Proyecto de ley 298 de 2013 cámara
PROYECTO DE LEY 298 DE 2013 CÁMARA. por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar la competencia desleal, derivada de operaciones ilegales de comercio exterior, comercio interno, lavado de activos y evasión fiscal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Resumen y estructura del documento
La presente exposición de motivos (en adelante la ¿Exposición de motivos¿) sustenta la necesidad de que el Congreso de la República expida un conjunto de disposiciones normativas tendientes a prevenir, controlar y sancionar la competencia desleal derivada de operaciones ilegales de comercio exterior, comercio interno, lavado de activos y evasión fiscal, tales como el contrabando abierto y técnico, la defraudación aduanera y algunas modalidades de evasión fiscal y blanqueo de capitales relacionadas con el contrabando (en adelante las ¿Conductas Perseguidas¿).
Tales disposiciones normativas están contenidas en el proyecto de ley ¿por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar la competencia desleal derivada de operaciones ilegales de comercio exterior, comercio interno, lavado de activos y evasión fiscal¿ (en adelante el ¿proyecto de ley¿), del cual este anexo es la parte motiva.
Esta Exposición de Motivos está estructurada de la siguiente forma:
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Resumen y estructura del documento.
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Objetivos del proyecto de ley.
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Planteamiento del problema.
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Soluciones frente al problema.
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Explicación de cada uno de los capítulos y de algunas normas contenidas en el proyecto de ley, y
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Reflexiones finales.
2. Objetivos del proyecto de ley
El proyecto de ley tiene dos tipos de objetivos: los inmediatos y los mediatos. Los objetivos inmediatos son:
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Generar nuevas herramientas para fortalecer la capacidad institucional del Estado para castigar el contrabando abierto y el contrabando técnico, que se realice en el marco de operaciones de comercio exterior;
ii) Generar nuevas herramientas para fortalecer la capacidad institucional del Estado para castigar la defraudación aduanera, que se realice en el marco de operaciones de comercio exterior;
iii) Generar nuevas herramientas para castigar la evasión del impuesto al consumo, en vista de la conexidad de dicha forma de evasión con las actividades de contrabando, defraudación aduanera y competencia desleal; y
iv) Consagrar normas tendientes a fortalecer la articulación interinstitucional necesaria para hacer frente al comercio delictivo y a la competencia desleal.
Los objetivos mediatos son:
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Proteger a los productores y comerciantes nacionales de la competencia desleal;
ii) Garantizar reglas de juego claras y equitativas para los distintos actores privados y públicos que participan como competidores en el mercado nacional; y
iii) Atacar algunos de los instrumentos y prácticas más importantes que por medio del comercio delictivo y la competencia desleal contribuyen a la financiación del lavado de activos, del terrorismo y del crimen organizado.
3. Planteamiento del problema
Las Conductas Perseguidas tienen en jaque al sector privado y al Estado colombiano.
El sector privado sufre una grave afectación al verse en la obligación de competir en condiciones inequitativas contra importadores y comercializadores que evaden el pago de los impuestos y aranceles que los competidores legales sí pagan, lo cual los hace poco competitivos con relación a los precios de mercado que están en capacidad de ofrecer al consumidor final. Estas diferencias en materia de competitividad, cuando no son debidamente prevenidas por el Estado, generan incentivos perversos para los comerciantes ilegales, los cuales aceleran e incrementan la realización de acciones ilícitas tendientes a elevar sus utilidades.
En lo referente al sector público, la afectación al Estado colombiano se da en dos niveles: el nacional y el territorial. Por un lado, la nación deja de recibir cada año importantes recursos que deberían entrar a sus arcas por medio del recaudo de aranceles, impuesto de valor agregado e impuesto a la renta. Por su lado, las entidades territoriales dejan de recibir cada año recursos muy significativos, los cuales deberían percibir por medio del recaudo del impuesto al consumo sobre productos tales como cigarrillos y licores.
Todo lo anterior, resulta mucho más grave al considerar que el fruto de las actividades de contrabando abierto y técnico, defraudación aduanera y evasión fiscal (por su conexidad con el contrabando), es utilizado por las estructuras del crimen organizado, tales como bandas criminales, organizaciones guerrilleras, narcotraficantes y de sicariato, para lavar activos, financiar acciones terroristas y patrocinar todo tipo de conductas delictivas, las cuales atentan contra la ciudadanía y el orden público.
