Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 227 de 2008 cámara 092 de 2007 senado
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 227 DE 2008 CÁMARA, 092 DE 2007 SENADOpor medio de la cual se modifican los Decretos números 1791 de 2000 y 1428 de 2007 y se dictan otras disposiciones
Bogotá, D. C., 4 de junio de 2008
CRA-201
Doctora
FABIOLA OLAYA RIVERA
Vicepresidenta Comisión Segunda
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad.
Referencia: Ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 227 de 2008 Cámara¿92 de 2007 Senado, por medio de la cual se modifican los Decretos números 1791 de 2000 y 1428 de 2007 y se dictan otras disposiciones.
De conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso, Ley 5ª de 1992, y dentro de la oportunidad indicada, presento a su consideración y por su digno conducto a los miembros de la Plenaria de la Cámara de Representantes, el informe de ponencia favorable, para segundo debate al Proyecto de ley número 227 de 2008 Cámara 92 de 2007 Senado, por medio de la cual se modifican los Decretos números 1791 de 2000 y 1428 de 2007 y se dictan otras disposiciones.
Cordial Saludo,
Augusto Posada Sánchez,
Representante a la Cámara por Antioquia.
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 227 de 2008 CAMARA¿92 DE 2007 SENADO
p or medio de la cual se modifican los Decretos números 1791 de 2000 y 1428 de 2007 y se dictan otras disposiciones.
ANALISIS DE LA INICIATIVA
Esta iniciativa de orden parlamentario ya ha cumplido con su debido proceso en las comisiones segundas de este Congreso y en la correspondiente Plenaria del Senado de la Republica, llegando a la Plenaria de la Cámara, recibiendo en sus debates preliminares la correspondiente aprobación por parte de los honorables congresistas, es de mi parecer con respecto a esta iniciativa, que se ajusta al ordenamiento constitucional, legal y a los procesos de la época actual. Ello lo demostraré en el análisis siguiente.
Correspondencia constitucional del proyecto:
Este proyecto de ley desarrolla los postulados del artículo 43 de la Constitución Nacional. Pues permite en especial a las mujeres que han ingresado a la Fuerza Pública tener el incentivo y el estímulo de contribuir al progreso de las fuerzas y al logro del fin último y primordial de estas, de garantizar la seguridad nacional, la vida, honra y bienes de los ciudadanos colombianos. No pueden ir las fuerzas militares y de policía en contravía de la Constitución Nacional, y negar la posibilidad al cuerpo femenino de oficiales y a las mujeres aspirantes a integrar estas fuerzas, la posibilidad de realizar una carrera hasta el último grado contemplado en ella, menos aún si cumple con los prerrequisitos físicos, psicológicos y militares para así hacerlo.
Somos conscientes igualmente del concepto de equidad, ligado al tema de número de Oficiales y Suboficiales femeninos en las fuerzas, en cuanto al imperativo de aplicar la ley si este proyecto fuere aprobado, es decir, no desconocemos la superioridad numérica y el necesario tránsito paulatino pausado, sin prisas tales que pudieren afectar el ejercicio y dinámicas propias de las organizaciones militares y policiales del Estado.
Conveniencia legal de la iniciativa
El Congreso, el Gobierno y la Sociedad en general, han sido conscientes de los nuevos tiempos y desarrollos en materia de igualdad de oportunidades entre los géneros, hemos dado pasos lentos en esta materia en particular desde que a mediados del siglo pasado se instauró el voto femenino; en la actualidad el nuevo siglo trajo consigo dos presupuestos legales que empiezan a enmarcar la política estatal frente a la garantía de los derechos de las mujeres. No podemos por ello rechazar una iniciativa como estas cuando el Congreso debatió y aprobó la Ley 823 de 2003, que dicta normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres; y la Ley 581 de 2000, que reglamenta la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los órganos de decisión pública del Estado.
A partir de la misma Constitución Política, Colombia ha trazado una senda en cerrar la brecha en la desigualdad y la inequidad, camino que no es perfecto, pero que permite construir un imaginario y una cultura inclusiva que derriba barreras.
Los artículos 2°, 3° y 4° de la Ley 581 configuran y sustentan el marco de ajuste legal del proyecto que nos convoca, pues los rangos altos dentro de las fuerzas militares y de policía del país se circunscriben al de órganos decisorios, no es por demás contemplar que si el Congreso dispuso en su momento el mínimo del 30% de participación de la mujer en los cargos públicos de decisión y ante la verdad de facto de la participación de la mujer en los organismos de seguridad, se establezca entonces una medida que conduzca a que estas y futuras mujeres en nuestros cuerpos de seguridad puedan también llegar, cumplidos los requisitos a las altas jerarquías de las instituciones militares y policiales.
Conveniencia política
Como lo he venido sosteniendo en los apartes anteriores de esta exposición de motivos, se ha venido construyendo en nuestro país una política de inclusión política de la mujer, que complementa el escenario natural de la familia donde por décadas estuvo encasillada socialmente. La existencia y práctica de las Leyes 581 de 2000 y 823 de 2003 son el fiel reflejo del respeto al constituyente que ya había reconocido y plasmado el principio y derecho a la igualdad de género. A través del observatorio de equidad de genero, organismo creado por la Ley 1009 de 2006 se da muestra de los avances en esa cultura de tránsito lento pero en algo medianamente satisfactorio. Es así como por ejemplo en su informe de enero a marzo de 2005, publicado en su Boletín número 3 y el cual habla sobre el balance de la reunión celebrada en Beijing, el observatorio de asuntos de género trae a colación situaciones como la observada en el siguiente gráfico:
Grafico 1[1][17]
CONSULTAR GRÁFICO EN EL ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF
El cual ilustra un particular referente sobre la participación de la mujer en cargos directivos. Como podemos ver para 2005 el 38,46% de los ministros eran mujeres, todo ello en consonancia con la Ley 581 de 2000. Un comportamiento significativo se aprecia en los demás niveles de la administración pública, donde se citan los casos del Distrito Capital y se sintetizan los de los niveles de gobernación (departamentos) y municipios. En tal sentido podemos que partiendo de un análisis de la participación femenina en los niveles públicos de decisión se puede pensar que las mujeres militares puedan llegar a ser generales de la República, es completamente viable políticamente. Pues si podemos tener en promedio más del 40% de mujeres participando en cargos de nivel directivo, dentro de la administración...
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