Ponencia para primer debate al proyecto de ley 080 de 2002 cámara - 22 de Noviembre de 2002 - Gaceta del Congreso - Legislación - VLEX 451260446

Ponencia para primer debate al proyecto de ley 080 de 2002 cámara

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 080 DE 2002 CÁMARA. por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones.

ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NUMERO 053 DE 2002 CAMARA

por la cual se modifica y adiciona el artículo 51 de la Ley 383 de 1997.

CAMARA DE REPRESENTANTES

COMISION TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 21 de noviembre de 2002. En la fecha se recibió en esta Secretaría la segunda ponencia presentada para primer debate al Proyecto de ley número 080 de 2002 Cámara, por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Acumulado con el Proyecto de ley número 053 de 2002 Cámara, por la cual se modifica y adiciona el artículo 51 de la Ley 383 de 1997, presentada por el honorable Representante: Rafael Amador Campos. Y pasa a la Secretaría General de la Cámara para su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso, en orden de radicación en esta Comisión.

El Secretario General,

Adán Enrique Ramírez Duarte.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 080 DE 2002, 053 DE 2002 CAMARA

por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones.

El honorable Representante,

Rafael Amador.

Bogotá, D. C., noviembre 21 de 2002

Ponemos a consideración de las Comisiones Terceras de Senado y Cámara, el siguiente informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 080 de 2002, C., ¿por el cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones¿.

Pliego de salvedades y observaciones

Reconocemos la necesidad del Gobierno Nacional de conseguir recursos para financiar su operación en los próximos años, sin embargo advertimos que con el proyecto de reforma tributaria puesto a consideración del Congreso de la República; ¿el remedio puede ser peor que la enfermedad¿.

Estamos convencidos del fin principal que es ayudar al fortalecimiento de las finanzas públicas, que generen confianza en los agentes económicos, lo cual, de forma inevitable reanimará la inversión y estimulará el crecimiento del producto nacional. Sin embargo, los medios utilizados para tal fin, parecen ser inconvenientes, pues su efecto puede ser el opuesto al inicialmente planteado.

El Gobierno ha estimado que las finanzas públicas requieren un ajuste del 2% del PIB ¿más de $4.3 billones¿ en 2003, del cual la reforma tributaria aportará la mitad¿ el otro 50% a través de la reestructuración del Estado y la congelación de gastos de funcionamiento¿.

Este ajuste, sin embargo, aún no ha contemplado el ahorro de las ¿otras¿ reformas que cursan en el Congreso: la pensional y la laboral, que también buscan reducir los costos que tiene para el Estado la carga de su nómina laboral. El costo de estos dos ajustes adicionales no ha sido estimado y no se ha contado en las cuentas gubernamentales, pero que también tendrán efectos importantes sobre las variables macroeconómicas de consumo e inversión.

La realidad es que el alto índice de desempleo, el aumento del subempleo y empleo informal, el creciente nivel de pobreza presentado en la última década y la baja tasa de crédito de la economía, lleva a que la reforma propuesta no sea la más conveniente en los actuales momentos coyunturales del país. Esos fenómenos, sumados a las propuestas de la congelación de los salarios y pensiones de los empleados públicos para los próximos dos años, pueden llevar a que se restrinja la recuperación de la economía.

Los supuestos que hemos trabajado durante el proyecto nos han mostrado que los efectos negativos sobre el consumo y la inversión son importantes. Pero por encima de dicha consideración, se debe tener en cuenta que son los estratos más bajos de la sociedad los que sufrirán con mayor rigor la carga impositiva. Esto, desde todo punto de vista, parece injustificado cuando son precisamente los sectores de la población que con mayor rigor sufrirán los efectos de la congelación salarial.

Cabe recordar que el mayor nivel de desempleo lo sufren personas con baja escolaridad o poca capacitación, que, coincidencialmente, corresponde a los más pobres del país. Aumentar el impuesto al consumo para este tipo de sectores en una cuantía superior a la tasa de crecimiento de la economía es un proyecto a todas luces inconveniente, que llevará a que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez mayor.

Como se sabe desde tiempo atrás, los impuestos sobre las ventas son impuestos regresivos, que gravan en mayor proporción a los sectores más pobres de la población. Al respecto, el premio Nobel de Economía Paul Samuelson y el profesor William Nordhaus escriben que ¿los impuestos regresivos sí imponen una carga mayor a las familias de renta baja que a las de renta alta¿1 .

