Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 019 de 2002 cámara
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 019 DE 2002 CÁMARA. por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.
Cumpliendo con el encargo asignado por la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente, rendimos ponencia para segundo debate al Proyecto de ley 019 de 2002 Cámara, por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones, cuyo autor es el honorable Representante Carlos Alberto Zuluaga Díaz, a fin de que se proceda a dar el trámite que corresponda.
Antecedentes legislativos
La micro, pequeña y mediana empresa, empezó a ser considerada como objeto de políticas de apoyo, en la década del 60. En 1961 se creó la Corporación Financiera Popular con el fin de canalizar recursos hacia la pequeña empresa; el Decreto 444 favoreció la exportación de productos intensivos en mano de obra; la Caja Agraria creó una línea de crédito industrial; a finales del decenio se estableció el Fondo Financiero Industrial y se autorizó al Sena para invertir hasta el 10% de sus ingresos a favor de grupos marginados entre los cuales se consideraban a la pequeña y mediana empresa.
En la década del 70, la OIT promovió a nivel internacional la importancia de las PYME como elemento clave para la generación de empleo. En el país se establecieron los Programas de Promoción Profesional Popular Urbana y Rural, implementados en el Sena, buscando promover la capacitación y el fomento a la creación de empresas, canalizando solicitudes de crédito a través de la Corporación Financiera Popular.
En esta década se ofreció la primera clasificación de pequeña y mediana empresa, teniendo en cuenta el número de empleados. Se consideró como pequeña industria a aquella que empleaba de 10 a 49 trabajadores y como mediana la que empleaba entre 50 y 199. El BID creó el Programa de Pequeños Proyectos con el fin de fomentar microempresas vía ONG.
A mediados de los años 80, se dio inicio a la participación del sector privado en el apoyo a las Microempresas, con el Programa de Apoyo a la Microempresa, diseñado por la Fundación Carvajal.
En 1984, se propuso el primer Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, reconociendo al sector informal de la economía.
Los instrumentos de acción fueron, la capacitación en gestión empresarial, la asesoría en trámite de créditos y asistencia técnica para la comercialización y organización gremial.
Se creó el Consejo Evaluador como regulador de las acciones del sector público y privado del manejo de los recursos que provenían del BID, y colocados a través de ONG.
En 1985, con el patrocinio de la Unicef y del SENA, se realizó el primer taller nacional de asociaciones de microempresas, creándose la Confederación Nacional de Microempresarios de Colombia, Conamic.
La primera ley aprobada por el Congreso de la República en relación con el tema, fue la Ley 78 de 1988, la cual tuvo iniciativa gubernamental. En ella se recogieron todas las experiencias anteriores en el desarrollo de las actividades de promoción y fomento de las micro, pequeña y mediana empresa.
Se dio la primera definición y clasificación legal de las Mipyme, se establecieron las reglas de juego para efectos de crédito de fomento y se promovió la organización gremial que facilitara la concertación entre los sectores privados y el Gobierno. Se desarrollaron medidas y estímulos tributarios, se establecieron los Consejos Asesores para la microempresa y aparte el de la pequeña y mediana industria. Además se creó la División de Mipyme en el Ministerio de Desarrollo y se contempló una figura de coordinación intersectorial.
Se reformó la Corporación Financiera Popular, brindándole herramientas para la financiación de las Mipyme.
Se dio destinación específica de porcentajes de recursos del IFI, el Sena y Fonade a Programas Mipyme y crea el Fondo de Asistencia Técnica y Desarrollo Tecnológico de la Microempresa y la Pequeña y Mediana Industria.
La Ley 590 de 2000, es la última legislación sobre las Mipyme, fruto de un gran esfuerzo de concertación, debates interinstitucionales y regionales, la cual acumuló todas las experiencias al respecto, llegando a la que se considera la reglamentación más ambiciosa frente al tema de las Mipyme.
En esta ley se definieron en categorías las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas según parámetros de activos y personal ocupado, haciendo extensivos los beneficios de la ley a los artesanos colombianos.
Creó dos Consejos Superiores, uno de Pequeña y Mediana Empresa y otro de Microempresa.
Se ordenó al IFI, al Fondo Nacional de Garantías, al Sena, a Colciencias, a Bancóldex y Proexport a establecer dependencias especializadas para adelantar programas hacia las Mipyme.
El DNP, con el Ministerio de Desarrollo debió incluir las políticas y programas hacia las Mipyme en el Plan Nacional de Desarrollo.
