Proyecto de ley 043 de 2012 cámara
PROYECTO DE LEY 043 DE 2012 CÁMARA. por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 ¿hacia un desempeño eficaz del Estado¿.
CONTENIDO
PRIMERA PARTE
MENSAJE PRESIDENCIAL
ANEXO AL MENSAJE PRESIDENCIAL
EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA 2013
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PGN 2013
-
RESUMEN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
-
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 2013
-
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO 2013
-
RESUMEN HOMOLOGADO PRESUPUESTO NACIÓN Y PLAN FINANCIERO 2013
-
PANORAMA PRESUPUESTAL 2011
-
PANORAMA PRESUPUESTAL 2012
-
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES QUE AUTORIZARON LA CREACIÓN DE RENTAS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
-
PRINCIPALES BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA, AÑO GRAVABLE 2011
-
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA
SEGUNDA PARTE
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2013
ANEXO DE GASTO SOCIAL DEL PGN 2013
DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DE INGRESOS PGN 2013
MENSAJE PRESIDENCIAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2013
MENSAJE PRESIDENCIAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2013
HACIA UN DESEMPEÑO EFICAZ DEL ESTADO
De acuerdo con las disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Gobierno Nacional presenta al honorable Congreso de la República el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013[1][1]. Esta iniciativa es una de las más importantes que cada año el ejecutivo somete a consideración de esa Alta Corporación y al escrutinio de los ciudadanos. En ella se materializa una parte sustancial del programa del gobierno en ejercicio y se recoge su propuesta de política para generar prosperidad para todos.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2013 asciende a $185,5 billones, de los cuales $171,1 billones se financian con aportes de la Nación y $14,4 billones, con recursos propios de las entidades descentralizadas del orden nacional que hacen parte del PGN. Este proyecto de presupuesto incluye apropiaciones para continuar los programas iniciados en administraciones anteriores, respaldados en vigencias futuras, nuevas prioridades del Gobierno y para financiar iniciativas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para todos[2][2], cuya ejecución se realizará en el curso de esta administración, en el marco de una nueva y fortalecida institucionalidad fiscal.
I. EN LA SENDA DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL
Habiendo culminado una etapa de importantes reformas fiscales, que en este siglo empezó con la Ley 617 de 2000, empezamos a cosechar sus frutos. Durante más de un decenio los colombianos hemos creado y desarrollado un marco jurídico de clase mundial que le ha permitido al país afrontar con éxito las tempestades financieras y económicas que han afectado los mercados internacionales. En este gobierno en particular hemos realizado reformas muy profundas en la institucionalidad fiscal y ahora nos concentraremos en las ejecuciones. Es la dinámica normal de los gobiernos.
El proceso de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal que ha vivido Colombia en los últimos doce años, le ha permitido preparar la economía para enfrentar choques adversos, como el que podría traer un coletazo de la crisis europea o una desaceleración más profunda de la economía de los Estados Unidos. El Gobierno Nacional ha ido generando cada vez más instrumentos para asumir una postura fiscal orientada al crecimiento económico y social, con capacidad de generar respuestas contracíclicas oportunas. Los fundamentos de nuestra estabilidad macroeconómica se han fortalecido sobre la base de la coherencia en el manejo económico del país, y de la coordinación de las políticas monetaria, financiera y fiscal.
Hay tres grandes frentes que atender para preservar una situación fiscal sostenible: el primero, y más obvio, la consecución de recursos; el segundo, la disciplina en el gasto, y el tercero, la calidad de este. Preservar la sostenibilidad fiscal requiere que los tres componentes vayan de la mano. Esto debe ser una prioridad para cualquier país puesto que una sana situación fiscal es lo que permite que una sociedad, pueda cumplir, como en el caso nuestro, con la obligación de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin un flujo sostenible de recursos, el cumplimiento de esa obligación sería una tarea muy difícil. Por eso, entre otras acciones, promovimos en el Congreso una reforma constitucional[3][3], para que el criterio de sostenibilidad fiscal sea considerado en todas las acciones del Estado; en los fallos de la justicia, en las leyes que aprueba el Congreso, en las decisiones del Ejecutivo.
