Proyecto de ley 036 de 2010 cámara
PROYECTO DE LEY 036 DE 2010 CÁMARA. por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011
PROYECTO DE LEY NÚMERO 036 DE 2010 CÁMARA
DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2011:
¿HACIA LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA¿
CONTENIDO
PRIMERA PARTE
MENSAJE PRESIDENCIAL
ANEXO AL MENSAJE PRESIDENCIAL
EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA 2011
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PGN 2011
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RESUMEN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 2011
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO 2011
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RESUMEN HOMOLOGADO PRESUPUESTO NACIÓN Y PLAN FINANCIERO 2011
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PANORAMA PRESUPUESTAL 2009
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PANORAMA PRESUPUESTAL 2010
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EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES QUE AUTORIZARON LA CREACIÓN DE RENTAS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
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PRINCIPALES BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ¿IVA¿ AÑO GRAVABLE 2009
SEGUNDA PARTE
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2011
ANEXO DE GASTO SOCIAL DEL PGN 2011
DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DE INGRESOS PGN 2011
MENSAJE PRESIDENCIAL
PROYECTO DEPRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2011
MENSAJE PRESIDENCIAL 2011
HACIA LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
De acuerdo con las disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Gobierno Nacional presenta al honorable Congreso de la República el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2011[1][1]. Esta es una de las iniciativas más importantes que cada año el Ejecutivo somete a consideración de esa Alta Corporación y al escrutinio de los ciudadanos. En ella se materializa una parte sustancial del programa de Gobierno y se recoge su propuesta de política para retomar la senda de crecimiento que se traía con anterioridad a la crisis financiera internacional.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2011 asciende a $147,3 billones, de los cuales $134,5 billones se financian con recursos de la Nación y $12,8 billones, con recursos propios de las entidades que hacen parte del PGN. Este proyecto de presupuesto incluye recursos para culminar la ejecución de programas iniciados por la administración que termina y para financiar otras iniciativas respaldadas mediante vigencias futuras, cuya ejecución se realizará en el curso de la nueva administración.
La formulación del presupuesto se ha realizado con una cuidadosa priorización del gasto, privilegiando el gasto social, como lo ordena la Constitución y protegiendo la inversión pública, dentro de las disponibilidades fiscales de la Nación. Su contenido refleja el esfuerzo del Gobierno Nacional para garantizar el espacio fiscal necesario que permita financiar la ejecución de proyectos de inversión y asegurar la continuidad de programas económicos y sociales prioritarios, que contribuyan al crecimiento económico, al mejoramiento de las condiciones de vida y a la cohesión social de nuestros compatriotas.
La programación le ha concedido especial atención al cumplimiento de tres objetivos fundamentales que le propusimos a los colombianos desde nuestra primera administración: fortalecimiento de la confianza inversionista y la competitividad; consolidación de la política de defensa y seguridad democrática y profundización de la política social para superar la pobreza y mejorar las condiciones de equidad.
El Gobierno Nacional considera que el retiro gradual del estímulo fiscal permitirá el espacio adecuado de recuperación al sector privado para que lidere la recuperación económica después de la crisis internacional. La política contracíclica dio resultados exitosos, como ha sido reconocido a nivel nacional e internacional y como lo muestran las estadísticas que miden el desempeño de diferentes indicadores macroeconómicos; no tendrá la misma intensidad de la que adoptamos en 2009. Consideramos fiscalmente inconveniente que el Gobierno mantenga su intervención en niveles similares a los que tuvo en 2009 y 2010, la cual, de todas maneras, continuará siendo importante macroeconómicamente y complementaria de la participación privada.
La programación del presupuesto de 2011 restringe en la medida de lo posible las asignaciones para atender los denominados gastos de funcionamiento, sin afectar aquellas relacionadas con pensiones y Sistema General de Participaciones Territoriales (SGP); cumple con lo dispuesto por la Corte Constitucional en materia de incremento salarial para los servidores públicos y garantiza una atención eficiente a los usuarios por parte de las entidades públicas.
