Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 157 de 2008 senado
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 157 DE 2008 SENADO. por la cual se establecen los referentes generales para la implementación del Sistema Nacional de Formación de Docentes y Directivos Docentes.
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 157 DE 2008 SENADO
por la cual se establecen los referentes generales para la implementación del Sistema Nacional de Formación de Docentes y Directivos Docentes.
Bogotá, D.C., septiembre 2 de 2009
Honorable Senador
CARLOS FERRO SOLANILLA
Presidente Comisión Sexta
Senado de la República de Colombia
E. S. D.
Referencia: Informe de Ponencia para Segundo Debate al Proyecto de ley 157 de 2008 Senado, por la cual se establecen los referentes generales para la Implementación del Sistema Nacional de Formación de Docentes y Directivos Docentes.
Honorable Presidente:
Cumpliendo con la honrosa designación de la Mesa Directiva de la Comisión Sexta del honorable Senado, me permito rendir Ponencia para Segundo Debate al Proyecto de ley 157 de 2008 Senado, ¿por la cual se establecen los referentes generales para la Implementación del Sistema Nacional de Formación de Docentes y Directivos Docentes¿.
De mis más alta y distinguida consideración y respecto;
Carlos Julio González Villa,
Senador de la República
EXPOSICION DE MOTIVOS
Tras cinco años de los estudios realizados por la Procuraduría, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD[1][1], organizaciones sociales e instancias académicas reconocidas a nivel nacional, la persistencia de condiciones de exclusión y marginación de amplios sectores de la población en Colombia impiden el desarrollo de las capacidades de la sociedad en su conjunto. La exclusión, ¿que supone la incapacidad para integrarse efectivamente al consumo y la producción, así como la no incorporación progresiva a la comunidad social y política¿ de un conjunto amplio de Colombianos, estaría dando lugar a una ruptura del tejido social, que diluye el sentido de pertenencia y las posibilidades de construir consensos sobre la base de un orden simbólico compartido.
Para los excluidos, la incapacidad de acceder al disfrute de sus redes sociales y la falta de acceso a bienes y servicios, así como a la deliberación de los asuntos públicos, ocasiona serios problemas de autoestima, en tanto parecen condenados a vivir en medio de la zozobra y estigma de vivir del asistencialismo.
Hablar de exclusión supone tomar en consideración un fenómeno multidimensional, que va mucho más allá de lo puramente económico pues supone el apartamiento o la falta de capacidades en múltiples ámbitos de la experiencia del ser humano. En tanto supone la incapacidad para incorporarse a los espacios y los ritmos de la comunidad social y política, la exclusión produce la acumulación gradual de desventajas por parte de los individuos, lo que tiende a inhabilitarlos gradualmente en otros lugares.
Dada su complejidad, no resulta nada fácil hacerle frente a la exclusión en un país como el nuestro. Sin duda, factores como la provisión de seguridad, la reducción de las incertidumbres que generan el conflicto y la pobreza, la promoción de la cultura ciudadana o el combate a la corrupción son estrategias perfectamente legítimas de proseguir en tal esfuerzo. Sin embargo, en lo que la mayoría de los análisis coincide es en que la Educación es la principal herramienta con la que podemos combatir en el mediano y largo plazo tanto la exclusión social como las inercias mentales de un conflicto que ya supera las cuatro décadas.
De ahí que resulte imperativo ir desarrollando de manera progresiva un marco jurídico que apunte a la superación de la pobreza por la vía de la ampliación equitativa de las oportunidades de participación social, en democracia y con el desarrollo de una verdadera ¿cultura de la meritocracia¿, donde existan significados compartidos a partir de los que la asignación de bienes, de estatus y posición social dependan realmente del esfuerzo y la habilidad de las personas.
Tal ampliación de las oportunidades pasa sin duda, como lo reconoce casi al unísono la opinión pública, por una reestructuración de nuestro sistema educativo. Tal y como lo afirma un reconocido especialista en la materia: ¿Sin igualdad de oportunidades educativas no es posible esta sociedad meritocrática y por lo tanto verdaderamente democrática¿[2][2]. Aunque claro, afirma a continuación, ¿Nada indica que la educación realmente pueda dar solución a los profundos problemas de exclusión social, a menos que se introduzcan modificaciones en otros sectores de la sociedad¿[3][3].
Aún así, de no adecuar nuestro sistema educativo corremos el riesgo de fomentar formas aún más difíciles de exclusión. ¿Dado que la mayor parte de la desigualdad en la región se asocia con la desigualdad de ingresos, y que estos a su vez están muy relacionados con las desigualdades educativas, y dadas las señales que dan los mercados laborales a quienes tienen mayores niveles educativos para hacer aún más esfuerzos en la educación de los hijos, la tendencia será una agudización intergeneracional de la desigualdad.¿[4][4] Se debe aspirar por lo tanto a una verdadera redistribución de las oportunidades, promoviendo entre los más pobres una movilidad educativa superior, que se traduzca en la posibilidad de revertir esta tendencia circular hacia la intensificación de la pobreza y la exclusión social.
