Ponencia para primer debate al proyecto de ley 157 de 2008 senado
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 157 DE 2008 SENADO. por la cual se crea el Programa Nacional de Formación Permanente de Docentes, y se dictan otras disposiciones
En cumplimiento del honroso encargo que me hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Sexta del Senado de la República de Colombia, y haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley 5ª de 1992, presento ponencia favorable para primer debate al Proyecto deley número 157 de 2008 Senado, por la cual se crea el Programa Nacional de Formación Permanente de Docentes, y se dictan otras disposiciones.
EXPOSICION DE MOTIVOS
¿Cuando en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre
espacio para que todo lo demás cambie en torno a las relaciones que se conservan¿ .
¿QUE QUEREMOS DE LA EDUCACION?
Humberto Maturana
El proyecto de ley de la referencia propende por avanzar normativamente hacia una educación de calidad que permita el desarrollo en conjunto de la sociedad colombiana. Tal y como lo establecen los estudios realizados por la Procuraduría, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD[1][56], organizaciones sociales e instancias académicas reconocidas a nivel nacional, la persistencia de condiciones de exclusión y marginación de amplios sectores de la población en Colombia impiden el desarrollo de las capacidades de la sociedad en su conjunto. La exclusión, ¿que supone la incapacidad para integrarse efectivamente al consumo y la producción, así como la no incorporación progresiva a la comunidad social y política¿ de un conjunto amplio de colombianos, estaría dando lugar a una ruptura de lo social, donde se diluyen el sentido de pertenencia y las posibilidades de construir consensos sobre la base de un orden simbólico compartido. Buscamos avanzar con este proyecto de ley en procesos colectivos que converjan en desarrollo a escala humana para el mundo de la vida.
Para los excluidos, la incapacidad de acceder al disfrute de sus redes sociales y la falta de acceso a bienes y servicios, así como a la deliberación de los asuntos públicos, ocasiona serios problemas de autoestima, en tanto parecen condenados a vivir en medio de la zozobra y estigma de vivir del asistencialismo. Hablar de exclusión supone tomar en consideración un fenómeno multidimensional, que va mucho más allá de lo puramente económico pues supone el apartamiento o la falta de capacidades en múltiples ámbitos de la experiencia del ser humano. En tanto supone la incapacidad para incorporarse a los espacios y los ritmos de la comunidad social y política, la exclusión produce la acumulación gradual de desventajas por parte de los individuos, lo que tiende a inhabilitarlos gradualmente en otros lugares.
Dada su complejidad, no resulta nada fácil hacerle frente a la exclusión en un país como el nuestro. Sin duda, factores como la provisión de seguridad, la reducción de las incertidumbres que generan el conflicto y la pobreza, la promoción de la cultura ciudadana o el combate a la corrupción son estrategias perfectamente legítimas de proseguir en tal esfuerzo. Sin embargo, en lo que la mayoría de los análisis coincide es en que la educación es la principal herramienta con la que podemos combatir en el mediano y largo plazo tanto la exclusión social como las inercias mentales de un conflicto que ya supera las cuatro décadas.
De ahí que resulte imperativo ir desarrollando de manera progresiva un marco jurídico que apunte a la superación de la pobreza por la vía de la ampliación equitativa de las oportunidades de participación social, en democracia y con el desarrollo de una verdadera ¿cultura de la meritocracia¿, donde existan significados compartidos a partir de los que la asignación de bienes, de estatus y posición social dependan realmente del esfuerzo y la habilidad de las personas. Tal ampliación de las oportunidades en el país pasa sin duda, como lo reconoce casi al unísono la opinión pública, por una reestructuración de nuestro sistema educativo. Tal y como lo afirma un reconocido especialista en la materia: ¿Sin igualdad de oportunidades educativas no es posible esta sociedad meritocrática y por lo tanto verdaderamente democrática¿[2][57]. Aunque claro, afirma a continuación, ¿Nada indica que la educación realmente pueda dar solución a los profundos problemas de exclusión social, a menos que se introduzcan modificaciones en otros sectores de la sociedad¿[3][58].
Aún así, de no adecuar nuestro sistema educativo corremos el riesgo de fomentar formas aún más difíciles de exclusión. ¿Dado que la mayor parte de la desigualdad en la región se asocia con la desigualdad de ingresos, y que estos a su vez están muy relacionados con las desigualdades educativas, y dadas las señales que dan los mercados laborales a quienes tienen mayores niveles educativos para hacer aún más esfuerzos en la educación de los hijos, la tendencia será una agudización intergeneracional de la desigualdad¿[4][59]. Se debe aspirar por lo tanto a una verdadera redistribución de las oportunidades, promoviendo entre los más pobres una movilidad educativa superior, que se traduzca en la posibilidad de revertir esta tendencia circular hacia la intensificación de la pobreza y la exclusión social.
Ahora bien, la ampliación de las oportunidades educativas pasa sin duda por la posibilidad de garantizar la posibilidad de ingresar al primer año escolar e ir completando, al menos, un nivel básico de ciclos educativos. La Cobertura, factor clave para el desarrollo educativo, ha sido el problema al que como sociedad hemos hecho frente con mayor ahínco, concentrado esfuerzos y recursos significativos. Si bien los esfuerzos para ampliar cobertura han sido una constante desde hace ya dos decenios, estos se intensificaron significativamente en la década de los noventa. La apertura educativa, promovida durante la Administración de César Gaviria, buscó la implantación del ciclo completo de educación básica y el diseño de planes para la retención de los escolares. Con la implementación de la Ley 24 de 1998, primero, y la expedición posterior de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, el Ministerio se concentró en la definición de políticas generales para el sector, mientras que a los municipios se les asignaron mayores responsabilidades financieras y administrativas.
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