Proyecto de ley 99 de 2010 senado
PROYECTO DE LEY 99 DE 2010 SENADO. ¿Techo digno y ciudades justas para todos¿.
Bogotá, D. C., 19 de agosto de 2010
INTRODUCCIÓN
Resultó frustrante para los centenares de miles de compatriotas que esperan un techo digno, que en este Honorable Congreso de la República en la legislatura anterior, ni siquiera se radicara ponencia sobre el proyecto ¿Techo Digno y Ciudades Justas para Todos¿ radicado por el suscrito cuando me desempeñaba como Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Comoquiera que resulta inaplazable que se aborde integralmente la materia compleja a la que se refiere el proyecto y que en otras comisiones se tramitan las facultades al ejecutivo para escindir el actual Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y fortalecer la gestión institucional del Estado en materia de techo digno y ciudades justas, en mi condición de Senador de la República, procedo a presentar el mismo proyecto que radiqué como Ministro.
¿Qué sentido tendría escindir el Ministerio si no se cuenta con herramientas adecuadas para asegurar el éxito de su gestión?
La discusión debe abordarse sin dogmatismos, ni terquedad y debe consultar también las orientaciones de políticas públicas definidas desde el Gobierno. Lo que en su sabiduría, este honorable Congreso considere relevante, útil, necesario, que sea aprobado e incorporado al marco legal. Y lo que deba ser eliminado o modificado que se elimine o modifique. Pero que la urgencia de techo de nuestros compatriotas más desvalidos, no siga recibiendo como respuesta el silencio de los anaqueles de archivo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente ley tiene como principal motivación acabar con el déficit estructural de vivienda en Colombia. Así como los colombianos consideran inaceptable que los niños no puedan ir a la escuela o que los más vulnerables no puedan acceder a la salud, esta ley parte del principio de que todos, en el país, deben tener los instrumentos para acceder a un techo digno. Creemos que le ha llegado con este proyecto, la hora definitiva a la vivienda social en Colombia. Lo sometemos a la consideración del Congreso, con el anhelo de remontar décadas de exclusiones, privaciones, sufrimientos y dolor del pueblo colombiano por causa de la falta de techo. Este es el llamado de nuestra historia para que de una vez y para siempre, avancemos con firmeza en la provisión de herramientas jurídicas y financieras para solucionar estos problemas.
Al radicar esta ley, pensamos en los miles de colombianos que nunca han accedido a un subsidio, en quienes perdieron sus viviendas por cuenta del Upac, en quienes deambulan de inquilinato en inquilinato buscando un refugio para sus hijos menores de edad, en quienes, con el Cristo en la boca, confían en que su maltrecha vivienda no se desplome sobre sus existencias, en las víctimas de desalojos irregulares y expulsiones a la fuerza, en quienes están condenados a vivir en los peladeros de riesgo ante la imposibilidad de alcanzar un techo digno, en las víctimas de los urbanizadores piratas, de los corruptos y avivatos que trafican con las ilusiones de la gente. Pensamos en las miles de personas que no tienen asegurado su techo para la noche siguiente. En los niños embutidos en cajas de fósforos, en las niñas arriesgando su inocencia y su intimidad, obligadas a dormir en el mismo colchón con algún adulto borracho. En fin, pensamos en la galería de las infamias que deben ser remontadas.
Pero pensamos, también, con optimismo en el futuro, con la certeza de que esta ley brindará herramientas sólidas y confiables para superar esta situación. Por eso, precisamente, es que emprendemos esta compleja travesía legislativa, con un articulado extenso, enjundioso, integral, cargado de fraternidad social, de urgencia de patria y de confianza en los buenos constructores de Colombia. Emprendemos el camino con la confianza que derivamos del promisorio arranque en la aplicación de figuras de vigencia transitoria contempladas en el Plan de Desarrollo, como los macroproyectos, y con los aprendizajes acumulados al paso que fuimos depurando y consolidando instrumentos que empiezan a demostrar su eficacia para garantizar la complementariedad entre el subsidio, el crédito y el estímulo a la oferta de vivienda.
