Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 030 de 2006 senado
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 030 DE 2006 SENADO. PONENCIA FAVORABLE - TEXTO DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES PARA CONSIDERAR EN SEGUNDO DEBATE Y TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISION QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA, por medio de la cual se expide el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C, 15 de septiembre de 2006
Doctora
DELCY HOYOS ABAD
Secretaria General
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad
Respetada doctora:
Comedidamente me dirijo a usted para hacer entrega de la ponencia favorable al Proyecto de ley 030 de 2006, para segundo debate. Para los efectos pertinentes anexo la exposición de motivos y el articulado correspondiente (163 artículos).
Agradeciendo su amable atención.
Atentamente,
Julio Alberto Manssur Abdala,
Senador de la República
Ponente Coordinador.
PONENCIA FAVORABLE PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 030 DE 2006 SENADO
por medio de la cual se expide el Estatuto de Desarrollo Rura, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Honorables Senadores:
Los suscritos Senadores Ponentes tenemos el gusto de rendir ponencia favorable al Proyecto de ley 030 de 2006, Senado, por medio de la cual se expide el estatuto de desarrollo rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones, de iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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ANTECEDENTES
La generación de riqueza colectiva y el avance en la inclusión social son requisitos indispensables aunque insuficientes para la transformación de la sociedad colombiana en una sociedad moderna y democrática, con el fin de lograr una inserción creativa al nuevo orden mundial. Según lo manifiesta Luís Jorge Garay, hay un creciente reconocimiento de la crisis general de la sociedad colombiana, manifestada en problemas como la exclusión social, la precariedad del Estado, la pérdida de credibilidad en la política y en los partidos políticos, la incapacidad del modelo de desarrollo para superar los problemas de pobreza y desigualdad, la fragmentación y desarticulación de la sociedad, el marcado deterioro de la convivencia ciudadana, la debilidad del sistema de justicia, seguridad y defensa, la creciente corrupción administrativa, la impunidad generalizada, las prácticas clientelistas, las múltiples violencias, la existencia y degradación del conflicto armado, el crimen organizado y el narcotráfico, que impiden la construcción colectiva de un proyecto común de Nación y de democracia, que trascienda los intereses particulares de personas y grupos sociales. Además, la problemática social de la ausencia de dicho proyecto se profundiza al enmarcarse en el proceso de globalización, que constituye un ulterior desafío a la sociedad y al Estado tal como se ha construido.
Existe como contraparte, por fortuna, el capital humano y los recursos disponibles, la capacidad de organización y el espíritu de superación de muchas comunidades, grupos y entidades, así como la permanencia y legitimidad de ciertas formas de expresión en el país, se constituyen en sinergias para la configuración de un nuevo ordenamiento nacional. Infortunadamente estos esfuerzos y recursos se encuentran desarticulados, siendo incapaces de lograr una solución colectiva de nuestros problemas.
Por ello, el país afronta el desafío de aprovechar la oportunidad de avanzar hacia un profundo cuestionamiento sobre los aspectos esenciales de su organización económica, política, social y cultural, con miras a su transformación y a la construcción de una sociedad más justa, incluyente y democrática.
La construcción colectiva del orden social requiere revalorar el reconocimiento moral del individuo y el deber de la civilidad ¿de la responsabilidad del individuo consigo mismo y con los otros en pie de igualdad¿ como base para la configuración de una ciudadanía deliberante y protagonista del desarrollo de la sociedad en el marco de una civilidad moderna regida por la solidaridad, la tolerancia, el respeto a las diferencias y la observancia de valores sociales propios de un Estado Social de Derecho, como lo plantea la Constitución de 1991. De ahí la necesidad de promover el análisis y la deliberación cada vez más colectivos en torno a los propósitos y acciones transformadoras socialmente que han de desarrollarse en las diversas instancias y espacios de la sociedad, abarcando a la misma familia, a la escuela, al trabajo, al barrio y la comunidad, a la región y a la nación en su conjunto.
