tres tipos de implicaciones: en primer lugar, para la mejor conducción de la política ambiental, debido a que de una definición de este tipo se deriva la posibilidad de establecer con claridad las características de los segmentos del mercado que es preciso estimular para reducir tanto los desequilibrios ambientales, como las presiones sobre los recursos públicos destinados a dar atención a los problemas del medio ambiente. En segundo lugar, la definición tiene relevancia desde la perspectiva de la organización industrial de cada país, en lo referente a la estrategia de complementación de las capacidades localmente existentes con flujos internacionales de bienes y de servicios. Finalmente, desde el punto de vista de la política comercial, el hecho de que los países suscriban acuerdos multilaterales con validez de ley en el ámbito nacional, les apremia para acordar, sobre bases claras y lo más adecuadas posibles, las características de los bienes y servicios incluidos en las negociaciones comerciales.
A más de lo anterior, en la medida en que el Estado mismo incentive el uso de e ste tipo de productos y servicios, se genera en el mercado un mayor nivel de consumo...
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