En un país con un 60% de su población bajo la línea de pobreza y más de 10 millones de habitantes bajo la línea de indigencia2 , es necesario tener en cuenta la consideración anteriormente planteada, al momento de aprobar la reforma tributaria. Dejar los bienes de la canasta familiar, sobre todo los más básicos de alimentación, por fuera de la consideración del cobro de IVA, es lo mínimo que se le pide al Estado para que empiece a cumplir con su función social que se le ha reclamado desde tiempo atrás.

Además, esta propuesta planteada por el Gobierno contradice la propuesta hecha por el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en los cien puntos que forman parte de su ¿Manifiesto Democrático¿, donde expresa puntualmente su compromiso de racionalizar las tarifas, desmontar privilegios y combatir la evasión y elusión. Esta es solo la primera de las contradicciones que ha presentado el Gobierno y su equipo económico en la elaboración de la reforma tributaria, la cual parece que no ha contado con una certeza total a lo largo del proyecto.

Crecimiento económico, en entredicho

Las estimaciones realizadas nos han mostrado que en los años 2003 y 2004, los efectos de la reforma van a ser recesivos, afectando el consumo y la inversión privada. Como de antemano se sabe que el consumo y la inversión pública no tendrán dinamismo por el plan de austeridad manejado por el actual Gobierno, se concluye que el crecimiento propuesto para 2003 puede verse afectado en cuantía considerable.

Para que esto no ocurra y se pueda cumplir con la meta de crecimiento propuesta del PIB por parte del Gobierno para el próximo año, todo el peso recaería sobre las exportaciones, las cuales, con la baja dinámica que han mostrado en los últimos años, no parece que puedan cumplir con estas expectativas.

Así, se debería presentar una fuerte devaluación (cercana al 26%), para que las exportaciones como valor total, compensen todo el peso del crecimiento. En el cuadro 1 se muestra la estructura del crecimiento del PIB por rubro. Debemos anotar que se cumple con el supuesto de crecimiento (2% en 2003), pero con fines académicos, para mostrar lo absurdo que puede llegar a ser el proponer un aumento tan marcado de las exportaciones, recayendo sobre tasa de cambio.

El proceso de discusión de la reforma: carencia total de coherencia de criterios

Dos proyectos de reforma tributaria se han presentado a consideración hasta el momento y uno más se encuentra en discusión: el inicial presentado por el Gobierno, cuyo centro era el cobro de IVA de 5% a una base gravable adicional (este rubro representaba cerca del 51% del total de la reforma como se verá más adelante), el cobro de una sobretasa del impuesto a la renta de 10% ¿de la cual se pagaba la mitad por adelantado¿ por una sola vez y un recaudo por concepto de control a la evasión.

Este proyecto, sin embargo, fue modificado por el mismo Gobierno, que estimó que el recaudo no era suficiente, sin una razón aparente justificada. Un pliego de modificaciones fue presentado, el cual como punto central contemplaba el aumento de la tarifa de 5 a 8% en 2005 de la nueva base gravable de IVA ¿y se establecía aumentar de 16 a 20% la tasa de IVA para bienes suntuarios y la telefonía móvil¿, lo cual garantizaba recursos adicionales por más $700 mil millones. Además, planteaba reducir beneficios en renta, comenzando por el 20%, lo cual generaría más de $170 mil millones el primer año de vigencia. Además, se limitaba a un millón la exención laboral del 30%.

Un último proyecto se encuentra en discusión y es el que se presentará como ponencia por los coordinadores y por un sector de los ponentes. Este elimina de la base gravable los productos no procesados de la canasta familiar y propone un desmonte de beneficios en renta, aunque más moderados que el contemplado en el pliego de modificaciones presentado por el Gobierno ¿lo cual, entre 2004 y 2006 representará dejar de recibir recursos por más de $400 mil millones¿. Para compensar el menor recaudo por los bienes que permanecerán excluidos, se propone cobrar al resto de la nueva base gravable un IVA de 7% en 2003 y 2004 y de 10% desde 2005 hacia adelante.

Esta propuesta, el primer año, representa 0.2% del PIB menos que el estimado en el pliego de modificaciones del Gobierno en 2003, y con este porcentaje creciente para los demás años. Además, se plantea dentro de esta propuesta establecer una sobretasa fija al impuesto de renta de 5% desde 2004, lo cual puede traer serios efectos negativos sobre la inversión, pero sobre todo, en el recaudo; puesto que tememos que en una economía en recesión se cumpla a la perfección con el principio de Laffer, según el cual a tasas impositivas más altas menor es el recaudo.

Hay un patrón característico a los tres proyectos: todos basan más de la mitad del recaudo esperado en el impuesto del IVA y descuidan de forma considerable el lado de la lucha contra la evasión y el desmonte de los beneficios en renta, lo cual resta, una vez más, la...

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