Según los estudios efectuados por Antioquia compite II ¿La Competitividad Sistémica Como Elemento para la Transformación Social¿ Colombia hoy más que nunca se ve enfrentada a la necesidad de construir colectivamente una visión de futuro de país, en el que el desarrollo productivo y la generación de empleo socialmente eficiente conduzcan al aprovechamiento de las potencialidades sociales, a la adecuada utilización de los recursos disponibles y a la mejora en la equidad y acceso de oportunidades, constituyen factores fundamentales para la transformación social del país en el mundo de hoy.
Para esto es necesario:
La instauración de un entorno económico, político, social y cultural favorable a la generación de riqueza colectiva en el que las ganancias correspondan al esfuerzo de la inversión, la innovación, la adaptación, la asunción de riesgos, la productividad y la competitividad.
La adopción de una nueva institucionalidad con la implantación de reglas de juego, normas y pautas de comportamiento favorables al desempeño empresarial en un ambiente de competencia y para la coordinación y asunción y evaluación de compromisos y responsabilidades colectivas entre agentes privados y públicos de los sectores productivo, comercial y de servicios, los trabajadores, los consumidores, los proveedores de tecnología, etc, para el desarrollo productivo y la competitividad sistémica[1][1].
La asunción de una mayor responsabilidad social y un activo compromiso por parte de los agentes involucrados en lo productivo que no solo se restrinja al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y laborales sino que debe abarcar tanto acciones decisivas para mejorar sus condiciones productivas y asumir responsabilidades colectivas para la competitividad sistémica, como para propiciar la participación de otros grupos de la sociedad en la definición e implantación de acciones que garanticen una mayor inclusión social.
El fortalecimiento del papel del Estado para la promoción de un entorno favorable al desarrollo productivo, auspiciando la coordinación y asunción de compromisos entre los agentes, y en ese marco, la implantación de políticas mesoeconómicas y sectoriales acordes con las prioridades establecidas en estrecha coherencia con la política macroeconómica. De acuerdo con el ordenamiento constitucional vigente, también le compete propugnar por la provisión oportuna y eficiente de servicios de carácter público bajo estrictos criterios de justicia social, y por la observancia de derechos fundamentales de la población.
Para la construcción de un entorno macroeconómico apropiado, según la misma investigación, Se requiere avanzar en la consolidación de:
Una institucionalidad orientada a que la administración de la política macro sea objeto de rendición pública de cuentas bajo la responsabilidad social de las autoridades competentes, a la luz de los propósitos del contrato y dentro de los márgenes de autonomía disponibles bajo condiciones de competencia.
Un entorno propicio con un reforzamiento de las normas para la competencia y un mejor clima de negocios con el cumplimiento de compromisos, el respeto de los derechos de propiedad, la reducción de los costos de transacción, la certidumbre de las reglas de juego, el desmonte de privilegios y prácticas excluyentes a través de la política pública y a espaldas de la competencia.
Un ambiente adecuado para alcanzar niveles de crecimiento sostenido superiores al 6%, por ejemplo, bajo condiciones de certidumbre, e incrementar sustancialmente el nivel de ahorro de la economía a niveles cercanos al 25% del PIB, consecuente con una transformación de los patrones de consumo y con unas condiciones favorables para la inversión productiva y su eficiencia.
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CONTENIDOS
2.1. Consideración Inicial de los ponentes
Los ponentes consideramos que el Senado de la República es competente para iniciar el estudio en segundo debate de este Proyecto de ley.
Hemos procedido consecuentemente a analizar, ajustar, adicionar o suprimir el respectivo articulado, buscando clasificar la discusión de acuerdo con la naturaleza de las propuestas formuladas por el Gobierno Nacional. Para cada uno de los subtemas hemos procedido a recaudar la mayor cantidad de información y a su vez valorar la conveniencia y la pertinencia de las normas que se están sometiendo para el estudio y posterior decisión del Congreso de la Republica, así como la integración de normas pertinentes para construir un auténtico Estatuto de Desarrollo...
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