No obstante, se mantendrá el énfasis en programas de infraestructura, así como en programas sociales, atención a los desplazados y de apoyo productivo. Vale la pena señalar que de la misma forma que se hizo para el presupuesto vigente, la formulación del próximo también contempla la inclusión de la totalidad del recaudo de los ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales. Entidades como el SENA y el ICBF deben continuar ejecutando a plena capacidad los programas de impacto social bajo su responsabilidad, que en las actuales circunstancias son requeridos con urgencia por la economía y la sociedad, como los relacionados con la formación profesional integral para mejorar la calificación de la mano de obra y aumentar su competitividad en el mercado de trabajo y los de alimentación complementaria al adulto mayor y de atención a la infancia, entre otros.
Este esfuerzo en el gasto social no implica un debilitamiento de la financiación de la política de defensa y seguridad democrática. Por el contrario, con el inestimable apoyo del Congreso de la República a finales de 2009 se aprobó la extensión del impuesto al patrimonio para el periodo 2011-2014[2][2], lo que asegura la generación de recursos tributarios que le permitirán a la Nación contar con espacio fiscal para financiar la política de seguridad democrática, así como otros programas de interés social.
Hemos expresado que el cambio de tendencia en las cuentas fiscales en estos últimos años, respecto a lo observado hasta 2008, constituye un fenómeno transitorio. Nos reafirmamos ahora en esta apreciación. Una vez se consolide el proceso de expansión económica iniciado en el cuarto trimestre de 2009 y primero del presente año, las cifras fiscales retomarán la misma dirección y el nivel del déficit se reducirá significativamente[3][3].
Esta ha sido precisamente la postura del nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo que el pasado mes de junio presentamos a consideración de las Comisiones Económicas del Órgano Legislativo. Una postura fiscalmente responsable del Gobierno, que fue enmarcada con una propuesta de ¿regla fiscal¿, la cual tiene como objetivo la disciplina fiscal en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas como un derecho de todos lo colombianos. Esta propuesta, seguramente va a requerir la adopción de las medidas y ajustes necesarios para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo y permitir una reducción gradual de la deuda en cabeza del Gobierno Central y, de paso, el fortalecimiento de la iniciativa privada.
Se ha buscado implementar una política fiscal basada en la sostenibilidad de las finanzas públicas y en la generación de condiciones adecuadas para apoyar el crecimiento económico y la generación de empleo, en un contexto de estabilidad macroeconómica. El Gobierno considera que se han creado, y existen, las condiciones mínimas para que el sector privado reasuma sus responsabilidades como motor del crecimiento económico en donde la inversión pública será complementaria y no sustitutiva de la privada.
Las proyecciones macroeconómicas realizadas como parte del MFMP muestran que esto es posible. A pesar de la existencia de algunos factores de incertidumbre, en especial relacionados con la capacidad de diferentes países europeos para atender su deuda pública y la velocidad de la recuperación de la economía de los Estados Unidos, las perspectivas de la economía mundial son positivas y se prevé que la de Colombia retorne en el mediano plazo a niveles de crecimiento similares a los de su potencial.
1.ENTORNO MACROECONÓMICO
Durante el período 2002-2007 la economía colombiana se caracterizó por un crecimiento promedio del PIB del 5.0%, nivel superior al promedio histórico del país. El motor del crecimiento en este periodo fue la demanda interna, impulsada principalmente por la expansión que vivió el sector privado, tanto a nivel de los hogares como de las empresas. Esto se reflejó en un avance en las tasas de inversión y ahorro, las cuales ascendieron a niveles del 23.4% y 21.4% del PIB respectivamente[4][4], superando las de otras economías de la región. Entre otros factores, el país aprovechó el entorno externo favorable que le proporcionaba el crecimiento económico mundial y su efecto positivo en los términos de intercambio, así como el ambiente favorable de una política económica seria y responsable, sintonizada con el apoyo al crecimiento, a la reducción de las desigualdades sociales y a la consolidación de la defensa y la seguridad.
Ese dinamismo en gran medida fue resultado de la confianza inversionista y la política de seguridad que esta administración logró para el país. El modelo propuesto por el Estado Comunitario ha sido determinante para generar un clima adecuado para el crecimiento y la inversión. La inversión privada también se ha visto beneficiada por mejores condiciones en materia de infraestructura, comunicaciones, tecnologías de información y redes de transporte propiciadas por el Gobierno a través del presupuesto público y la participación privada.
El giro experimentado por la economía mundial como consecuencia de la profundización de la crisis financiera internacional a partir de septiembre de 2008, luego de la declaratoria de la quiebra de Lehman Brothers y los efectos reales que trajo...
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