Desgraciadamente, las cifras demuestran un pobrísimo crecimiento en las cifras de escolaridad. Como lo reconoce un importante estudio, ¿si sigue en ese ritmo se necesitará un poco más de 30 años para lograr que la población colombiana tenga 12 años de escolaridad, lo que en la actualidad se considera como lo mínimo que debe poseer una persona y un país sí quiere salir de la situación de pobreza y avanzar en el desarrollo económico¿[5][5].
La situación, hace pocos años, era descrita con especial dramatismo por el reconocido especialista Alejandro Gaviria. A su juicio, ¿La probabilidad de que un colombiano cuyos padres tengan dos años de escolaridad complete su secundaria son del 8,6%, margen que se duplicaría si Colombia tuviese los niveles de movilidad social de Perú. La probabilidad de que este colombiano llegue a la universidad es inferior al 1%¿[6][6]. Esta es la contradicción profunda que debemos, como sociedad, resolver en el mediano plazo.
Ahora bien, la ampliación de las oportunidades educativas pasa sin duda por la posibilidad de garantizar la posibilidad de ingresar al primer año escolar e ir completando, al menos, un nivel básico de ciclos educativos. La Cobertura, factor clave para el desarrollo educativo, ha sido el problema al que como sociedad hemos hecho frente con mayor ahínco, concentrando esfuerzos y recursos significativos.
Si bien los esfuerzos para ampliar cobertura han sido una constante desde hace ya dos decenios, estos se intensificaron significativamente en la década de los noventa. La apertura educativa, promovida durante la administración de Cesar Gaviria, buscó la implantación del ciclo completo de educación básica y el diseño de planes para la retención de los escolares. Con la implementación de la ley 24 de 1998, primero, y la expedición posterior de la ley 115 de 1994 o ley general de educación, el Ministerio se concentró en la definición de políticas generales para el sector, mientras que a los municipios se les asignaron mayores responsabilidades financieras y administrativas.
Durante el cuatrienio siguiente, el salto educativo promovido por el presidente Ernesto Samper le apuntó a la universalización de la educación básica, aumentando significativamente los recursos, particularmente en preescolar. En términos de los logros cabe destacar que según la contraloría se crearon 1.7 millones de cupos. Durante esta administración, además, se diseñó el Plan Decenal de Educación, herramienta de política pública con la que se buscaba asegurar la continuidad de los esfuerzos gubernamentales en esta materia.
Las administraciones de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez han continuado enfatizando en la ampliación de la cobertura del sistema educativo. Además de continuar inyectando recursos al sector, el gobierno Pastrana dio inicio al programa de Educación Rural con el que se pretendió mejorar las posibilidades de acceso a la educación en el campo. En los últimos años, además, se promulgó el controversial Decreto 1778 de 2002, con el que se redujeron los requisitos para el ejercicio docente y se abrió la posibilidad de vincular docentes provisionales, medidas que si bien pueden redundar en una ampliación de la cobertura, pueden tener un efecto regresivo sobre la calidad de la educación impartida.
No debemos olvidar que la construcción de entornos pedagógicos es quizás el insumo fundamental que garantiza aprendizajes de calidad. Como lo recuerdan Gaviria y Barrientos, ¿Los atributos del plantel explican entre un 25 y un 30 por ciento de los logros en matemáticas y lenguaje, superando el aporte conjunto de los atributos individuales y familiares¿[7][7]. Cualquier desmejora en las condiciones en que se desarrolla el aprendizaje redundará en una pérdida del esfuerzo individual y colectivo.
Los resultados de estas medidas fueron parcialmente satisfactorios en términos de cobertura. Como lo señala la Contraloría General de la República, ¿entre 1997 y 2000 la asistencia escolar aumentó para los niños entre 5 y 6 años (70,4 a 77,7), un poco menos para los niños entre 7 y 11 años (92,5 a 93,4) y disminuyó para las personas entre 12 y 25 años (de 76,9 a 75,4 para las personas de 12 a 17, y de 27,0 a 25,1 para los jóvenes de 18 a 25 años)¿.
Durante la vigencia de la actual ¿Revolución Educativa¿, se ha avanzado algo, gracias a la concentración de esfuerzos y recursos en la creación de 1.500.000 cupos escolares. Si bien queda mucho por hacer, en la actualidad: ¿la cobertura neta más alta (82%) corresponde a la educación básica primaria y siguen, en su orden, la básica secundaria (50%)...
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