Se creó el Registro Unico Empresarial a cargo de las Cámaras de Comercio.
La ley ordenó a las entidades públicas para que promovieran e incrementaran la participación de las Mipyme como proveedoras de los bienes y servicios que ellas demanden y además que prefieran en condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicios a las Mipyme.
La ley promovió la organización de ferias locales y nacionales, la conformación de centros de exhibición e información permanente para dinamizar los mercados en beneficio de las Mipyme.
Se creó el Fomipyme, para financiar proyectos, programas y actividades para el desarrollo de las Mipyme, la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos al fomento y promoción, para lo que realizaría operaciones de cofinanciamiento.
Este fondo se creó con dos cuentas, una para la microempresa, cuya fuente de recursos es el Presupuesto Nacional y otra para las Pequeñas y Medianas Empresas, cuya fuente sería el Fondo de Productividad y Competitividad y recursos del Presupuesto Nacional, las cuales se pueden nutrir con aportes y créditos de organismos multilaterales de desarrollo, donaciones, herencia o legados.
Se estableció el Fondo Emprender, como cuenta adscrita al Ministerio de Agricultura para apoyar a las Mipyme rurales, aportando capital social y financiando preinversión, en asocio con los productores y las entidades territoriales.
Los Centros de Desarrollo Productivo al servicio de la microempresa se incorporaron a Colciencias.
El Gobierno debería propender en conjunto con el Banco de la República, por la democratización del crédito y estimularía además la democratización accionaria.
El monto máximo por operación de prestamo como microcrédito es de 25 smmlv.
Se autorizó a los intermediarios financieros y organizaciones especializadas en microcrédito para cobrar honorarios y comisiones de conformidad con lo autorizado por el Consejo Superior de la Microempresa.
El Fondo Nacional de Garantías podría otorgar condiciones especiales de garantía a empresas especialmente generadoras de empleo.
Se establecieron condiciones especiales para que el Fondo Nacional de Garantías venda los bienes recibidos como dación en pago, para volverlos líquidos rápidamente y poder otorgar nuevas garantías.
Las Mipyme serían beneficiarias de las garantías a favor de sus acreedores determinadas en la Ley 550 de 1999.
Los municipios, distritos y departamentos podrían establecer regímenes especiales sobre impuestos, tasas y contribuciones que estimulen a las Mipyme.
Las empresas nuevas Mipyme, constituidas a partir de la promulgación de la ley, tendrían reducciones del 75% en el primer año, 50% en el segundo y 25% en el tercero, de los aportes parafiscales destinados al SENA, ICBF y Cajas de Compensación.
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Justificación de la ponencia
Este proyecto de ley tiene como objetivo lograr la reactivación de un sector muy importante de la economía nacional, como es el relacionado con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Actualmente la economía de nuestro país se sostiene gracias a la existencia de las Mipyme que constituyen un alto porcentaje de las empresas colombianas. Es por esta razón que es nuestro deber contribuir al fortalecimiento de ellas mediante la reforma a la Ley 590 de 2000, introduciendo aspectos que contribuyen a promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana.
La tarea pública del actual momento histórico debe estar encaminada a poner en marcha un Sistema Nacional para la Promoción y el Fomento de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, como una estructura dinámica y permanente, que aglutine instituciones, recursos, programas, aspectos normativos y procesos de gestión para fortalecer, consolidar, articular y promover integralmente al sector Mipyme en Colombia.
El crecimiento económico casi imperceptible, una tasa de desempleo del 16% y una tasa de subempleo del 35,5%, hacen ver la aguda crisis laboral por la que estamos atravesando y nos exige tomar determinaciones que tiendan a fortalecer los sectores de la economía más importantes y paradójicamente más olvidados. Es por eso que las Mipyme forman parte de un significativo sector que indiscutiblemente es necesario fortalecer, ya que es la única manera de que nuestra economía muestre un mejoramiento notable.
Fuente: DANE.
Fuente: DNP.
Estos cuadros demuestran la situación crítica por la que atraviesa la economía nacional y la necesidad que existe de enfrentar estratégicamente el desempleo, requiriendo de la articulación de los sectores público, privado y de la sociedad civil para lograr la proyección de las minicadenas competitivas y su autosostenibilidad.
Las Mipyme están integradas por un ingrediente humano óptimo, es así como de cada 10 empresarios de ciudades capitales, 7 han pasado por la universidad e incluso el 13% de ellos cuenta con estudios de...
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