En los últimos 2 años hemos multiplicado casi por cinco el presupuesto de vivienda, con el apoyo del Congreso. Rescatamos el Fondo Nacional de Ahorro, para convertirlo en una fuerte herramienta de colocación de cartera hipotecaria popular. Consolidamos los acuerdos de colocación de cartera hipotecaria popular por más de 5 billones con el sistema financiero. Defendimos con ahínco los estímulos tributarios orientados a la vivienda social y al sector de la construcción. Innovamos con los macroproyectos. Trabajamos con los alcaldes y gobernadores. Conseguimos cooperación institucional. Nos recorrimos el país buscando buenos lotes e impulsando buenos proyectos. Fortalecimos el accionar de las Cajas de Compensación Familiar. Acatamos los mandatos de la honorable Corte Constitucional e incrementamos presupuestal e institucionalmente el accionar del Estado para atender a la población desplazada. Abrimos y adjudicamos nuevas bolsas de esfuerzo territorial para los municipios pequeños y las ciudades intermedias, así como las bolsas orientadas a las ciudades de mayor tamaño. Acompañamos con solidaridad plena al sector constructor en su trasegar. Defendimos los derechos de las víctimas de abusos. Denunciamos penalmente a quienes defraudaron a las gentes más humildes. Depuramos los sistemas de control para asegurar que los subsidios de vivienda lleguen a los más pobres y para evitar que se aprueben proyectos fraudulentos o riesgosos. Enfrentamos carteles de corrupción y de ineficiencia. Modernizamos la legislación en materia de titulación y de saneamiento de la propiedad con el apoyo del Congreso. Le apostamos a la vivienda saludable. Le apostamos a ciudades amables con suficiente espacio público para que los niños del estrato 1 tengan los mismos derechos al disfrute de su infancia, al aire libre, que los niños del estrato 6. En fin. Nos hemos roto la espalda para procurar mejores condiciones de vida a nuestros compatriotas. Pero todo lo anterior aún es insuficiente y para saltar los umbrales definitivos de acceso a la vivienda requerimos de la aprobación de esta ley.
También es uno de los objetivos base de la presente norma, propender por la democratización del crédito; ello significa que las posibilidades de financiación, en particular cuando se trata del ejercicio del derecho constitucional a la adquisición de una vivienda digna deben estar al alcance de todas las personas, aun las de escasos recursos. Creando novedosas figuras que masifiquen el crédito popular, es por lo anterior que el subsidio tendrá un doble fin, asegurar que la familia acceda a los recursos necesarios para comprar la vivienda y que el subsidio sea un instrumento que afiance el pago de las cuotas del crédito sin amenazar la sostenibilidad de la familia.
Establece el principio de leal colaboración entre entidades públicas para garantizar ¿techo digno y ciudades justas para todos¿, sinergia que permita generar un hábitat adecuado, que mejore la calidad de vida de los colombianos, partiendo de la base que las regulaciones urbanísticas y de vivienda cumplen una función social y ecológica, pues tienen como propósito la ordenación y planificación del desarrollo urbano, el crecimiento armónico de las ciudades, el cumplimiento del mandato constitucional de acceso a una vivienda digna y demás políticas encaminadas a garantizar estándares de vida adecuados para los habitantes de nuestros municipios, acompañado de un hábitat que se ajuste a las necesidades de todos y cada uno en calidad, movilidad, seguridad, equipamiento, entre otros.
El desarrollo urbano y territorial y las políticas de vivienda se deben constituir así en actividades coordinadas del Gobierno y las comunidades de los municipios, dirigidas a planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación del proceso de urbanización de acuerdo al desarrollo socioeconómico del municipio, todo enmarcado dentro de un orden jurídico establecido. Una adecuada política en materia de desarrollo urbano y acceso a la vivienda es decisiva para la adecuada planificación de las áreas urbanas menos desarrolladas. Es por ello que el Estado debe promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir que los propósitos antes descritos se conviertan en letra muerta.
En materia de desarrollo urbano tres principios constitucionales han pasado a orientar el ordenamiento del territorio: la noción de la propiedad ha trascendido de un simple derecho hasta ser reconocida su función social y ecológica, principio coherente con el del reparto equitativo de cargas y beneficios y el de primacía del interés general sobre el particular en los asuntos inherentes al desarrollo urbano.
Es así como en materia de urbanismo se parte del hecho evidente de que el Estado, en especial las autoridades locales, tiene un papel estelar y sustancial para la satisfacción de los intereses generales, sustentadores de los derechos colectivos e intereses comprometidos en su objeto, para lo cual se reconocen facultades y poderes de ordenación de carácter económico interventor bajo razones de equidad social e intervención sobre todos los factores incidentes en la realización plena de los propósitos de convivencia equilibrada y ponderada en el territorio. Esto se concreta en materias como la intervención sobre la propiedad, las actividades particulares a través de la exigencia previa de licencias y permisos, la acción pública y la planeación, la enajenación forzosa en pública subasta, la enajenación voluntaria y expropiación judicial o administrativa y la imposición de sanciones urbanísticas a los...
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