Por lo expuesto, las conductas que el proyecto de ley busca atacar y las herramientas que por él se crean, deben ser consideradas como un objetivo de interés nacional. Así lo ha reconocido recientemente el Gobierno en sesión del 1° de abril de 2013 del Consejo Superior de Comercio Exterior, al adoptar una serie de recomendaciones de vital importancia para avanzar en la lucha contra el Comercio Delictivo[1][1].
A continuación se profundiza este análisis en dos niveles: (3.1) problemática general y (3.2.) problemáticas especiales.
3.1. Problemática general
Las Conductas Perseguidas se configuran debido a la conjunción de una serie de causas tales como: una cultura pública y privada laxa frente a la ilegalidad; la presencia de intereses económicos de organizaciones delictivas de diversa tipología y alcance en zonas de frontera y a lo largo y ancho del territorio nacional; las posibilidades de tener un lucro fácil; y la ausencia de oportunidades.
La presencia de esos factores, aunada a la existencia de reglas especiales para el comercio transfronterizo mal diseñadas, la existencia de un régimen aduanero especial, la ausencia de presencia estatal en ciertos puntos de alto riesgo, la connivencia de algunos funcionarios públicos con las organizaciones delincuenciales involucradas con estas actividades, y la insuficiente capacidad de control tributario de las entidades del nivel central y territorial, incentivan su perpetración, en vista del lucro fácil y la impunidad que puede beneficiar a sus autores.
La magnitud del impacto ocasionado por la configuración de las Conductas Perseguidas sobre el recaudo aduanero y el fiscal, o sobre la competitividad de los empresarios legales es difícil de medir debido a la naturaleza ilegal de las conductas y a la ausencia de datos oficiales. Sin embargo, el impacto sobre la sociedad como un todo orgánico es palpable y se expresa por diversos medios. En el numeral 3.1.2. se desarrolla esta materia.
Finalmente, la consumación y repetición de las Conductas Perseguidas de forma sistemática, se facilita por la ausencia de estrategias integrales del Estado para la lucha contra ellas, así como por su excesiva debilidad institucional en los niveles nacional y regional.
Las causas referidas se explican más detalladamente en el numeral 3.1.1. Después se presenta una reflexión sobre la magnitud y las consecuencias del problema en el numeral 3.1.2. Posteriormente se presenta en el numeral 3.1.3 un análisis de la ausencia de políticas integrales para combatir las Conductas Perseguidas.
3.1.1. Causas
Las causas que explican la ocurrencia de las Conductas Perseguidas son fuerzas motoras de la ilegalidad, que sin ser atacadas o prevenidas por medio de una acción integral del Estado, difícilmente podrán extirparse.
En esa medida, el proyecto de ley es simplemente una parte de lo que debería ser visto como una estrategia integral del Estado en la lucha contra las Conductas Perseguidas, pero no suplanta la necesidad imperiosa de que el Estado colombiano defina una estrategia integral contra el contrabando, la defraudación aduanera y la evasión fiscal, a través de líneas de acción estratégicas que ataquen la enfermedad de raíz y no sólo sus síntomas más visibles.
Un primer paso en esta dirección lo dio el Gobierno Nacional por medio de las recomendaciones formuladas por el Consejo Superior de Comercio Exterior en sesión del 1° de abril de 2013, atendiendo a las propuestas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, del Programa de Transformación Productiva y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Para efectos de esta Exposición de Motivos, haremos un recuento breve de las principales causas que originan las Conductas Perseguidas.
3.1.1.1. Ausencia de oportunidades
Una de las principales causas que origina la configuración de las Conductas Perseguidas, así como la configuración de la mayoría de las actividades consideradas ilícitas por la legislación nacional, es la ausencia de oportunidades de los ciudadanos. Una ciudadanía bien educada, con acceso al trabajo, que pueda competir en igualdad de condiciones, sin distingo de raza, clase social, edad o género, tendrá pocos incentivos para abandonar la posibilidad de tener una vida tranquila, estable, productiva y constructiva, fruto del propio trabajo y la dignidad personal.
Desafortunadamente, en muchos lugares del territorio nacional, la ciudadanía carece de suficientes oportunidades de educación y de trabajo, lo cual en muchas ocasiones, la empuja hacia el abismo de la ilegalidad. Para algunos ciudadanos, el olvido estatal, la falta de capacidades, la existencia de una red de dominación controlada por fuerzas oscuras de las que difícilmente pueden escapar, son razones más que suficientes para engranarse con organizaciones delincuenciales y perpetrar conductas antijurídicas.
3.1.1.2. Cultura laxa frente a la ilegalidad
La ausencia de oportunidades está directamente relacionada con la segunda causa de las Conductas Perseguidas; esto es, la existencia de una cultura laxa frente a la...
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