Ponencia Negativa al Proyecto de ley 174 de 2015 Senado, 223 de 2015 Cámara
por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) Bogotá, D. C., 9 de noviembre de 2015
Doctor
MILTON RODRÍGUEZ SARMIENTO
Presidente de la Comisión Quinta
Senado de la República
Referencia: Informe de ponencia negativa al Proyecto de ley número 174 de 2015 Senado y 223 de 2015 Cámara, por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres).
Atento saludo:
Atendiendo la designación hecha por la Mesa Directiva de la Comisión Quinta del Senado de la República, rindo ponencia negativa al Proyecto de ley número 174 de 2015 Senado y 223 de 2015 Cámara, por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), y le solicito a los miembro de la Comisión archivar el proyecto de ley en mención, exponiendo los siguientes argumentos:
El contenido del proyecto de ley Urrutia-Zidres
Se está ante el sexto intento de los dos gobiernos del Presidente Juan Manuel Santos para despojar a campesinos y trabajadores rurales sin tierra de sus derechos constitucionales sobre las tierras baldías.
¿Por qué llamar a este proyecto de ley la Ley Urrutia-Zidres? En el Plan de Desarrollo 2010-2014, el Presidente Santos introdujo tres artículos que les quitaban a campesinos y trabajadores rurales sin tierra sus derechos constitucionales sobre los baldíos. En los artículos 60, 61 y 62, que la Corte Constitucional declaró inexequibles con la sentencia C-644 de 2012, se eliminaban lo que el Presidente cuando era candidato presidencial había denominado en su programa la traba burocrática de la Unidad Agrícola Familiar, UAF. Siendo Presidente Álvaro Uribe había dicho en un discurso pronunciado en La Fazenda que para poder montar haciendas de varios miles de hectáreas en la altillanura se debía reformar la UAF, pero que él no veía condiciones políticas para hacerlo. El Presidente Santos lleva seis intentos para legalizar las ilegales acumulaciones de baldíos y entregarles estas tierras públicas a magnates y transnacionales.
Luego en 2013 estalló el escándalo en el que se conoció cómo la firma Brigard & Urrutia, propiedad de Carlos Urrutia ¿amigo personal del Presidente y a quien nombró como Embajador en los Estados Unidos¿, les diseñó a grandes empresas nacionales y extranjeras del campo una ruta jurídica para evadir las prohibiciones de la Ley 160 de 1994 en relación con la acumulación de baldíos en extensiones superiores a una UAF y así consolidar propiedades superiores a las máximas permitidas por la ley. Las propuestas legales que desde entonces han buscado avalar total o parcialmente la ruta jurídica creada por sofisticados abogados, que incluía empresas en el extranjero y un entramado de personas jurídicas que al final conducían a una sola empresa, se les bautizó como leyes Urrutia. Es por eso correcto llamar al proyecto de ley del que trata la presente ponencia como Ley Urrutia-Zidres. Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) buscan concretar las aspiraciones inconstitucionales de monopolios y transnacionales que quieren acaparar los baldíos, quitándoles derechos a los campesinos y trabajadores rurales sin tierra y así promover la extranjerización de las tierras colombianas poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y política de la nación colombiana.
Las medidas regresivas de la Ley Urrutia-Zidres se materializan por dos vías:
1. Retira de la oferta total de baldíos a asignar a los pobres rurales a una porción de ellos y los incluye dentro de las Zidres, para entregar su explotación a quienes hoy carecen de ese derecho a través de formas contractuales que aunque no traspasan el dominio a quien obtenga los derechos de explotación sobre estos bienes fiscales, sí impide que los trabajadores rurales sin tierra puedan acceder a ellos.
2. Limita el ejercicio de la propiedad privada y de la libertad de empresa sobre las tierras que fueron baldíos asignados a sujetos de reforma agraria que se encuentren dentro de una Zidres, impidiendo el ejercicio pleno del uso, goce, explotación y disposición por parte de su propietario, aplicando un límite legal que desfigura el objetivo constitucional de los baldíos.
La Ley Urrutia-Zidres además crea una excepción a la aplicación de la Ley 160 de 1994, al establecer que ella solo regirá para los baldíos asignados a partir del 5 de agosto de 1994, lo que significa que las tierras de estas características entregadas antes de la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 160 podrán ser acumuladas en extensiones superiores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF) con lo cual se crea una excepción al artículo 28 de la Ley 153 de 1887 y se legalizan acumulaciones ilegales de baldíos por parte de monopolios y trasnacionales.
Y crea mecanismos para implementar la agricultura por contrato, restringir el ejercicio de la libertad de empresa y desarrolla formas de ordenamiento del territorio rural que afectan las potestades constitucionales de las autoridades territoriales del orden municipal.
En resumen, este es un proyecto de ley que intenta subsanar acumulaciones ilegales de baldíos con las mismas ilegalidades que se introdujeron en algunos de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y que la Corte Constitucional declaró inexequibles (sentencia C-644 de 20102). Entonces, en vez de acatar el mandato de la Corte, el Gobierno de Juan Manuel Santos se inventa por la vía de la Ley Zidres otro truco para ver cómo despojan al campesinado de los derechos que la Constitución les otorga sobre las tierras del Estado y cómo pueden tomar las tierras que son de los pobres del campo y entregárselas a magnates nacionales y principalmente a extranjeros.
Se trata pues de un proyecto de ley calculado por parte del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para violar la Constitución. Cosa que no cambia porque algunos abogados que dicen ser ¿sofisticados¿ estén inventándose maneras de violar la Constitución y la ley.
Por último, es preciso resaltar que aunque la Ley Urrutia-Zidres (Proyecto de ley número 174 Senado y 223 Cámara de 2015) trata sobre asuntos agrarios y de tierras, su autor no es el Ministro de Agricultura, doctor Aurelio Irragori Valencia, en razón a que se declaró impedido para actuar en lo de la competencia de esa cartera porque un familiar suyo está acusado de haberse apropiado ilegalmente de tres mil hectáreas de baldíos en el departamento del Vichada. Por ello, mediante la Resolución 1763 de 2014, el President e de la República nombró al doctor Juan Fernando Cristo como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural ad hoc para ¿conocer y decidir sobre la iniciativa legislativa¿. Esta inhabilidad explica esta ¿irregularidad¿ en el trámite del proyecto de ley en cuestión.
Sobre lo que no es el debate de la Ley Urrutia-Zidres
La discusión sobre este proyecto de ley nada tiene que ver con una posición de este Senador en contra de la producción empresarial. El campo colombiano necesita un modelo dual de desarrollo donde coexistan empresarios y obreros agrícolas con derechos, por un lado, y campesinos e indígenas, por el otro, con todos ellos protegidos y respaldados por el Estado y prósperos. Prosperidad contra la que conspiran, hasta destruirla, las políticas del libre comercio neoliberal y los TLC, calculadas para sustituir a los productores nacionales del campo y la ciudad por los productores extranjeros, que trabajan sus agros con todo tipo de respaldos de sus respectivos Estados.
Colombia importa actualmente 10.3 millones de toneladas de productos agropecuarios que podría producir dentro de sus fronteras. Producto de la apertura económica implementada en el gobierno de César Gaviria, la cual han mantenido y profundizado con los TLC los gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe y Santos, el agro padece una crisis sin precedentes. 70 por ciento de las tierras aptas para la agricultura, sin contar las de la altillanura, no se siembran y se dedican especialmente a la especulación inmobiliaria. A los productos que se les eliminó la protección arancelaria se les condenó a la ruina. Sus productores debieron refugiarse en otras actividades agropecuarias, hoy también en tránsito a la quiebra, o se vieron obligados a migrar a las ciudades. Los empresarios y campesinos que en el pasado cultivaban sorgo, trigo, cebada y soya fueron arruinados por el libre comercio.
No se está pues ante un debate contra la producción empresarial. La discusión sobre la ley Urrutia-Zidres tiene que ver, al contrario de lo que intenta hacer creer el Gobierno, con la legalización de acumulación ilegal de baldíos y sobre cómo se intenta imponer un modelo de agricultura que, en primer lugar, le quita a la población campesina sin tierra sus derechos constitucionales y legales sobre los baldíos y en segundo lugar impide tanto a campesinos como a empresarios pequeños y medianos ¿y que no sean auténticos magnates¿ ejercer libremente la explotación de sus tierras. La agricultura por contrato, modelo de gestión y usufructo de la tierra ligado a las Zidres, es un medio inspirado en las políticas de la transnacional estadounidense Cargill, en el cual un operador-intermediario les transfiere a los propietarios y explotadores de la tierra todos los riesgos de la producción agrari a.
En un modelo democrático se busca blindar, por la vía política de la pública, de los riesgos inherentes a las actividades agropecuarias tanto a campesinos como a empresarios. Los apoyos públicos que dan al agro los Estados de los países desarrollados protegen a sus agricultores de las fluctuaciones de precios, de los líos climáticos, de los abusos de posición dominante de los comercializadores, de los problemas de acceso y uso de los paquetes tecnológicos, etc. En las Zidres se desarrollará un modelo contractual entre los productores y el operador del contrato en el cual los primeros cargarán con los riesgos e imposiciones del...
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