Las reformas que se aprobaron modificando el sistema general de regalías[4][4], creando el criterio de constitucionalidad de la sostenibilidad fiscal e introduciendo una regla fiscal[5][5], conforman el nuevo marco institucional para el ejercicio y diseño de la política fiscal de mediano plazo. Este marco complementa la legislación sobre el gasto aplicable a las finanzas del sector público consolidado y de los gobiernos subnacionales, como ocurre con la Ley 358 de 1997 y la Ley 617 de 2000.
Este será el primer año en que nuestro Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), nuestro Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), y el proyecto de Presupuesto General de la Nación, se construyan al amparo de esta nueva institucionalidad fiscal, en particular, al amparo de la regla fiscal, instrumento fundamental para el diseño de nuestra política.
La aplicación de la regla fiscal sobre las finanzas del Gobierno Nacional Central (GNC), y el ahorro de las regiones en el Sistema General de Regalías (SGR), permitirán reducir progresivamente el déficit fiscal del GNC y del Sector Público Consolidado (SPC), y con ello la relación deuda neta a PIB[6][6].
Una buena parte del crecimiento de la economía colombiana durante la última década se explica por la seriedad y responsabilidad con que se ha manejado la política económica, y en particular una política fiscal: expansiva, cuando ha sido necesario; moderada, cuando así se ha requerido. No dudamos al afirmar que la política fiscal ha sido complementaria, no sustitutiva, de la actividad privada, cumpliendo su papel como instrumento contracíclico y los resultados han demostrado que el sector público ha tenido la capacidad de retornar a la senda decreciente de déficit que mantuvo durante la década anterior, interrumpida en 2009 como consecuencia de la crisis financiera.
La economía colombiana ha sido capaz de absorber los efectos de la crisis europea y el lento crecimiento de la economía estadounidense gracias a la confianza en los factores locales, a la solidez del sector financiero, a la consolidación de nuevos mercados de exportación y a la demanda interna. El crecimiento del PIB en 2011 (5,9%), y el crecimiento del primer semestre de 2012 (4,7%), muy favorables si se comparan con la región y con otros países emergentes a nivel internacional, son producto de las acciones de política pública y del compromiso del Gobierno con las reformas adelantadas para fortalecer la institucionalidad fiscal y mejorar la competitividad de nuestras empresas.
A la fecha se mantiene la incertidumbre sobre la capacidad de algunos países europeos para atender su deuda pública; tampoco es claro que el ritmo de recuperación de la economía de los Estados Unidos sea lo suficientemente vigoroso para jalonar el crecimiento de la economía mundial. A pesar de esto, las perspectivas de crecimiento todavía son positivas; numerosos analistas e instituciones multilaterales estiman que la dinámica de la economía global continuará siendo impulsada por las economías emergentes. No obstante, en previsión de cualquier choque externo, el Gobierno Nacional se encuentra preparado para adoptar las medidas que se requieran para mantener los incentivos a la producción y al empleo, y el apoyo a los sectores de la población más necesitada. Estamos preparados para reaccionar ante un coletazo de la crisis europea, y la regla fiscal así nos lo permite.
El Gobierno confía en que todas las medidas de política adoptadas por esta administración, enfocadas en programas de emprendimiento, formalización, reducción de la pobreza y apoyo a la competitividad del país, elevarán el crecimiento potencial de la economía en el mediano plazo. En este contexto, las proyecciones macroeconómicas realizadas como parte del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP 2012)[7][7], prevén un crecimiento de la economía colombiana en 2012, y en el resto del decenio, del 4,8%, promedio anual, versus un crecimiento potencial estimado en 4,5%, tasas superiores a los registros esperados para la mayoría de países de similar desarrollo.
La mayoría de las previsiones para 2012 continúan considerando que este es un año favorable al crecimiento económico del país, impulsado por la dinámica de la inversión, las locomotoras de crecimiento, el buen dinamismo de la demanda interna de hogares y empresarios, la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la recuperación de las relaciones comerciales con Venezuela. Todos estos son factores que permitirán balancear en parte los riesgos de los efectos de la crisis europea sobre el desempeño económico del país en el corto plazo.
En particular encontramos niveles de inversión que nos generan optimismo en el crecimiento futuro. Se espera que la inversión extranjera directa para 2013 alcance los 15 millones de dólares y la tasa de inversión sobre PIB debe alcanzar niveles de 28% para ese mismo año. Las exportaciones también son una fuente importante de crecimiento. Estamos en camino...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba