Proyecto de acto legislativo 63 de 2010 cámara
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 63 DE 2010 CÁMARA. por el cual se adiciona el artículo 11 de la Constitución Política para garantizar el Derecho Fundamental a la Salud
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. El artículo 11 de la Constitución Política de 1991 quedará así:
Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. El Estado garantizará el derecho a la salud de todos los colombianos y este predomina a consideraciones de costo o equilibrio financiero. La prestación y administración de los servicios de salud para los estratos uno, dos y tres, será responsabilidad de entidades públicas. La salud de todos los colombianos deberá ser atendida sin consideración diferente a la preservación de la vida.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Congresistas:
Este proyecto busca demoler el ofensivo e inhumano modelo empresarial para la prestación de los servicios de salud en Colombia. No se trata de reformar ese modelo para mantenerlo, la discusión es si el derecho a la salud, del cual depende la vida, es responsabilidad de empresarios cuyo objetivo natural y primigenio es la rentabilidad de sus inversiones y no la protección o salvación de la vida de todos los pacientes. La vida de ningún ser humano puede subordinarse a los cálculos de rentabilidad, eficacia y equilibrio financiero. Toda empresa propende al lucro y eso es apenas obvio y razonable. Para conseguir esa plusvalía deben ahorrase costos. No hay otra. Ahora bien, cuando se trata de una empresa cuya mercancía a negociar es la vida o la salud, ¿cómo se eliminan costos?: pues disminuyendo salarios, desmejorando condiciones laborales de los trabajadores de la salud y por supuesto omitiendo medicaciones, tratamientos o exámenes de diagnóstico costosos. Y claro que ese control de costos genera ganancias pero provoca muerte o discapacidades permanentes.
Hay formas sutiles de evadir o hacer inalcanzable la atención médica, una de esas estrategias es fatigando a los pacientes con exasperantes y dilatados trámites burocráticos para la atención médica o de laboratorio adecuados. A los pacientes, a niños, ancianos y mujeres embarazadas las someten a la insoportable humillación de hacer filas toda una noche, al frío y al agua, para alcanzar uno de los 10 o 20 o 30 cupos o ¿turnos¿ que agotan la capacidad que tienen los centros de atención médica adscritos a la red pública hospitalaria. Eso es cierto, es de conocimiento público, se denuncia frecuentemente por los medios de comunicación (RCN. Noviembre 26 de 2009), y contra esa deformación monstruosa ninguna autoridad hace algo para corregirla. Eso tiene una sencilla razón: para ser sostenible ese modelo tiene que procederse de tal forma o de lo contrario el modelo empresarial se va a la quiebra y aquí el negocio es prioritario. Eso lo tienen claro quienes promovieron desde el Congreso tal espécimen.
Eso no puede continuar o de lo contrario el Congreso sería corresponsable de que la degeneración de tal modelo casi llegue al genocidio. Según la asociación Sanar, más del 40% de los muertes por enfermedades cancerígenas en niños acaecidas en los últimos 20 años eran evitables, ¿¿.una verdadera eutanasia por razones económicas¿¿. (El Espectador febrero 14 de 2010). Cualquiera puede ser víctima de tal sistema, así tenga recursos económicos. Es que no hay nada más irracional que confiar mi vida o mi salud a un comerciante. Un paciente va a cualquier clínica, del más alto nivel económico y social y no hay los especialistas prestos a atender una urgencia. Al paciente le toca agonizar. Usualmente médicos generales y enfermeras atienden pacientes cualquiera sea su patología a veces coordinados vía teléfono por un especialista quien a su vez atiende compromisos profesionales con varias IPS, para lograr un ingreso congruo a su estatus académico. Tal estrategia genera ahorros a los empresarios de salud pero muchos muertos en el mercado del usuario. Eso es imprescindible como inaplazable cambiarlo.
Para ahorrar más costos en salarios se contrata al personal mediante cooperativas de trabajo que, fuera de someter al trabajador a jornadas de trabajo que desbordan su capacidad de resistencia, 60 o 70 horas seguidas, no se les remunera con las prestaciones sociales, eludiendo el derecho a vacaciones, cesantías, cotizaciones a pensión y salud.
El Tiempo octubre 23/08. Estudios de la UN de Antioquia...
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